Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.

Sumario:

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragón, y ordeno se publique en el Boletín Oficial de Aragón y en el Boletín Oficial del Estado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del Estatuto de Autonomía de Aragón.

PREÁMBULO

La Constitución Española obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social (artículo 9).

Por otra parte, el artículo 49 impulsa a los poderes públicos a realizar una política de integración social para los disminuidos físicos y sensoriales.

Consecuencia de este principio rector de política social fue la promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social para los minusválidos, que ya forma parte del ordenamiento jurídico aragonés por la mera aplicación de la cláusula de supletoriedad del artículo 149.3 de la Constitución, a falta de una norma legal de la Comunidad Autónoma de Aragón por la que se regulase la accesibilidad de estas personas a toda clase de espacios, edificios y servicios, mediante la eliminación de las barreras arquitectónicas que impiden relacionarse con los diferentes bienes existentes en su entorno.

La Comunidad Autónoma de Aragón tiene competencia exclusiva en materia de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda (artículo 35.1.3 del Estatuto de Autonomía), así como de Asistencia y Bienestar Social (artículo 35.1.16), por lo que existe título competencial habilitante no sólo para la ejecución, sino también para la regulación sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de la comunicación.

En el ejercicio de estas competencias fue promulgado el Decreto 89/1991, de 16 de abril, de la Diputación General de Aragón, para la supresión de barreras arquitectónicas, vigente en estos momentos, cuyo objeto era establecer una norma técnica y de diseño de los elementos arquitectónicos y urbanísticos que facilite el desenvolvimiento de las personas con discapacidad. Esta norma reglamentaria, junto con la ordenanza de supresión de barreras arquitectónicas para el municipio de Zaragoza, aprobada por Acuerdo de la Diputación General de Aragón de 26 de mayo de 1984, son las únicas contribuciones de la Administración aragonesa.

Se hace precisa una norma de rango legal que, por su mayor alcance, permita establecer un marco general en nuestro ordenamiento para articular un conjunto de disposiciones encaminadas a realizar una efectiva integración de aquellas personas a las que primordialmente va dirigida la norma, coordinando las diferentes actua ciones que deban realizarse entre las diferentes Administraciones públicas, e introduciendo un régimen sancionador que corrija aquellas conductas carentes de sensibilidad hacia aquellas personas que se encuentran desplazadas de la utilización normal de los diferentes bienes y servicios, debido a las numerosas dificultades materiales existentes en nuestro medio habitable en relación con su discapacidad.

La posibilidad de acceso y utilización por parte de los afectados por cualquier minusvalía permanente o circunstancial de los bienes y servicios enmarcados en los ámbitos y competencias enunciados no sólo es una reivindicación de las asociaciones relacionadas con esta problemática, sino que actualmente aparece como una condición para mejorar la calidad de vida del conjunto de los ciudadanos.

Entre las distintas posibilidades de regulación de la materia, se ha optado por una norma que contenga los principios generales, definiciones y objetivos a alcanzar, frente a aquellas regulaciones legales que combinan, junto a unas normas generales, un sistema de reglas técnicas mínimas de obligada exigencia en toda clase de vías públicas, espacios, edificios y servicios, aprovechándose la experiencia acumulada en la legislación de las diferentes Comunidades Autónomas.

Por ello no forman parte de la Ley las diferentes normas técnicas que determinan cómo deben entenderse la accesibilidad de los diferentes espacios para las personas con limitación, relegándose a rango reglamentario estas disposiciones, de tal manera que pueda existir una mayor flexibilidad para adaptarse a las diferentes circunstancias del medio y conseguir de esta forma con mayor eficacia los fines que se persiguen.

La Ley consta de un Título preliminar, seis Títulos, cuatro disposiciones adicionales, dos transitorias, una derogatoria y tres finales, que facultan al Gobierno de Aragón para dictar las disposiciones y normas técnicas para el desarrollo y aplicación de la Ley.

El Título Preliminar contiene el objeto de la Ley: Garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación física o sensorial la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, procurando los medios para ello, como son la eliminación de barreras o la utilización de las ayudas técnicas como factor de sustitución; objetivo que comprende a un colectivo muy amplio de personas protegidas, al tener en cuenta la situación del progresivo envejecimiento de la población.

Congruente con este objeto, el ámbito de aplicación de la Ley significa que se consideren toda clase de actuaciones urbanísticas, en la edificación, en los transportes y en la comunicación sensorial.

El Título Preliminar se cierra con una serie de definiciones que hacen posible la aplicación correcta de la norma legal y de su desarrollo mediante las correspondientes normas técnicas.

El Título I está dedicado a la accesibilidad, como objetivo prioritario que debe estar presente en las diferentes manifestaciones del planeamiento urbanístico, en la edificación, en los transportes y en la comunicación sensorial. División cuatripartita que se verá repetida en el Título II de la Ley, dedicado a la eliminación de las barreras arquitectónicas, y que impone a las personas públicas y privadas la obligación de su desaparición mediante la adaptación gradual de los diferentes espacios de uso público, teniendo en cuenta la aparición de las normas técnicas de desarrollo de la Ley.

Por otra parte, se establece que las Administraciones públicas elaboren programas de actuaciones específicas e inventarios para la eliminación de barreras arquitectónicas de los edificios destinados a uso público, propiciándose de esta forma la actividad de la Administración en esta materia.

El Título III hace referencia al Consejo para la promoción de la accesibilidad y la eliminación de las barreras, como órgano de participación adscrito al Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, en el que se integran representantes de las diferentes Administraciones públicas, entidades representativas de trabajadores y empresarios y asociaciones que agrupan a los diferentes colectivos de personas con limitaciones.

El Consejo tiene funciones de asesoramiento, información, seguimiento y control, propuesta de criterios de actuación y elaboración de normas técnicas.

El Título IV regula las medidas de fomento mediante la creación de un fondo dependiente del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, con la finalidad de subvencionar la eliminación de barreras y financiar ayudas técnicas.

El Título V establece medidas genéricas de control, pero de gran importancia, como son la necesidad de observar las licencias, las autorizaciones municipales y los pliegos de condiciones administrativas en los contratos de esta naturaleza, según lo dispuesto en esta Ley.

Se reserva el Título VI el derecho sancionador, estableciéndose una división en faltas leves, graves y muy graves, en función de la importancia de las infracciones. Se consideran especialmente aquellas que impidan la utilización de los espacios o de los distintos bienes y servicios; las que dificulten o limiten de forma muy importante el acceso de las personas protegidas por la Ley, o las que impidan el libre acceso y uso de cualquier espacio o medio, con referencia en los tres supuestos a las normas técnicas a dictar en desarrollo de la Ley.

En este punto se sigue la orientación dada por importantes precedentes legislativos existentes en nuestro Derecho, como son la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, y el Real Decreto 1945/1983, de 25 de mayo, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria.

Como Derecho transitorio se contempla la inaplicación de la Ley para aquellas urbanizaciones y edificios en fase de visado técnico, autorización administrativa o actualmente en construcción, estableciéndose un plazo de dos a os para la aprobación y de diez años para la ejecución de los programas elaborados por las Administraciones públicas para la eliminación de barreras en los diferentes medios, siempre contados a partir del momento de entrada en vigor de las normas técnicas, que tendrán carácter sectorial.

Estas últimas deberán ser aprobadas en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, con la obligación de las entidades locales de adaptar sus ordenanzas a las diferentes normas técnicas que vayan apareciendo.


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