Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.

TÍTULO I.
DE LA ACCESIBILIDAD.

CAPÍTULO I.
ACCESIBILIDAD URBANÍSTICA.

Artículo 4. Accesibilidad de los espacios de uso público.

1. La planificación, urbanización y construcción de las vías públicas, de los parques, de los itinerarios peatonales, de los vados, rampas y escaleras, del mobiliario urbano, incluida la señalización, y de los demás espacios de uso público, se efectuarán de forma que resulten accesibles para personas con movilidad reducida o con capacidad sensorial disminuida.

2. Los espacios naturales protegidos establecerán, en los casos y en la forma en que ello sea técnicamente posible, itinerarios y servicios adaptados a estas personas.

3. A estos efectos, los planes de ordenación urbana, las normas subsidiarias y demás instrumentos de planeamiento, de desarrollo del mismo y de ejecución, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad y la utilización con carácter general de los espacios de uso público, y no serán aprobados si no se observan las determinaciones y los criterios básicos establecidos en esta Ley y en las disposiciones y normas técnicas que la desarrollen, con el grado de detalle que corresponda en cada instrumento de planeamiento.

Artículo 5. Reserva de estacionamiento de uso público.

1. En las zonas que se creen para estacionamiento de vehículos ligeros, deberá reservarse un número mínimo de plazas destinadas a las personas con movilidad limitada, por discapacidad física o visual, en la forma y modo que se determine en la norma técnica correspondiente. Estas plazas estarán debidamente se alizadas con el símbolo que se establezca y la prohibición de aparcar en ellas a personas que no se encuentren en las situaciones protegidas por esta Ley.

2. Los garajes o aparcamientos en superficie o subterráneos de uso público, bien sean de titularidad pública o privada, contarán con plazas reservadas para las personas con movilidad reducida. Su ubicación será próxima a los accesos y éstos serán practicables para estas personas, de acuerdo con lo que se regule en los reglamentos que desarrollen esta Ley. En el supuesto de que sea necesaria la instalación de un ascensor, éste deberá permitir la accesibilidad a personas en situación de limitación o con movilidad reducida, y sus accesorios estarán convenientemente adaptados.

CAPÍTULO II.
ACCESIBILIDAD EN LA EDIFICACIÓN.

Artículo 6. Clasificación de los edificios.

A los efectos de la accesibilidad en la edificación, se clasifican los espacios, instalaciones y servicios en las siguientes categorías:

  1. Accesibles: Son aquellos que se ajustan a los requerimientos funcionales y dimensiones que garantizan su utilización autónoma, con comodidad y seguridad, a cualquier persona, incluso a aquellas que tengan alguna limitación o disminución en su capacidad física o sensorial.

  2. Practicables: Aquellos que, sin ajustarse a todos los requerimientos antes citados, permiten una utilización autónoma por las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación funcional.

  3. Adaptables: Aquellos que mediante algunas modificaciones que no afecten a sus configuraciones esenciales puedan transformarse, como mínimo, en practicables.

Artículo 7. Accesibilidad de los edificios de uso público.

1. La construcción, ampliación y reforma de los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público se efectuará de forma que resulten accesibles para personas con limitaciones. Los elementos existentes de los edificios a ampliar o reformar cuya adaptación requiera medios técnicos o económicos desproporcionados, serán, como mínimo, practicables.

2. Tienen la obligación de observar las prescripciones de esta Ley, conforme a los mínimos que reglamentariamente se determinen, los edificios de uso público que a continuación se relacionan y aquellos de naturaleza análoga:

  • Edificios públicos y de servicios de las Administraciones públicas.

  • Centros sanitarios y asistenciales.

  • Estaciones de transportes.

  • Aeropuertos, helipuertos, puertos fluviales y demás edificios de uso semejante.

  • Centros de enseñanzas.

  • Garajes y aparcamientos.

  • Museos, teatros, salas de cine, de exposiciones, bibliotecas, centros culturales y similares.

  • Instalaciones deportivas.

  • Establecimientos comerciales, a partir de los metros cuadrados de superficie que reglamentariamente se determinen.

  • Centros religiosos.

  • Instalaciones hoteleras, a partir del número de plazas que reglamentariamente se determine.

  • Centros de trabajo, a partir del número de empleados que reglamentariamente se determine.

3. El símbolo internacional de accesibilidad, indicador de la no existencia de barreras arquitectónicas, será de obligada instalación en los edificios de uso público y transportes públicos en que aquéllas no existan, así como para se alizar zonas accesibles de difícil localización o, donde proceda, itinerarios alternativos.

4. Todos los accesos al interior de los edificios de uso público deberán estar desprovistos de barreras arquitectónicas y obstáculos que impidan o dificulten la accesibilidad; los itinerarios que comuniquen horizontalmente y verticalmente todas las dependencias y servicios de estos edificios entre sí y con el exterior deberán ser accesibles. Las especificaciones técnicas tendrán un diseño y un paso libre de anchura mínima adecuado conforme a la normativa de desarrollo.

5. Los locales de espectáculos, salas de conferencias, aulas y otros análogos dispondrán de accesos y de espacios reservados a personas que utilicen sillas de ruedas y deberán estar convenientemente señalizados. La proporción de espacios reservados se determinará reglamentariamente en función del aforo. Los planes de evacuación y seguridad de estos edificios tendrán en consideración las necesidades de estas personas.

Artículo 8. Accesibilidad de los edificios de uso público.

1. Los edificios de uso privado de nueva construcción en los que sea obligatoria la instalación de ascensor deberán reunir los siguientes requisitos mínimos:

  1. Dispondrán de un itinerario practicable que una las viviendas o los diferentes departamentos con el exterior y con las dependencias de uso comunitario que estén a su servicio.

  2. Dispondrán de un itinerario practicable que una la edificación con la vía pública y con edificaciones o servicios anexos de uso comunitario.

2. Cuando estos edificios de nueva construcción tengan una altura superior a planta baja y piso, a excepción de viviendas unifamiliares, y no estén obligados a la instalación de ascensor, se dispondrán las especificaciones técnicas y de diseño que faciliten la posible instalación de un ascensor practicable; el resto de los elementos comunes de estos edificios deberán reunir los requisitos de la practicabilidad.

Artículo 9. Reserva de viviendas para personas con movilidad reducida o en situación de limitación.

1. A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida o en situación de limitación el acceso a una vivienda, se reservará un porcentaje no inferior al 3 % del volumen total de las viviendas de la promoción para destinarlo a satisfacer la demanda de vivienda de estos colectivos, en todas las viviendas que reciban subvenciones, Préstamos cualificados o subsidios de intereses de las Administraciones públicas -viviendas de promoción pública, viviendas de protección oficial y viviendas de precio tasado, o tipologías similares de distinta denominación-, de la forma que reglamentariamente se establezca.

2. Lo establecido en este punto no será de aplicación, en los supuestos de promoción para uso propio, cuando la persona física o cooperativistas no sean personas de movilidad reducida.

3. En los supuestos recogidos en el párrafo 1, los promotores privados podrán sustituir las adaptaciones interiores de las viviendas reservadas para personas con movilidad reducida, al solicitarse la calificación definitiva, por el depósito de un aval suficiente, en los plazos, términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, de una entidad financiera legalmente reconocida que garantice la realización de las obras necesarias para las adaptaciones correspondientes.

4. Reglamentariamente se determinará un método que asegure un control de la Administración autonómica que garantice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los párrafos anteriores.

5. Los edificios en que existan viviendas reservadas para personas con limitaciones deberán tener adaptados los interiores de las citadas viviendas de acuerdo con las normas técnicas que se aprobarán para tal fin.

6. Estas viviendas podrán ser adquiridas, en primer lugar, por personas con movilidad reducida y, en segundo lugar, por entidades públicas o privadas con personalidad jurídica propia y sin finalidad de lucro, para dedicarlas a minirresidencias, pisos compartidos o cualquier tipo de vivienda destinada a personas con limitaciones.

Artículo 10. Accesibilidad de los elementos comunes.

1. La realización por el arrendatario de obras en el interior de la vivienda que ocupe, para adaptarla a su condición de disminuido físico o sensorial, a la de su cónyuge o persona con la que mantenga análoga relación de afectividad o a la de sus familiares que con él convivan, se ajustará a lo dispuesto en la Ley de Arrendamientos Urbanos.

2. La realización de obras con la misma finalidad por los titulares de fincas urbanas en calidad de propietarios, usufructuarios o usuarios se regirá por lo dispuesto en la Ley estatal sobre límite de dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad.

3. Por lo dispuesto en esta última Ley se regirán, en todo caso, las obras a realizar en los elementos comunes de los inmuebles en que se ubique la finca ocupada por cualesquiera de los usuarios mencionados en los dos apartados anteriores.

4. Las condiciones de las obras a realizar serán, no obstante, las establecidas en esta Ley y en sus disposiciones de desarrollo.

CAPÍTULO III.
ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE Y EN LA COMUNICACIÓN SENSORIAL.

Artículo 11. Accesibilidad en el transporte.

1. Las nuevas concesiones de competencia de las Administraciones públicas ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón, referentes al transporte público colectivo de viajeros, deberán incluir en las condiciones de la prestación del servicio la exigencia de que un porcentaje de vehículos adscritos a aquéllas sean accesibles a todas las personas con movilidad reducida y con disminución de su capacidad física o sensorial.

2. Las características del acceso a estos elementos del transporte, determinación de la altura de la plataforma, sistemas mecánicos de ascenso, descenso, de información, de iluminación y de seguridad, así como la proporción de los vehículos afectados, serán determinadas por la norma técnica correspondiente.

3. Las estaciones de transportes públicos de viajeros deberán cumplir las exigencias sobre accesibilidad en los términos establecidos en el artículo 7 de esta Ley. Las estaciones de transporte deberán ajustarse a lo dispuesto en esta Ley, y disposiciones que la desarrollen, en todas aquellas cuestiones referidas a itinerarios, servicios y mobiliario, debiendo contemplar adaptaciones específicas en lo señalado con anterioridad, incluida señalización, sistema de información y andenes.

4. En todas las ciudades con población superior a 5.000 habitantes o en las cabeceras de las zonas de salud, existirá por lo menos un taxi o vehículo del servicio público adaptado a las condiciones de las personas con movilidad reducida permanente o temporal.

Artículo 12. Tarjeta de identificación.

Las Administraciones públicas con competencia sobre la materia facilitarán a las personas con movilidad reducida o con limitación de sus capacidades físicas y sensoriales (oral-auditiva, audiovisual...), que tengan la condición de minusválidos o que por razón de su edad se encuentren en análogas circunstancias, una tarjeta con el símbolo de identificación de su minusvalía o limitación física o sensorial, que permita a los vehículos ocupados por éstas hacer uso de los aparcamientos a ellas reservados, y estacionar su vehículo por el tiempo imprescindible en las vías públicas, siempre que ello no entorpezca la libre circulación de vehículos y peatones. Esta tarjeta podrá ser utilizada en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma.

Artículo 13. Accesibilidad en la comunicación sensorial.

1. Para garantizar el derecho a la información, la cultura, la enseñanza y el ocio, el Gobierno de Aragón fomentará el conocimiento de sistemas de comunicación accesibles a personas con limitaciones sensoriales mediante la utilización de las técnicas más eficaces.

2. Asimismo, el Gobierno de Aragón fomentará la instalación de sistemas de comunicación accesibles en los edificios de uso público. Se potenciará el uso del lenguaje de signos en la atención al público en las Administraciones públicas, así como la traducción simultánea al mismo en los actos oficiales públicos promovidos por las mismas. Se fomentará con carácter especial la colaboración con aquellas entidades y asociaciones cuya finalidad se encuentre encaminada a la defensa de aquellos colectivos afectados por estas disminuciones físicas y sensoriales.

3. Los poderes públicos instrumentarán las campañas de información que sean necesarias para conseguir el cumplimiento de la presente Ley.

4. Se garantiza el acceso al entorno de las personas con limitación visual que vayan acompañadas de perro guía o de cualquier otra ayuda técnica, para que puedan acceder a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales y demás espacios de uso público. Con referencia a los centros hospitalarios o de asistencia ambulatoria, públicos o privados, deberá compaginarse la admisión de estos perros guía con la protección de las condiciones higiénico-sanitarias de esta clase de centros, facilitando la dirección de éstos los medios de ayuda necesarios para que las personas protegidas por esta Ley puedan desenvolverse adecuadamente.

5. El derecho de admisión de aquellas personas que utilicen perros guía u otras ayudas técnicas que les ayuden a desenvolverse, no deberá ni podrá ser ejercido por parte de los establecimientos, alojamientos y locales de uso público por esta circunstancia.

6. Reglamentariamente se determinarán las condiciones de identificación y sanitarias de los perros guía, el acceso de éstos a lugares, locales y establecimientos públicos o de uso público y los derechos y obligaciones de sus usuarios.

7. La Administración autonómica impulsará la formación de profesionales intérpretes de signos y guías de sordos-ciegos, a fin de facilitar cualquier tipo de comunicación directa a las personas en situación de limitación que lo precisen, instando a las distintas Administraciones públicas a dotarse de este personal especializado.

8. El incumplimiento de lo dispuesto en los apartados 4, 5, 6 y 7 del presente artículo constituirá infracción administrativa, de conformidad con las disposiciones contenidas en el Título VI de la presente Ley.

9. Si se creasen medios audiovisuales dependientes de las Administraciones públicas aragonesas, éstos deberán elaborar un plan de medidas técnicas que de forma gradual permita, mediante el uso de la lengua de signos o de subtitulaciones, garantizar el derecho a la información.


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