Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 11/1992, de 24 de noviembre, de ordenación del territorio.

TÍTULO I.
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL TERRITORIO.

CAPÍTULO I.
DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 9.

La ordenación del territorio aragonés se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos específicos:

  1. Directrices Generales de Ordenación Territorial.

  2. Directrices Parciales de Ordenación Territorial.

  3. Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial.

  4. Procedimientos de Gestión Coordinada.

Artículo 10.

1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial son el instrumento básico de ordenación conjunta e integrada de la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón.

2. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial tienen por finalidad la determinación de las previsiones que se consideran necesarias para alcanzar los objetivos generales que se definen en el artículo 2. El contenido de dichas Directrices habrá de ser respetado en los restantes instrumentos de ordenación y vinculará igualmente al planeamiento urbanístico.

3. Estas directrices, constituirán, asimismo, el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y aplicación de las políticas sectoriales de las restantes administraciones públicas, con especial incidencia en aquellas materias en que la Administración autonómica tenga atribuidas las competencias.

Artículo 11.

1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial son instrumentos de desarrollo de las Directrices Generales, a las que se ajustarán; podrán ser Directrices de Ámbito Territorial, referidas a partes determinadas del territorio aragonés, o Directrices Sectoriales, referidas a aspectos concretos y específicos comprendidos entre los objetivos fundamentales recogidos en el artículo 2 de esta Ley.

2. Las Directrices Parciales de Ámbito Territorial tienen por finalidad la ordenación de áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o funcionales que, por las circunstancias específicas que en ellas concurran, precisen de una ordenación singular en este ámbito.

3. Las Directrices Parciales de carácter sectorial tienen por finalidad la ordenación de aspectos con incidencia sobre la estructura territorial, tales como la protección del medio natural, la utilización de los recursos naturales, el fomento de las actividades agrarias o industriales, la adecuada distribución en el territorio de los equipamientos culturales, sanitarios o deportivos, la coordinación de servicios supramunicipales, la mejora de la vivienda o cualesquiera otros análogos, o aspectos parciales o singulares comprendidos en los anteriores.

4. Podrán elaborarse Directrices Parciales de carácter sectorial con ámbito regional, comarcal o subcomarcal.

5. Las directrices de carácter sectorial regularán, en su caso, el planeamiento, proyección, ejecución y gestión de los grandes sistemas de infraestructuras, equipamientos y servicios de su ámbito, a fin de que las distintas administraciones públicas actuantes en el territorio de Aragón conozcan una programación previa que responda a las estrategias establecidas en ellas.

Artículo 12.

1. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial son instrumentos de ejecución de las previsiones contenidas en las Directrices Parciales de Ordenación Territorial, mediante la definición de las actuaciones concretas a realizar en un determinado ámbito territorial, sector o sectores y período de tiempo, así como de la forma de financiación y organización de las mismas.

2. Tienen por finalidad determinar el momento o al menos el orden de ejecución de todas o parte de las previsiones contenidas en las Directrices Parciales, en condiciones que aseguren su viabilidad y efectiva realización.

3. Excepcionalmente, los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial podrán ejecutar directamente previsiones contenidas en las Directrices Generales de Ordenación Territorial cuando éstas contengan especificaciones suficientes o cuando concurran razones de interés público debidamente justificadas.

Artículo 13.

1. Los procedimientos de gestión coordinada son instrumentos de coordinación, en un ámbito territorial específico, de la gestión de órganos de diferentes administraciones públicas en actuaciones con incidencia sobre la estructura territorial de Aragón o de sus áreas geográficas supramunicipales de características homogéneas o funcionales, así como de coordinación de decisiones administrativas sectoriales, con incidencia territorial, tendentes al desarrollo socioeconómico o a la protección del medio natural y del patrimonio cultural.

2. Con objeto de permitir la coordinación en contenido y plazos de las distintas intervenciones y procedimientos administrativos que inciden sobre los usos, actividades y proyectos que transforman el territorio, las administraciones públicas podrán establecer convenios para la utilización de procedimientos de gestión coordinada capaces de ordenar las intervenciones de las distintas administraciones en la tramitación de expedientes y resoluciones, o dirigidos a la mejor gestión de infraestructuras.

3. Cuando se deba resolver sobre proyectos, acciones, autorizaciones o licencias que afecten a un territorio y que incidan de forma sustancial sobre sistemas estructurales y hayan sido considerados como de trascendencia supramunicipal de manera expresa en las directrices o en la Ley, se establecerán estos procedimientos mediante convenio.

4. Los Procedimientos de Gestión Coordinada deberán ser utilizados para la autorización de usos del suelo mediante actuaciones de interés social, con independencia de los procedimientos regulados en la legislación urbanística, en la forma en que ello sea permitido por las Directrices de Ordenación Territorial, dentro del respeto a la normativa sectorial.

5 . Los Procedimientos de Gestión Coordinada deberán ser utilizados en las decisiones de gestión que sean tomadas por ayuntamientos, mancomunidades y otros órganos supramunicipales en desarrollo de las delegaciones de competencias que puedan hacérseles en materias de contenido urbanístico o medioambiental.

Artículo 14.

1. En los instrumentos de ordenación del territorio de Aragón se distinguirán con precisión aquellos de sus contenidos que tengan carácter de determinaciones vinculantes de ordenación territorial de aquellos otros que posean solamente naturaleza de directriz orientativa.

2. Las determinaciones vinculantes serán de estricta observancia y aplicación, obligando a particulares y administraciones públicas a su cumplimiento. Las directrices orientativas sólo deberán ser tenidas en cuenta por las administraciones públicas en la configuración de sus propias políticas de incidencia territorial.

3. Tendrán en todo caso naturaleza de determinaciones vinculantes de ordenación:

  1. Las medidas que comporten clasificación directa del suelo no urbanizable o reclasificación del mismo, clasificado en origen como urbanizable no programado o apto para urbanizar.

  2. Las medidas que se deriven de disposiciones sobre protección del medio ambiente.

  3. Aquellas que impongan clasificaciones urbanísticas, concretas y delimitadas justificadas en orden al interés supramunicipal.

Artículo 15.

1. Los instrumentos de ordenación del territorio deberán contener un análisis de los efectos que las actuaciones previstas hayan de producir, tanto en el medio económico y social como en el medio ambiente natural; encaminado a prever, valorar y adecuar la posible incidencia que aquéllas hayan de tener sobre un ámbito espacial determinado.

2. Los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley contendrán, además, los documentos gráficos y escritos que sean necesarios para reflejar sus contenidos respectivos.

Artículo 16.

1. La Diputación General, a propuesta del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio y oídas las corporaciones locales afectadas, trámites que habrán de evacuarse en un plazo máximo de dos meses desde su propuesta, podrá acordar la suspensión parcial de las Directrices Parciales de Ordenación Territorial o la suspensión total o parcial de los Programas Específicos de Gestión o Actuación Territorial o de los Procedimientos de Gestión Coordinada, a fin de proceder a la revisión o modificación de cualquiera de estos instrumentos o a la elaboración de uno nuevo que lo sustituya.

2. Con la finalidad expuesta en el apartado anterior, podrá suspenderse la vigencia de los instrumentos de ordenación regulados por la legislación urbanística, a través de igual procedimiento, en el mismo plazo de dos meses.

3. El acuerdo en que se adopte la suspensión expresará claramente su alcance y ámbito de aplicación.

4. En cualquiera de los dos supuestos contemplados en este precepto, la suspensión no podrá exceder del plazo de dos años y, en todo caso, se extinguirá con la aprobación del nuevo instrumento de ordenación o gestión del territorio.

No será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurran cinco años, contados a partir del término de la suspensión.

5. El acuerdo de suspensión se publicará en el Boletín Oficial de Aragón y en uno de los diarios de mayor difusión de la provincia o provincias afectadas y se comunicará a las corporaciones locales interesadas.

6. Asimismo, podrá acordarse por la Diputación General, a propuesta del Consejero de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, que durante la tramitación del expediente de aprobación o revisión de cualquiera de los instrumentos de ordenación a que esta Ley se refiere, de forma cautelar e inmediata, se suspenda la aplicación de los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, en cuanto puedan afectar a las Directrices de Ordenación Territorial, dificultando o impidiendo la consecución de sus objetivos.

Tal acuerdo especificará el alcance de la suspensión, y permitirá la excepción de los actos concretos de aplicación de los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística de que se trate cuando el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes informe, en el plazo de un mes, que la directriz o programa cuya aprobación o revisión se esté elaborando no se verá afectado negativamente por ello.

En ningún caso esta suspensión cautelar, que se someterá a la publicidad prevista en el apartado 5 de este artículo, y que se extinguirá con la revisión o aprobación del nuevo instrumento de ordenación del territorio, podrá tener una duración superior a seis meses.

Adoptado el acuerdo de suspensión cautelar, vendrán referidos al mismo los plazos máximos de suspensión.

No será posible acordar nuevas suspensiones en la misma zona por idéntica finalidad hasta que transcurran cinco años, contados a partir del término de la suspensión.

CAPÍTULO II.
DIRECTRICES GENERALES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Artículo 17.

Las Directrices Generales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

  1. Descripción de los elementos que identifican la estructura del territorio aragonés, formulando un diagnóstico de los programas existentes en relación con la situación y evaluación de cada uno de los componentes de dicha estructura, y el modelo de ocupación del territorio.

  2. Señalamiento, a la vista de los problemas detectados en el diagnóstico, de las estrategias generales que, en función de los objetivos fundamentales definidos en esta Ley, sirvan de marco de referencia para coordinar las acciones con incidencia territorial que puedan tomar las diferentes administraciones públicas y otros agentes sociales y económicos que operen en la Comunidad Autónoma.

  3. Establecimiento de un sistema de información y conexión permanente entre las administraciones públicas, a fin de garantizar la disposición de los datos precisos para la elaboración de los instrumentos de ordenación del territorio y la coordinación de las diversas actuaciones de desarrollo de las Directrices de Ordenación Territorial, procurando la racionalización, simplificación y coherencia entre los respectivos procedimientos.

  4. Criterio general para la delimitación de espacios, elementos naturales y bienes culturales que es necesario conservar y proteger, en atención a factores ambientales, paisajísticos, ecológicos, socioculturales, histórico-artísticos, demográficos, económicos y otros análogos, pudiendo fijarse clasificaciones y calificaciones concretas de suelo en áreas determinadas y en distintos tipos de protección.

  5. Identificación de las circunstancias que implican la consideración de interés social de determinadas construcciones o usos del suelo, y precisión de las condiciones máximas de edificabilidad.

  6. Delimitación de las áreas geográficas objeto de protección especial y que deben quedar sustraídas al desarrollo de las actividades urbanas para ser destinadas a la preservación o explotación de los recursos naturales, atendiendo a los criterios anteriormente expuestos.

  7. Indicación, de entre las anteriores, de aquellas áreas que deben ser objeto de planes o programas específicos de protección de espacios naturales, con su correspondiente prelación.

  8. Enumeración de proyectos motores de la ordenación territorial, de grandes infraestructuras y de otros proyectos de inversión y dotación de equipamientos de interés general comunitario que puedan impulsar el desarrollo de Aragón y recuperar y proteger sus valores principales.

  9. Previsión de medidas de fomento dirigidas a facilitar el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

  10. Fijación de los criterios para la localización y ejecución de las infraestructuras y equipamientos de carácter comunitario, con indicación de su emplazamiento.

  11. Demostración de la viabilidad de las medidas previstas, mediante un estudio económico.

  12. Fijación de criterios para la adaptación de los instrumentos de ordenación vigentes que vayan a quedar afectados, con expresión, en su caso, del alcance y sentido de la afectación.

Artículo 18.

1. En la indicación de las áreas geográficas a que se refiere la determinación f) del artículo anterior se establecerán, como mínimo, las siguientes categorías:

  1. Áreas deprimidas, caracterizadas por ser territorios con nivel de renta comparativamente bajo, con tendencia a la despoblación o con problemas de estancamiento o de regresión económica; pueden subclasificarse en áreas rurales marginadas y áreas en declive industrial.

  2. Áreas en desarrollo, constituidas por aquellos territorios que se encuentren en fase de crecimiento y que conservan una cierta capacidad de desarrollo ordenado.

  3. Áreas congestionadas, formuladas por aquellos territorios en los que la densidad de población y de actividades generan desequilibrio y deseconomías de congestión y problemas crecientes de calidad de vida, de incompatibilidad de usos o de afección al medio natural o estén ya desequilibradas respecto de las dotaciones y equipamientos con que cuentan.

  4. Áreas especiales, constituidas por territorios en los que resulta aconsejable un desarrollo sectorial específico por su situación geográfica, como las áreas de montaña, o por su interdependencia supramunicipal, como las áreas metropolitanas, o por otras razones específicas.

2. La delimitación de las áreas homogéneas y funcionales de Aragón en las directrices generales se inspirará en el principio de voluntariedad de cada área geográfica homogénea supramunicipal en su integración en el proceso de ordenación territorial y se irá consolidando en un proceso continuo, al ritmo que imponga la voluntad de las administraciones públicas implicadas.

3. Esta delimitación servirá de base para el proceso de definición concreta de los límites geográficos de las áreas de gestión que se establecerán para el proyecto, construcción, explotación y conservación de diferentes servicios, actividades y equipamientos, teniendo en cuenta que los límites podrán ser diferentes para cada servicio, actividad o equipamiento, aun cuando debe tenderse hacia un proceso de aproximación de los distintos límites.

Artículo 19.

En la clasificación de espacios, elementos naturales y bienes culturales protegidos se diferenciarán tres formas de protección: Activa, pasiva y preventiva.

  1. La protección activa se reserva para aquellos espacios naturales, bienes naturales y económicos sometidos a protección específica en ejecución de la legislación sectorial correspondiente.

    Sobre estos ámbitos la acción de la ordenación territorial se reduce a su delimitación, quedando asignada su protección al Departamento competente en relación con la materia a proteger, que coordinará todas las actuaciones de la Administración autonómica en dicho ámbito.

    Esta actuación protectora activa podrá articularse a través de los correspondientes programas presupuestarios de las distintas administraciones públicas con competencia en la materia y de la iniciativa privada.

  2. La protección pasiva se aplicará a las áreas del territorio delimitadas por las directrices parciales de ordenación territorial en atención a sus valores urbanísticos, medioambientales, culturales o económicos.

    En este suelo de protección pasiva, todas las solicitudes de autorización de actividades u obras deberán incorporar un anexo que analice su impacto y medidas correctoras, en virtud de lo previsto en dicho análisis de impacto o de lo exigido por el organismo competente de la administración, a efectos de que la incidencia sobre el bien protegido o el medio natural sea la mínima posible.

    Para esta clase de suelo, con objeto de garantizar la recuperación de las posibles afecciones que pudieran causarse al bien protegido por defecto de las obras o actividades, así como para garantizar una adecuada conservación en el tiempo, se deberán aportar, en el trámite de autorización, las garantías económicas precisas, que se establecerán por las Directrices Generales o Parciales.

  3. Podrá, asimismo, establecerse en las Directrices de Ordenación Territorial otro grado de protección, la protección preventiva transitoria, en áreas genéricamente sensibles, que puede llegar a ser convertida en protección pasiva, o suprimida, al desarrollar los planeamientos de ámbito municipal, planes parciales o especiales, si en dichos documentos se incorporan análisis más precisos del impacto sobre el medio natural o sobre el entorno.

Artículo 20.

El procedimiento de elaboración de las Directrices Generales es el siguiente:

  1. Con la colaboración de los restantes Departamentos y administraciones públicas, corresponde al de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes la elaboración y formulación de un Avance de Directrices Generales, que contendrá todas las determinaciones previstas en el artículo 17 de esta Ley, así como la totalidad de los documentos precisos.

  2. Una vez confeccionado el Avance, se someterá a la consideración del Consejo de Ordenación del Territorio, así como de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón, de las tres Diputaciones Provinciales, de los Ayuntamientos aragoneses y de cuantas corporaciones, entidades y organismos se juzgue necesario en función de los intereses afectados, todos los cuales podrán formular alegaciones al Avance en un plazo de cuatro meses a contar desde la recepción del respectivo comunicado, en el que se contendrá la advertencia de que, transcurrido el mencionado plazo sin respuesta, se entenderá informado favorablemente.

  3. Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior y durante dos meses, el Avance será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de Aragón y en uno, al menos, de los periódicos de mayor difusión en cada una de las tres provincias.

  4. A la vista de las alegaciones formuladas en los trámites señalados y dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización de las consultas e información pública, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes procederá a la redacción del Proyecto de Directrices Generales, el cual previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación Territorial a emitir en un plazo de dos meses, se someterá a la Diputación General para su aprobación, con o sin modificaciones.

  5. En el supuesto de que las modificaciones introducidas en el Proyecto, respecto del contenido del Avance, se estimen sustanciales, se dispondrá una nueva consulta institucional, por un plazo de dos meses, transcurrido el cual se procederá en la forma indicada en el apartado anterior.

Artículo 21.

A partir de la entrada en vigor de las Directrices Generales de Ordenación Territorial, la Diputación General presentará anualmente a las Cortes de Aragón una memoria relativa al cumplimiento de las previsiones de estas Directrices Generales de Ordenación Territorial y a su desarrollo, en su caso, por otros de los instrumentos de ordenación del territorio regulados en esta Ley. En el supuesto de desarrollo, la memoria contendrá también información sobre la ejecución de los instrumentos formulados.

Artículo 22.

1. Las Directrices Generales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que en su propio texto se indique lo contrario.

2. Las Directrices Generales serán susceptibles de revisión o modificación por el procedimiento regulado en los artículos siguientes.

Artículo 23.

1. La revisión de las Directrices Generales de Ordenación Territorial se llevará a efecto cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

  1. Entrada en vigor de textos legislativos de superior jerarquía normativa que contradigan su contenido.

  2. Catástrofes naturales u otras circunstancias que produzcan graves alteraciones en el medio físico.

  3. Descubrimiento de materias que supongan una mayor riqueza natural y sean susceptibles de explotación económica.

  4. Transformaciones socioeconómicas especialmente referidas a sistemas de producción, o notoria alteración de recursos económicos.

  5. Transcurso de diez años desde la entrada en vigor de las Directrices Generales de Ordenación Territorial o, en su caso, del menor plazo que las propias Directrices establezcan.

2. La modificación sustancial de la composición de la Diputación General también podrá dar lugar por parte de ésta a una iniciativa de revisión de las Directrices Generales con objeto de adecuarlas a su nuevo programa de Gobierno.

3. El procedimiento de revisión será el mismo que el de su aprobación original.

Artículo 24.

Al margen de las circunstancias que imponen la revisión de las Directrices, éstas podrán, simplemente, ser modificadas. La modificación se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:

  1. La iniciativa corresponderá a la Diputación General, a propuesta del Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, de oficio o a instancia de cualquier administración pública afectada. El acuerdo de iniciativa precisará el alcance de la modificación y el ámbito territorial a que se refiere.

  2. Una vez elaborado por el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes el proyecto de modificación, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de Aragón y en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia o provincias a las que la modificación se refiera, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Diputación Provincial y Ayuntamientos directamente afectados.

  3. Con las alegaciones recibidas o, en su caso, una vez transcurrido el plazo de un mes sin haberse formulado alegación alguna, el propio Departamento elaborará el proyecto definitivo de modificación, el cual, previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio, emitido en el plazo máximo de un mes, se someterá a la Diputación General.

  4. Aprobado el Proyecto por la Diputación General, se remitirá a las Cortes de Aragón para su aprobación.

Artículo 25.

1. Salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Generales de Ordenación Territorial vincularán a las administraciones públicas y a los particulares.

2. En especial, las determinaciones de tales Directrices habrán de ser respetadas por:

  1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial y los Programas Específicos de Gestión o Actuación Territorial contemplados en la presente Ley.

  2. Todas las administraciones públicas actuantes en Aragón en aquellas materias en que la Comunidad Autónoma aragonesa tenga competencias.

  3. Los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística que se encuentren aprobados definitivamente a la entrada en vigor de las Directrices Generales, así como los instrumentos de ordenación que hubieran de aprobarse con posterioridad.

A estos efectos, en el plazo máximo de un año deberá promoverse la revisión de los instrumentos de ordenación definitivamente aprobados que resulten afectados.

3. No obstante lo dispuesto en la letra c) del apartado anterior, la elaboración y aprobación de las Directrices Generales deberá inspirarse en el principio de máximo respeto a las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación de la legislación urbanística, en la medida en que dicho principio sea compatible con el interés general comunitario.

CAPÍTULO III.
DIRECTRICES PARCIALES DE ORDENACIÓN TERRITORIAL.

Artículo 26.

1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

  1. Delimitación del área o sector material determinado objeto de las Directrices Parciales, con justificación de su ámbito o de su oportunidad en el caso de que éste no estuviera exactamente definido en las Directrices Generales con ese ámbito o prioridad.

  2. Señalamiento de sus objetivos de las estrategias principales que proponen para alcanzar estos objetivos.

  3. Indicación de las causas que pueden motivar su revisión o modificación, atendiendo a la aparición de necesidades no contempladas en ellas o circunstancias sobrevenidas que lo justifiquen.

  4. Concreción, de entre las previsiones contenidas en las Directrices Parciales, de aquellas que deban ser ejecutadas o gestionadas a través de Programas Específicos de Actuación Territorial o Procedimientos de Gestión Coordinada, estableciendo criterios de prioridad.

  5. Estudio económico de viabilidad de las medidas que vayan a ser ejecutadas o gestionadas en los primeros dos años por medio de programas específicos de actuación territorial o procedimientos de gestión coordinada.

2. Asimismo, atendiendo a las características y objetivos de las Directrices Parciales de ámbito territorial, podrán éstas contener, en su caso, las determinaciones siguientes:

  1. Diagnóstico del área considerada, especialmente en lo relativo a población, recursos naturales y productivos, medio natural, situación socioeconómica, planeamiento urbanístico vigente, modelo de ocupación del territorio y demás aspectos que se estimen de interés en atención a los objetivos perseguidos.

  2. Identificación de los elementos que configuran la estructura del territorio de ámbito supramunicipal que ordena la Directriz.

  3. Previsiones de desarrollo socioeconómico, con determinación de objetivos.

  4. Establecimiento de un sistema de información y conexión entre las administraciones públicas, con los objetivos perseguidos por las Directrices.

  5. Señalamiento de áreas de suelo y bienes culturales sometidos a medidas de protección activa, de áreas de suelo sometidas a medidas de protección pasiva y señalamiento de áreas de suelo sujetas a medidas de protección preventiva, por razones cautelares. El alcance de las medidas de protección establecidas en cada caso se fijará por las propias Directrices Parciales de Ordenación Territorial.

  6. Criterios para el uso del territorio, orientativos o vinculantes, para la fijación de clasificaciones y calificaciones concretas de suelo, o para la fijación de densidades y aprovechamientos urbanísticos homogéneos en áreas determinadas, en función de la consecución de los objetivos propios de la ordenación del territorio.

  7. Identificación de las circunstancias que implican la consideración de interés social de determinadas construcciones o usos del suelo y precisión de las condiciones para su edificabilidad en suelo no urbanizable no sometido a protección, siempre que se garantice su viabilidad técnica y económica a través de los oportunos proyectos, avales y programación temporal, a determinar en la propia Directriz Parcial.

  8. Definición de las áreas territoriales de uso agrícola o forestal de especial interés que es necesario conservar o ampliar.

  9. Enumeración de proyectos motores para el desarrollo socioeconómico.

  10. Emplazamiento de infraestructuras, equipamientos y servicios de especial interés para el área ordenada, con previsión, en su caso, de las oportunas compensaciones.

  11. Previsión de medidas de fomento dirigidas a facilitar el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

  12. Las demás que se estimen precisas en cada caso.

3. Las Directrices Sectoriales tendrán el desarrollo adecuado a sus objetivos sectoriales, pudiendo contener las determinaciones siguientes:

  1. Diagnóstico del sector o subsector, especialmente en lo relativo a sus efectos sobre la situación socioeconómica de las distintas áreas geográficas homogéneas supramunicipales o espacios y sobre el medio natural de Aragón, y en relación con la disponibilidad de suelo conforme al planeamiento urbanístico vigente.

  2. Identificación de la estructura del sector en el ámbito supramunicipal o regional, que ordena la Directriz.

  3. Medidas de reconversión, cuando se trate de un sector económico en crisis, potenciando la implantación de nuevas actividades económicas mediante los incentivos adecuados.

    A los efectos de la presente determinación, serán considerados sectores económicos en crisis los de la minería del carbón, la agricultura de montaña y la industria siderometalúrgica.

  4. Previsión de necesidades de suelo y de servicios e infraestructuras para el desarrollo del sector, y distribución conveniente de las mismas en el territorio que ordena la Directriz.

  5. Criterios orientativos o vinculantes para la fijación de calificaciones concretas de suelo, fijación de edificabilidades y densidades, tipologías y dimensiones adecuadas de la edificación, materiales adecuados u otros análogos, en función de las necesidades del sector y de los objetivos propios de la ordenación del territorio.

  6. Previsión de medidas de fomento dirigidas a facilitar el cumplimiento de los objetivos perseguidos.

  7. Las demás que se estimen precisas en cada caso.

Artículo 27.

1. Con la colaboración de los restantes Departamentos y administraciones públicas, corresponde al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes la elaboración y formulación de los Proyectos de Directrices Parciales de Ordenación Territorial, bien por su propia iniciativa, bien por orden de la Diputación General.

2. Las Directrices Parciales de Ámbito Territorial deberán también ser redactadas a instancia de las entidades locales incluidas en una de las áreas definidas por las Directrices Generales, siempre, en este último supuesto, que exista acuerdo de, al menos, dos tercios de los municipios afectados. Y que representen, como mínimo, los dos tercios de la población del área a ordenar.

3. Los Proyectos de Directrices Parciales de carácter sectorial podrán ser redactados asimismo por el Departamento competente en la materia.

4. Confeccionado el Proyecto, en cuya elaboración se tendrán en cuenta las previsiones y objetivos que se conozcan de las entidades locales afectadas, se someterá a la consideración del Consejo de Ordenación Territorial, de la Delegación del Gobierno en la Comunidad. Y de cuantas corporaciones, entidades y organismos se juzgue necesario, en función de los intereses afectados, todos los cuales podrán formular alegaciones al Proyecto en el plazo de dos meses, a contar desde la recepción del preceptivo comunicado, en el que se contendrá la advertencia de que, transcurrido el mencionado plazo, sin respuesta, se entenderá informado favorablemente.

5. Dentro del mismo plazo fijado en el apartado anterior, el Proyecto será sometido a información pública, mediante los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de Aragón y en uno de los periódicos de mayor difusión en la provincia o provincias afectadas.

6. A la vista de las alegaciones formuladas y dentro de los dos meses siguientes a la finalización de las consultas e información pública, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes procederá a la redacción del Proyecto definitivo de Directrices Parciales, el cual, previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio, emitido en el plazo máximo de un mes, se someterá a la Diputación General para su aprobación por medio de decreto.

7. En el supuesto de que se apreciaran por el Departamento o Consejo modificaciones sustanciales respecto del Proyecto sometido a consulta e información pública, se dispondrá la práctica de una nueva consulta institucional y pública por un plazo común de un mes, transcurrido el cual se procederá en la forma indicada en el apartado anterior.

Artículo 28.

1. Las Directrices Parciales de Ordenación Territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que en su propio texto se indique lo contrario.

2. La revisión de las Directrices Parciales, cuando proceda, se llevará a cabo por el procedimiento establecido en el artículo anterior para su aprobación.

3. Su modificación se llevará a cabo a través del siguiente procedimiento:

  1. La iniciativa corresponderá al Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, de oficio o a instancia de la corporación o corporaciones locales afectadas o del Departamento competente en materia sectorial. El acuerdo de iniciativa precisará el alcance de la modificación y el ámbito a que se refiere.

  2. Una vez elaborado el Proyecto de modificación, por acuerdo de la Dirección General correspondiente, se someterá a información pública por término de un mes, mediante los oportunos anuncios en el Boletín Oficial de Aragón y en uno de los periódicos de mayor circulación en la provincia o provincias a que la modificación se refiere, sin perjuicio de que, en atención a sus características, pueda someterse, además, a la consideración de la Delegación del Gobierno y de la corporación o corporaciones directamente afectadas.

  3. Con las alegaciones recibidas o, en su caso, una vez transcurrido el plazo de un mes sin haberse formulado alegación alguna, se elaborará el proyecto definitivo de modificación, el cual, previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio, se someterá a la Diputación General para su aprobación mediante decreto.

4. Se entenderá por modificación, a los efectos de aplicación del procedimiento abreviado a que se refiere el apartado anterior, cualquier alteración de las Directrices Parciales que no entrañe variación de la estructura territorial o sectorial en ellas definida o cambio de alguno de sus elementos esenciales.

5. La revisión o modificación de las Directrices Generales de Ordenación Territorial comportará la correlativa revisión o modificación de las Directrices Parciales concretamente afectadas.

Artículo 29.

1. A salvo lo dispuesto en el artículo 14 de esta Ley, las Directrices Parciales de Ordenación Territorial deberán ser respetadas por las administraciones públicas, los particulares, los Programas Específicos de Actuación Territorial y los instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística en los mismos términos contemplados para las Directrices Generales en el artículo 25 de la presente Ley.

2. Asimismo, la elaboración y la aprobación de las Directrices Parciales deberán inspirarse en el principio de máximo respeto a las determinaciones contenidas en los instrumentos de ordenación de la legislación urbanística, en la medida en que dicho principio sea compatible con los intereses contemplados en el ámbito de aquellas Directrices.

CAPÍTULO IV.
PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE GESTIÓN O ACTUACIÓN DE ÁMBITO TERRITORIAL.

Artículo 30.

Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial contendrán, como mínimo, las siguientes determinaciones:

  1. Delimitación del ámbito del Programa, tanto en su aspecto material como territorial, con justificación de su ámbito en el supuesto de que no se ajuste estrictamente al orden de prioridad establecido en las Directrices que, a través del Programa, tratan de ejecutarse.

  2. Enumeración y descripción técnica de las actuaciones que integran el contenido del Programa, con referencia a las obras a realizar y a los servicios a implantar, gestionar o explotar en cumplimiento de las previsiones contenidas en las Directrices que se ejecuten.

  3. Previsión de las medidas necesarias para garantizar la coherencia de las actuaciones o gestiones derivadas del Programa con las obras o servicios ya ejecutados o previstos por cualesquiera administraciones públicas.

  4. Señalamiento de los plazos en que habrán de desarrollarse las actuaciones a ejecutar y de los supuestos de prórroga en virtud de las oportunas actualizaciones o modificaciones.

  5. Elaboración de un estudio económico-financiero en el que se valoren las obras, servicios y actuaciones y se definan los recursos con los que se pretenden financiar.

  6. Previsión de un sistema de gestión, seguimiento y control del cumplimiento del Programa, con posibilidad de encomendar tales funciones a personas o entidades determinadas.

Artículo 31.

1. Corresponde al Departamento o Departamentos competentes por razón de la materia, en coordinación con el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes, la iniciativa en la elaboración y formulación de los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ambito Territorial, por acuerdo de la Diputación General.

2. Al propio tiempo de que se elabora el Programa, se incluirán en el anteproyecto de presupuestos de cada Departamento de aquél, o se iniciará la tramitación del correspondiente expediente de modificación presupuestaria o la elaboración del pertinente proyecto de Ley de concesión de crédito extraordinario.

3. Confeccionado el Proyecto de Programa, en los supuestos en los que sea necesario legalmente por razón de su contenido, será sometido a información pública en la forma reglamentaria, sin perjuicio de que, en su caso, deba ser comunicado también directamente a la corporación o corporaciones locales en cuyo término se proyecten las actuaciones programadas y a los representantes de los sectores específicos afectados.

4. En dichos supuestos, a la vista de las alegaciones, opiniones y propuestas formuladas y dentro de los dos meses siguientes a la finalización del trámite a que se refiere el apartado anterior, el Departamento o Departamentos competentes procederán a la redacción del Proyecto de Programa, el cual, previo informe preceptivo del Consejo de Ordenación del Territorio, emitido en el plazo máximo de un mes, se someterá a la Diputación General para su aprobación por medio de decreto.

5. El mismo procedimiento señalado en los apartados anteriores se observará cuando se trate de Programas que ejecuten directamente previsiones contenidas en las Directrices Generales de Ordenación Territorial, en los supuestos contemplados en el artículo 12 de esta Ley.

Artículo 32.

1. Corresponderá al Departamento o Departamentos que tengan atribuida la iniciativa en la elaboración y formulación de los Programas la verificación anual de su grado de cumplimiento, así como la propuesta motivada de actualización, adaptación o modificación de aquéllos, tanto en lo que concierne a los plazos de desarrollo de las actuaciones programadas como en lo que afecta a las previsiones financieras.

2. La aprobación de la propuesta de actualización, adaptación o modificación de los Programas corresponde a la Diputación General, a través de decreto o, en su caso, mediante la inclusión de las previsiones pertinentes en el proyecto de los presupuestos de la anualidad correspondiente, en un proyecto de Ley de concesión del crédito extraordinario pertinente o en la tramitación del expediente de modificación presupuestaria que corresponda.

Artículo 33.

1. Las actuaciones previstas para cada año en los Programas Específicos de Actuación o Gestión de Ámbito Territorial habrán de ser tenidas en cuenta necesariamente por la Diputación General en la elaboración del proyecto anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma, a remitir a las Cortes de Aragón para su aprobación definitiva.

2. Los Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial constituirán referencia obligada para las administraciones públicas a quienes corresponda la ejecución y gestión de las actuaciones incluidas en los mismos y, en consecuencia:

  1. Servirán de base para la celebración de convenios y acuerdos de cooperación con las entidades locales;

  2. Servirán asimismo de base para la celebración, en su caso, de convenios y acuerdos de cooperación con la Administración del Estado;

  3. Servirán de base para la implantación de procedimientos de gestión coordinada.

3. La gestión, ejecución y explotación de las obras, instalaciones y servicios comprendidos en un Programa Específico de Actuación o Gestión de Ámbito Territorial o la adquisición de suelos necesarios para su desarrollo podrá encomendarse, en todo o en parte, a consorcios, mancomunidades u otros entes creados especialmente al efecto.

Artículo 34.

1. La Diputación General podrá suscribir convenios con las restantes administraciones públicas en orden a la elaboración y desarrollo conjunto de Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial.

2. En particular, la Diputación General, podrá, de acuerdo con lo establecido en el artículo 145 de la Constitución, suscribir convenios con Comunidades Autónomas limítrofes con la finalidad de elaborar conjuntamente Programas Específicos de Gestión o Actuación de Ámbito Territorial que incidan en el territorio de ambas.

Artículo 35.

La aprobación de un Programa Específico de Actuación o Gestión de Ámbito Territorial que haya sido sometido a información pública en forma reglamentaria llevará implícita la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación respecto de las obras, instalaciones y servicios comprendidos en las actuaciones programadas y la autorización reglamentaria para la constitución de los entes creados al efecto por los programas.

CAPÍTULO V.
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN COORDINADA.

Artículo 36.

1. Con objeto de coordinar la gestión de los distintos órganos de las administraciones públicas en los aspectos de incidencia sobre el territorio, se podrán establecer convenios específicos entre las distintas administraciones para agilizar y coordinar su gestión administrativa, en un ámbito territorial concreto o para un determinado tipo de proyecto, reduciendo la gestión a:

  1. Una autorización administrativa única de la administración autonómica.

  2. Una única licencia municipal.

  3. Los controles sectoriales que sean exigidos en el convenio o en la autorización administrativa única, en función de los cuales queda garantizado que sean cumplidas las condiciones legales y las condiciones particulares de la licencia.

2. En estos casos, dentro de las competencias de la administración autonómica, la autorización administrativa única podrá comprender las anteriormente existentes; entre ellas:

  1. Las impuestas por la legislación de ordenación territorial y por las Directrices.

  2. Las impuestas por la legislación urbanística.

  3. Las exigidas por la normativa vigente en materias de protección del medio ambiente, Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, procedimiento de evaluación de impacto, producción de residuos industriales u otros de similares objetivos.

  4. Las exigidas por la legislación estatal de protección de la naturaleza.

  5. Las establecidas por la legislación de patrimonio cultural.

  6. Las de autorización previa sectorial, entre otras en industria, comercio, turismo, educación.

  7. Las exigidas para la subasta u ocupación del derecho de superficie de terrenos de propiedad pública.

  8. Cualesquiera otras que reglamentariamente se estimen necesarias por la Administración autonómica para una mejor coordinación.

3. En los supuestos de Gestión Administrativa Coordinada voluntaria, se regulará reglamentariamente el orden de la intervención de los distintos Departamentos de la Administración en el expediente administrativo, así como cuál será el Departamento encargado de la comunicación unificada, debiendo ser previas a la concesión de las licencias municipales todas las autorizaciones que hubieran de solicitarse y obtenerse de órganos de la Administración pública autonómica en cumplimiento de la legislación vigente.

Artículo 37.

1. Se establecerá un procedimiento de Gestión Administrativa coordinada en los asuntos de incidencia urbanística, medioambiental, cultural u otros análogos, en que deban intervenir el Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio.

2. El Consejo y las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio coordinarán los informes y propuestas sectoriales que puedan hacerse a cada expediente, con auxilio del análisis del impacto territorial de los planes, proyectos y autorizaciones sobre el territorio.

3. El análisis del impacto territorial es un documento técnico, que debe incorporarse como anexo a la memoria explicativa de los proyectos que inciden sobre el territorio, para valorar de forma general y completa la incidencia del proyecto, actividad, instalación, construcción o uso del suelo sobre el territorio, englobando en uno solo los impactos parciales sobre:

  1. La población y su situación socioeconómica.

  2. El medio natural.

  3. El patrimonio cultural.

4. El contenido del análisis del impacto territorial deberá incluir una serie de análisis parciales de los impactos sectoriales, establecidos y cuantificados, en función de la incidencia de la intervención sobre la población, la situación social, la economía, el medio natural, arquitectónico, cultural o paisajístico, o sobre la estructura del territorio. Todo ello sin perjuicio del cumplimiento de la normativa vigente relativa a estudios de evaluación de impacto ambiental.

5. El Consejo o, en su caso, las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio, en sus respectivos acuerdos, informes o propuestas, deberán contemplar el interés territorial en su conjunto, ponderando los efectos sectoriales positivos y negativos.

Artículo 38.

1. Para la gestión adecuada de infraestructuras, servicios y equipamientos de interés o ámbito supramunicipal, podrán establecerse mediante convenio procedimientos de gestión coordinada, que facilitarán el proyecto, la aprobación, la ejecución y la financiación de soluciones de gestión, de ámbito supramunicipal y gestión competitiva.

2. A tal efecto, se podrán crear órganos o entes, con una composición y estructura jurídica adecuadas, para la ejecución de programas específicos de desarrollo comarcal, de los servicios de ámbito supramunicipal, del suelo productivo, polígonos industriales o explotaciones de infraestructuras, en términos competitivos.

3. Asimismo, las directrices parciales de ámbito territorial podrán prever la Constitución de sociedades o entidades, participadas por la Administración de la Comunidad Autónoma Aragonesa y las corporaciones locales afectadas, sometidas al derecho privado, con objeto de gestionar los programas específicos de actuación de cada área geográfica homogénea supramunicipal y de hacer viable la financiación de la inversión territorial.

4. En todo caso, los procedimientos de licitación y adjudicación de obras y suministros de los órganos o entes previstos en este artículo cumplirán los principios de publicidad y concurrencia.

Artículo 39.

1. A solicitud de los Ayuntamientos afectados, y mediante un procedimiento de gestión administrativa coordinada, el Departamento de Ordenación Territorial, Obras Públicas y Transportes podrá declarar el interés social de un uso, actividad, construcción o implantación en suelo no urbanizable, fuera del suelo sometido a protección por el planeamiento o normativa urbanística o territorial, cuando se justifique para la realización de programas de viviendas sociales o para la implantación de actividades motoras de la economía comarcal de significada trascendencia.

2. En estos casos, las transformaciones de suelo no urbanizable en suelo apto para urbanizar podrán realizarse directamente mediante una tramitación municipal en un único expediente de modificación del instrumento municipal de planeamiento en vigor y del planeamiento de desarrollo que se requiera (plan parcial, estudios de detalle y proyectos de urbanización), todo ello sin perjuicio de que, cuando la legislación urbanística lo requiera, la revisión o modificación del planeamiento urbanístico municipal sea objeto de la preceptiva aprobación por la Administración Autonómica.

3. Esta potestad se ejercerá a través de un procedimiento en el que, como mínimo, se abrirá un período de información pública y se requerirá informe previo del Consejo o de las Comisiones Provinciales de Ordenación del Territorio respectivas.

4. Con carácter general, esta transformación deberá ir precedida de las siguientes justificaciones:

  1. Dificultad o encarecimiento de llevar a cabo dicha actuación en suelo clasificado como urbano.

  2. Idoneidad física y geológica del terreno, y adecuación de la propuesta para la población y su desarrollo socioeconómico, analizando su posible impacto sobre la población y el medio natural.

  3. Justificación de que pueden prestarse adecuadamente todos los servicios urbanísticos, incorporando los oportunos informes favorables de las administraciones públicas competentes.

  4. Aportaciones de suelo e inversión para resolver a su costa todas las infraestructuras y servicios necesarios, limitando su edificabilidad a un aprovechamiento homogéneo fijado en las directrices parciales de ordenación del territorio.

  5. Adecuada relación con los núcleos urbanos más próximos.

  6. Viabilidad económica, justificada mediante la aportación de vales y garantías suficientes, fijadas reglamentariamente, al objeto de que el proyecto sea concluido y conservado adecuadamente.

5. La solicitud deberá incluir un programa temporal de ejecución de cada una de las fases de la gestión urbanística y de las obras de edificación en plazo máximo de cuatro años a partir de la concesión de la licencia, quedando sin efecto la calificación de suelo urbanizable o urbano y la subsiguiente licencia en todo el espacio que no fuera construido en dicho plazo.

Artículo 40.

1. Se podrá establecer mediante convenio un procedimiento de Gestión Administrativa Coordinada para la transformación de suelo no urbano en nuevos asentamientos de desarrollo en aquellos ámbitos territoriales en los que así se determine por las directrices parciales de ámbito territorial, o por los planes urbanísticos de ámbito municipal, por gestión concertada de la Administración Autónoma y la municipal o supramunicipal.

2. La concesión de la transformación de suelo clasificado como suelo no urbanizable de urbanización y edificación podrá exigir la previa convocatoria pública de concursos para seleccionar la oferta más adecuada y conveniente de entre las que puedan presentarse, desde los objetivos de la ordenación territorial, si así se prevé en la decisión de iniciación de esta gestión coordinada.

3. Las convocatorias públicas de estos concursos se realizarán de forma reglada y serán obligatorias cuando la oferta real de suelo supere ampliamente la demanda hasta producir exceso de suelo disponible que pueda llegar a repercutir a largo plazo en los organismos municipales o autonómicos.

4. Las convocatorias de estos concursos serán publicadas en el Boletín Oficial de Aragón y en los periódicos de mayor tirada.

5. Las ofertas y propuestas deberán justificar la disponibilidad del mayor porcentaje posible de los terrenos necesarios y prestar las garantías adecuadas para justificar la viabilidad técnica y económica de la propuesta.

Artículo 41.

Se podrán ejecutar programas de gestión coordinada de las administraciones para el establecimiento de reservas de terrenos con destino a su adquisición de patrimonio público de suelo con objeto de que pueda facilitar actuaciones de objetivo territorial a medio y largo plazo.

Las administraciones públicas competentes en cada ámbito territorial, previo informe del Consejo de Ordenación del Territorio, podrán delimitar estos terrenos y ejecutar dicha decisión mediante la gestión de un programa territorial específico que implique la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación.


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