Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 3/1997, de 7 de abril, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas, de transportes y de la comunicación.

TÍTULO II.
DE LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS.

Artículo 14. Barreras arquitectónicas urbanísticas.

1. Las vías públicas, parques y demás espacios de uso público existentes, así como las respectivas instalaciones de servicios y mobiliario urbano, serán adaptados gradualmente en la forma y tiempo establecidos en las normas técnicas que se promulguen en desarrollo de esta Ley.

2. Las entidades locales deberán establecer programas de actuación para adaptar la accesibilidad en las vías públicas, parques y demás espacios de uso público a las disposiciones contenidas en las normas técnicas anteriormente citadas. Dichos programas deberán contener, como mínimo, un inventario de los espacios que precisen adaptación, definiendo cuantitativamente y cualitativamente las barreras arquitectónicas urbanísticas existentes, el objeto de la adaptación, el orden de prioridades con que se ejecutarán, creando itinerarios preferentes y secundarios, y los plazos para su realización, dentro de los límites máximos marcados por esta Ley, así como el presupuesto estimado de dichas obras.

Artículo 15. Barreras arquitectónicas en la edificación.

1. Los edificios de titularidad pública o privada destinados a uso público serán adaptados en la forma y tiempo establecidos en el artículo anterior.

Igualmente, las Administraciones públicas enclavadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón deberán establecer los correspondientes programas de actuación para la adaptación a las normas técnicas en materia de accesibilidad. Estos edificios deberán ser como mínimo practicables, cuando su ampliación o reforma para adaptarlos a la Ley y a las normas que se dicten en su desarrollo requiera la utilización de medios técnicos o económicos desproporcionados.

2. Las Administraciones públicas elaborarán un catálogo de los edificios de uso público de su titularidad ubicados en la Comunidad Autónoma en los que se prevea la eliminación de barreras arquitectónicas, señalando el orden de prioridades y su ejecución gradual en el marco de las normas técnicas que sean dictadas en ejecución de lo dispuesto en esta Ley.

3. Las entidades locales incluirán en sus programas de actuación un inventario de los edificios que han de ser adaptados, ya sea separadamente o integrados en los itinerarios preferentes o secundarios.

Artículo 16. Barreras en el transporte.

1. En el plazo y forma que determinen las normas técnicas de desarrollo de la Ley, las Administraciones públicas con competencia en la materia elaborarán programas de adaptación y eliminación de barreras en el transporte público colectivo urbano e interurbano de viajeros, teniendo en cuenta las posibilidades de ins talación en atención a la antigüedad de los citados vehículos de transporte.

2. No obstante lo anterior, la adquisición de nuevos vehículos, sea por ampliación o por reposición de la flota, se hará teniendo en cuenta que éstos permitan una accesibilidad básica tal y como se determine en las normas básicas e incluyendo al menos que los proyectos de adquisición de material móvil deberán tener en cuenta aquellos modelos que, por altura de la plataforma del vehículo, sistema de acceso, de información, de iluminación de seguridad, etc., sean los más apropiados para personas con movilidad reducida.

3. Los primeros programas se elaborarán respetando los plazos marcados en la disposición transitoria segunda.

Artículo 17. Ayudas técnicas.

Cuando por las características del edificio, instalación o servicios de que se trate no puedan ser accesibles eliminando en su totalidad las barreras urbanísticas, de edificación, transporte o comunicación, podrán ser utilizadas las ayudas técnicas que faciliten la autonomía individual de las personas con limitaciones de conformidad con las normas que para estos supuestos se promulgen.

Artículo 18. Dotación presupuestaria.

Las Administraciones públicas aragonesas deberán incluir en su presupuesto anual una partida presupuestaria específica y suficientemente dotada para la ejecución, dentro de sus competencias, de los programas mencionados en este título.


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