Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

TÍTULO V.
DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA MONETARIA

Artículo 67. Modificación de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del Euro.

Se modifican los siguientes artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre Introducción del Euro:

Uno. Se modifica el artículo 4, apartado dos, que queda redactado como sigue:

Dos. No obstante lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley, los billetes y monedas denominados en pesetas continuarán siendo válidos como medio de pago de curso legal con pleno poder liberatorio, en cuanto subdivisión del euro al tipo de conversión, hasta el 28 de febrero de 2002. A partir de dicho momento, tales billetes y monedas perderán su curso legal y sólo conservarán un mero valor de canje en los términos previstos en esta Ley y sus disposiciones de desarrollo.

Dos. Se modifica el artículo 24, apartado uno, que queda redactado como sigue:

Uno. Desde el 1 de enero hasta el 30 de junio del año 2002, se efectuará el canje de billetes y monedas en pesetas por billetes y monedas en euros con arreglo al tipo de conversión y a la aplicación, en su caso, de las normas de redondeo contenidas en el artículo 11 de esta Ley.

Tres. Se da nueva redacción al artículo 25, que tendrá el siguiente contenido:

Artículo 25. El canje a partir del 1 de julio de 2002.

A partir del 1 de julio de 2002 el canje de los billetes y monedas denominados en pesetas por billetes y monedas en euros se llevará a cabo exclusivamente por el Banco de España previo el correspondiente redondeo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de esta Ley.

Cuatro. Se adicionan dos nuevos subapartados, las letras c) y d), al apartado uno de la disposición final segunda, con el siguiente contenido:

  1. Dictar las normas que puedan ser necesarias para la distribución de cantidades limitadas de billetes y monedas en euros antes de 1 de enero de 2002, con el fin de facilitar la transición a la nueva moneda.

  2. Dictar las normas que resulten necesarias para garantizar la mejor ejecución de lo dispuesto en esta Ley sobre el período de canje.

Artículo 68. Garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de distribución de monedas y billetes en euros.

Uno. Lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, será aplicable a las garantías constituidas a favor del Banco de España para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del proceso de distribución de monedas y billetes en euros con anterioridad al 1 de enero de 2002 o del ejercicio del resto de sus funciones.

La constitución de las citadas garantías no requerirá para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervención de fedatario público ni ningún otro requisito formal. Dicha constitución deberá constar por escrito y ser inscrita en el registro correspondiente por la entidad encargada del mismo. En el supuesto de valores representados mediante títulos físicos, será necesaria, además su entrega al beneficiario de la garantía o a un tercero establecido por común acuerdo entre las partes.

La formalización de la correspondiente obligación principal tampoco requerirá para su plena validez y eficacia frente a terceros la intervención de fedatario público ni el cumplimiento de ningún otro requisito formal.

Dos. El Banco de España y las entidades de crédito que participen en el proceso de distribución de billetes en euros con anterioridad al 1 de enero de 2002, podrán acordar que las garantías constituidas a favor del primero antes de la entrada en vigor de la presente Ley para asegurar el cumplimiento de obligaciones derivadas de la ejecución de sus operaciones de política monetaria y crédito intradía, garanticen, asimismo, las obligaciones asumidas frente a dicho Banco de España, en el marco del mencionado proceso de distribución anticipada de billetes en euros o del ejercicio de cualquiera otra de sus funciones. En tal caso, a dichas garantías, les será de aplicación el régimen establecido en la presente disposición.

Tres. A efectos de lo previsto en la presente disposición, se entenderá por garantía lo previsto en el segundo párrafo de la letra d) del artículo 2 de la citada Ley 41/1999, de 12 de noviembre.

Cuatro. Lo dispuesto en la presente disposición será, asimismo, de aplicación a las garantías constituidas a favor del Tesoro Público actuando directamente o a través del Banco de España, para asegurar las obligaciones derivadas de la distribución de moneda metálica denominada en euros con anterioridad al 1 de enero de 2002.

CAPÍTULO II.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MERCADO DE VALORES

Artículo 69. Modificación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

Se modifican los artículos 47 y 48, apartado 1, de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que quedan redactados de la siguiente forma:

Uno. Se da nueva redacción al artículo 47:

Podrán adquirir la condición de miembros de las Bolsas de Valores las entidades que cumplan lo previsto en el artículo 37 de esta Ley.

Dos. El artículo 48.1 pasará a ser:

1. Las Bolsas de Valores estarán regidas y administradas por una sociedad anónima, que será responsable de su organización y funcionamiento internos, y será titular de los medios necesarios para ello, siendo éste su objeto social principal. Dichas sociedades podrán desarrollar igualmente otras actividades complementarias relacionadas con las Bolsas de Valores. Las acciones de dichas sociedades serán nominativas. Tales sociedades deberán contar necesariamente con un Consejo de Administración compuesto por no menos de cinco personas y con, al menos, un Director general. Dichas sociedades no tendrán la condición legal de miembros de las correspondientes Bolsas de Valores y no podrán realizar ninguna actividad de intermediación financiera, ni las actividades relacionadas en el artículo 63.

Las citadas sociedades ejercerán las funciones que les atribuye la presente Ley y las demás que determinen el Gobierno, el Ministro de Economía o la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sin perjuicio de las que puedan otorgarles las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas en sus Estatutos de Autonomía competencias en la materia. Las Bolsas de Valores podrán exigir retribución por los servicios que presten.

El capital de las sociedades a que se refiere este artículo se distribuirá entre los miembros de las Bolsas de Valores que deseen participar en ese capital. Asimismo, podrán participar en el capital de esas sociedades otras entidades o personas. El Gobierno o las Comunidades Autónomas con competencia en la materia determinarán, para miembros y no miembros, las condiciones de acceso y permanencia en el capital, así como los criterios de distribución del mismo.

Los derechos y condiciones en que se producirán las participaciones accionariales se concretarán en los oportunos acuerdos societarios, que estarán sujetos a previa aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o en su caso, por la correspondiente Comunidad Autónoma con competencia en la materia. Siempre que la Junta general así lo hubiera autorizado para los aumentos reducciones y enajenaciones de capital que sean precisos a esos efectos bastará con el acuerdo del Consejo de Administración, no siendo de aplicación a los mismos lo dispuesto en los artículos 75 a 79, 158 y 164 a 166 de la Ley de Sociedades Anónimas. Las restantes ampliaciones o reducciones y enajenaciones de capital estarán sujetas al régimen general de la Ley de Sociedades Anónimas, con la salvedad de que las acciones que se emitan sólo podrán ser suscritas por los accionistas.

Los estatutos de dichas sociedades y sus modificaciones requerirán la previa aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o en su caso, por la correspondiente Comunidad Autónoma con competencia en la materia, respecto de las Bolsas de Valores de ámbito autonómico. El nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y del Director general exigirá la previa aprobación por la Comisión Nacional del Mercado de Valores o, en su caso, por la Comunidad Autónoma.

CAPÍTULO III.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SEGUROS

Artículo 70. Modificación de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Se modifica la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, con el siguiente contenido:

Uno. Se añade un segundo inciso al apartado 2 del artículo 62.

Para la admisión y tramitación de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones será imprescindible acreditar haberlas formulado previamente por escrito dirigido al defensor del asegurado o, en caso de no existir esta figura, al departamento o servicio de atención al asegurado y, en el supuesto de que no exista ninguna de estas dos figuras o no tengan competencias asignadas para pronunciarse sobre la reclamación formulada, ante los departamentos centrales de la entidad aseguradora.

El defensor del asegurado, el departamento o servicio de atención al asegurado y los departamentos centrales de la entidad aseguradora deberán acusar recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y resolverlas o denegarlas igualmente por escrito y motivadamente.

Asimismo para la admisión y tramitación de reclamaciones ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, el reclamante deberá acreditar que ha transcurrido el plazo de seis meses desde la fecha de la presentación de la reclamación sin que haya sido resuelta por el departamento o servicio de atención al asegurado o los departamentos centrales de la entidad aseguradora, o que haya sido denegada la admisión de la reclamación, o desestimada su petición.

Recibida la reclamación por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones se verificará la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en los párrafos anteriores. Si se cumplen los requisitos necesarios se procederá a la apertura del correspondiente procedimiento administrativo; en caso contrario se requerirá al reclamante para completar la información en el plazo de diez días con apercibimiento de que si así no lo hiciese se dictará resolución en la que se le tendrá por desistido de su reclamación.

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 62:

Las entidades aseguradoras que designen defensor del asegurado deberán comunicar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las normas de procedimiento y plazo establecido para la resolución de la reclamación presentada que, en ningún caso, podrá exceder de seis meses incluido el período transcurrido desde su presentación ante el departamento o servicio de atención al asegurado o, en su caso, ante los departamentos centrales de la entidad aseguradora cuando las normas de procedimiento del defensor del asegurado determinen la necesidad de acudir a estos departamentos con carácter previo. Transcurrido este plazo sin que se haya resuelto, el interesado podrá interponer su reclamación ante la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Tres. Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 62:

El departamento o servicio de atención al asegurado conocerá y resolverá las reclamaciones frente a la entidad aseguradora que formulen las personas legitimadas en relación con los contratos de seguros, en los términos previstos en sus normas de funcionamiento.

Los departamentos centrales de la entidad aseguradora deberán resolver aquellas reclamaciones presentadas fuera del ámbito de las competencias que hayan sido asignadas a los defensores del asegurado o departamentos o servicios de atención al asegurado.

Cuatro. El apartado 3 del artículo 63 queda redactado de la siguiente forma:

La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, a la que las entidades aseguradoras comunicarán tanto la designación del defensor del asegurado como la constitución de los departamentos y servicios de atención al asegurado y los tipos de reclamaciones en los que se someten a su decisión, fomentará dichas designaciones y constituciones y podrá dar publicidad a las condiciones de las mismas.

Artículo 71. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, y modificado por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Se modifica el apartado 4, del artículo 1, del texto refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, en los siguientes términos:

4. Reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y hecho de la circulación a los efectos de la presente Ley. En todo caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de delitos dolosos contra las personas y los bienes.

CAPÍTULO IV.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE EXPORTACIÓN

Artículo 72. Modificación de la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas Financieras de Estímulo a la Exportación.

Se modifica el artículo 1 de la Ley 11/1983, de 16 de agosto, de Medidas Financieras de Estímulo a la Exportación, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Los Créditos que concedan las entidades financieras, destinados a la financiación de la exportación de bienes y servicios españoles, podrán ser subvencionados en las condiciones y en la forma que reglamentariamente se establezca a través del Instituto de Crédito Oficial mediante un convenio de ajuste recíproco de intereses.

2. A los efectos señalados en el apartado anterior, se consideran entidades financieras las cooperativas de Créditos calificadas las cajas de ahorro españolas, los bancos españoles y extranjeros, así como también, en su caso, el Instituto de Crédito Oficial.

3. Para la formalización de los convenios, el Ministerio de Economía deberá autorizar dicha formalización. En todo caso, la autorización tendrá carácter singular, cuando sea el Instituto de Crédito Oficial quien asimismo financie la operación de exportación.

CAPÍTULO V.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TURISMO

Artículo 73. Modificación de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

La Ley 42/1998, de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias, queda modificada en los términos siguientes:

Uno. Se añade un segundo párrafo en el artículo 8.2.b) con la siguiente redacción:

En todo caso se indicarán los requisitos y condiciones que para el ejercicio de tales derechos se exigen en el lugar donde está situado el inmueble, y si están cumplidos o en caso contrario, los requisitos o condiciones que todavía deberán cumplirse.

Dos. Se da nueva redacción al artículo 8.2.e):

Los servicios comunes que permiten la utilización del inmueble y los demás de los que puede o podrá disfrutar el adquirente, con indicación de la fase en que se encuentran y las condiciones de tal disfrute.

Tres. El apartado h) del artículo 8.2 tendrá la redacción siguiente:

Precio medio de los derechos de aprovechamiento por turno y precio de los que lo tengan más alto; las cargas legalmente obligatorias, como contribuciones o exacciones fiscales entre otras; los gastos anuales o su estimación, por ocupación del inmueble, por utilización de las instalaciones y servicios comunes, así como los derivados de la administración, conservación y el mantenimiento del alojamiento y elementos comunes, con indicación del procedimiento de cálculo de las futuras anualidades.

Asimismo se expresará que la adquisición de los derechos de aprovechamiento por turno no supondrá desembolso, gasto u obligación alguna distintos de los mencionados en el contrato.

Cuatro. El primer párrafo del apartado 3 del artículo 9 quedará redactado de la forma siguiente:

El contrato y los documentos informativos prevenidos en esta Ley se redactarán en la lengua o en una de las lenguas, elegida por el adquirente, del Estado miembro de la Unión Europea en que resida o del que sea nacional aquel, siempre que sea una de las lenguas oficiales de dicha Unión. Además se redactarán en castellano o en cualquiera de las otras lenguas españolas oficiales en el lugar de celebración del contrato. Asimismo, el transmitente deberá entregar al adquirente la traducción del contrato a la lengua o a una de las lenguas oficiales del Estado miembro de la Unión Europea en que esté situado el inmueble, siempre que sea una de las lenguas oficiales de la Unión.

Cinco. El apartado 4 del artículo 9 tendrá la siguiente redacción:

Todo el contenido del documento informativo previsto por el apartado 2 del artículo anterior deberá incorporarse y formar parte integrante del contrato.

Los cambios introducidos en dicho documento informativo, que a falta de acuerdo expreso de las partes sólo podrán ser resultado de circunstancias ajenas a la voluntad del transmitente, deberán comunicarse al adquirente antes de la celebración del contrato.

El incumplimiento de estas obligaciones implica el del deber de información a los efectos establecidos en el artículo siguiente.

Seis. El segundo párrafo del apartado 3 del artículo 10 quedará redactado del siguiente modo:

Si el contrato se celebra ante Notario, y sin perjuicio de lo establecido en el párrafo anterior el desistimiento podrá hacerse constar en acta notarial, que será título suficiente para la reinscripción del derecho de aprovechamiento a favor del transmitente.

Siete. El artículo 14 llevará como rúbrica la siguiente: Normalización notarial y publicidad registral del contrato.

Ocho. El primer párrafo del apartado 1 del artículo 14 tendrá la siguiente redacción:

1. La adquisición y transmisión de derechos de aprovechamiento por turno podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad, siempre que el contrato se haya celebrado o formalizado mediante escritura pública y el Registrador abra folio al turno cuyo derecho de aprovechamiento sea objeto de transmisión, quedando siempre a salvo lo dispuesto en la Ley Hipotecaria.

Nueve. El apartado 2 del artículo 14 quedará redactado de la forma siguiente:

Si el contrato se celebra ante Notario, éste advertirá del derecho de desistimiento que el artículo 10 establece en favor del adquirente que podrá hacerse por acta notarial, y de los demás derechos que le reconoce la presente Ley.

Diez. Se añade un último párrafo a la disposición adicional segunda de la Ley, con la siguiente redacción:

Los contratos que, habiendo sido celebrados en España, se refieran a inmuebles situados fuera de ella quedarán sujetos a los artículos 1.3, 2 y 8 a 12 de la presente Ley. En tales casos el adquirente podrá exigir, además, que el contrato se le entregue redactado en alguna de las lenguas oficiales del Estado en que radique cuando éste sea miembro de la Unión Europea.

CAPÍTULO VI.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

Artículo 74. Modificación de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras.

Uno. Se añade un nuevo apartado g) en el artículo 31.3 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, con la siguiente redacción:

  1. El incumplimiento por los concesionarios de las autopistas y por los titulares de estaciones de servicio de la obligación de instalación, conservación, mantenimiento y actualización de los carteles informativos de las estaciones de servicio más próximas o las ubicadas en áreas de servicio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre, por el que se aprueban medidas de liberalización, reforma estructural e incremento de la competencia en el sector de hidrocarburos.

Dos. Se modifica el artículo 34 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras, mediante la adición de siguiente punto:

3. El plazo para la notificación de la resolución de los procedimientos sancionadores será de doce meses, transcurrido el cual sin que se produzca aquella se dictará resolución declarando la caducidad del procedimiento y ordenando el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en la legislación vigente.

CAPÍTULO VII.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE PUERTOS

Artículo 75. Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Uno. Se añade un nuevo apartado, el 13, al artículo 120 de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, del siguiente tenor:

13. En el caso de que los reconocimientos efectuados a buques mercantes españoles y extranjeros confirmen o revelen deficiencias que tengan como consecuencia la medida de policía administrativa de prohibir la navegación del buque, se impondrá como sanción accesoria a la multa el pago de todos los costes de inspección.

El coste de la hora de inspección se determinará por el Ministro de Fomento.

Dos. Se añade una nueva disposición adicional, la vigesimotercera, de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, con la siguiente redacción:

Disposición adicional vigesimotercera.

La lámina de agua ocupada por artefactos flotantes tales como bateas, mejilloneras, viveros flotantes u otras instalaciones destinadas a actividades de acuicultura, será objeto de autorización o concesión, según proceda, y devengará los correspondientes cánones, de conformidad con lo previsto en esta Ley.

La Autoridad Portuaria comunicará a los titulares de los artefactos flotantes que ocupen espacios de dominio público portuario sin título habilitante, la obligación de solicitar el otorgamiento del correspondiente título de ocupación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley.

CAPÍTULO VIII.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AUTOPISTAS

Artículo 76. Modificación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de Construcción, Conservación y Explotación de Autopistas en Régimen de Concesión.

Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado de la siguiente manera:

En este último supuesto y mediante las correcciones necesarias, se procurará de nuevo el equilibrio económico-financiero de la concesionaria de modo que considerando los parámetros objetivos previstos en el plan económico-financiero, resulten compensados el interés general y el interés de la empresa explotadora.

Artículo 77. Revisión de tarifas y peajes en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración General del Estado.

El alcance y forma de las revisiones de tarifas y peajes en las autopistas de peaje en régimen de concesión, será el siguiente:

  1. Las revisiones se realizarán anualmente y tendrán como fundamento la modificación de los precios calculada como la variación anual de la media de los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística en los últimos doce meses de los índices de precios al consumo (grupo general para el conjunto nacional) sobre la misma media de los doce meses anteriores (en adelante IPCmedio) y del tráfico de cada concesión medido por la intensidad media diaria real de la misma en los últimos doce meses (en adelante IMDR) y la previsión de dicha intensidad media diaria (en adelante IMDP) reflejada en el plan económico financiero aprobado por la Delegación del Gobierno en las Sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje.

    A estos efectos, la revisión se realizará calculando el coeficiente CR, mediante la expresión:

Donde IPCmedio figurará expresado en tanto por uno con el signo que corresponda y el valor de X viene dado por:

Donde la IMD se referirá a los doce meses anteriores a la revisión, estando en todo caso limitado su valor por la siguiente fórmula expresada en porcentaje

El coeficiente CR aplicará a las tarifas TT-1 vigentes de cada concesión de forma que la tarifa T1 revisada para cada momento, sea:

  1. El procedimiento de revisión de tarifas y peajes se ajustará a los siguientes trámites:

    • Con fundamento en la variación a que se hace referencia en el apartado anterior, el concesionario solicitará del Ministerio de Fomento, antes del 1 de diciembre la oportuna revisión de sus tarifas, y presentará simultáneamente con tal petición la propuesta de los peajes correspondientes.

    • Solicitada la revisión al Ministerio de Fomento, a través de la Delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje que efectuará su comprobación, este órgano la elevará al Ministro del Departamento para su resolución, que deberá producirse dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la solicitud, mediante orden ministerial.

    • Las tarifas revisadas entrarán en vigor el 1 de enero de cada año.

  2. Para las tarifas de cada concesión pendiente de puesta en servicio en el momento de entrada en vigor de esta Ley y hasta el período siguiente al de la puesta en servicio de algún tramo de la concesión, la variable X adoptará el valor definido por

Una vez que haya entrado en servicio algún tramo de la concesión, las revisiones se llevarán a cabo mediante el procedimiento general establecido en los apartados anteriores.

CAPÍTULO IX.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE AGRICULTURA

Artículo 78. Declaración de interés general de determinadas obras de infraestructuras hidráulicas con destino a riego.

Se declaran de interés general las siguientes obras:

  1. Obras de modernización y consolidación de regadíos:

    • Islas Baleares:

      • Construcción de la balsa número 2 y tuberías de conexión para la zona regable del Pla de Sant Jordi (Mallorca).

      • Mejora del regadío y sustitución de aguas potables en la zona de Sóller (Mallorca).

      • Aprovechamiento integral de las aguas depuradas para riego en la zona de Inca (Mallorca).

      • Sustitución de aguas potables. Ampliación zona regable de Ciutadella (Menorca).

      • Eliminación de vertidos y aprovechamiento agrícola en Mercadal (Menorca).

      • Ampliación zona de riego de Santa Eulalia en Sant Joan de Labritja (Ibiza).

    • Islas Canarias:

      • Depósito regulador en Tías y tuberías de conexión con la red de aguas depuradas de Arrecife a Tinajo. TT.MM. de Tías y San Bartolomé (isla de Lanzarote).

      • Planta desaladora en la isla Baja. T.M. de Buenavista (isla de Tenerife).

      • Conexión red de agua desalada de Arucas con la red de impulsión de las aguas depuradas de Cardones. T.M. de Arucas (isla de Gran Canaria).

      • Tuberías de interconexión de las balsas de las Medianías de Gran Canaria. TT.MM. de San Mateo, Teror y Santa Brígida (isla de Gran Canaria).

      • Construcción de depósito de regulación de las aguas desaladas y depuradas en Gáldar (isla de Gran Canaria).

      • Red de riego de la balsa de los Dos Pinos 2ª fase. TT.MM. de Los Llanos de Aridane y El Paso (isla de la Palma).

      • Telecontrol de las redes de riego a presión de Las Haciendas (La Palma).

      • Red de riego Las Hoyas-EI Remo (La Palma).

      • Red de riego La Costa de Fuencaliente (La Palma).

    • Extremadura:

      • Consolidación y modernización de los regadíos tradicionales de La Codosera (Badajoz).

    • Comunidad Valenciana:

      • Mejora y modernización de regadíos Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante).

      • Planta desalinizadora para la Sociedad Cooperativa Ltda, de Pilar de la Horadada (Alicante).

      • Mejora y modernización de regadíos Comunidad General de Regantes de La Pedrera (Alicante).

      • Mejora y modernización de regadíos Acequia Real del Júcar (Valencia).

      • Mejora y modernización de regadíos Comunidad de Regantes de Enguera (Valencia).

      • Mejora y modernización de regadíos Comunidad General del Canal Principal del Camp del Turia (Valencia).

      • Mejora y modernización de regadíos Comunidad de Regantes cota 220 del río Mijares (Castellón).

    • Castilla y León:

      • Sustitución de la red secundaria de riego existente en la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos (León).

      • Modernización de las infraestructuras de riego para transformación de riego a pie a riego por aspersión en la Comunidad de Regantes de Las Vegas del Almar (Salamanca).

      • Instalación de tres grupos de bombeo y mejora de la red de riego en la Comunidad de Regantes San Isidro Labrador de Benegiles (Zamora).

      • Actuaciones en mejora de cauces en tierra y acequias en mal estado para la Comunidad de Regantes del Canal Alto de Villares en Villagarcía de la Vega (León).

      • Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes del Canal de Velilla (León).

      • Sustitución de acequias en tierra por tuberías de P.V.C. para la Comunidad de Regantes del Canal de Aranda (Burgos).

      • Modernización de regadío a pie para sustituir el sistema de riego por regadío por aspersión para la Comunidad de Regantes del Canal de Babilafuente (Salamanca).

      • Instalación de válvulas y modernización de los hidrantes para la Comunidad de Regantes del Canal de Villoria (Salamanca).

      • Sustitución de la obra de toma en el Canal Alto de Villarés y renovación de acequias para el Sindicato Central del Embalse de Villameca (León).

      • Sustitución y reparación de acequias para la Comunidad de Regantes del Canal de Castañón (León).

      • Mejora y modernización de las acequias y redes de riego de la Comunidad General de Regantes del Páramo (León).

      • Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes de la Vega de Abajo en Vecilla de la Vega (León).

      • Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes Presa Cerrajera en Santa Marina del Rey (León).

      • Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes Presa de la Tierra en Vecilla de la Vega (León).

      • Mejora de la red de riego de la Comunidad de Regantes Reguero Grande de la Sierna en Huerga de Garaballes (León).

      • Reparación de acequias principales para la Comunidad de Regantes de La Nava de Campos (Palencia).

      • Captación e impulsión desde el río Pisuerga y modernización de regadío de la Comunidad de Regantes de Villaviudas (Palencia).

      • Reparación y sustitución de acequias para modernización de riego en la Comunidad de Regantes del Serrón-Becerril (Palencia).

      • Modernización de regadío para la Comunidad de Regantes de Rio Tirón, Cauce Molinar, Santa Cruz y Valdeancho de Belorado (Burgos).

    • Cataluña:

      • Sustitución de hidrantes para la Comunidad de Regantes de Benissanet (Tarragona).

      • Entubado y obras complementarias para la Comunidad de Regantes de Ull Benavent (Lleida).

      • Mejora de la gestión del agua y red de riego para la Comunidad de Regantes número 17 de Canales de Urgell (Lleida).

      • Mejoras en la red de desagüe en la Comunidad de Regantes de la Margen Derecha del Ebro en Poblenou del Delta (Tarragona).

      • Mejora de la gestión del agua y red de riego para la Comunidad de Regantes Sant Jaume en Almenar y Vilanova Segriá (Lleida).

      • Construcción de embalse para regulación del riego y reparación de tramos para la Comunidad de Regantes del Alt Urgell, Tárrega (Lleida).

      • Aprovechamiento hidroeléctrico de la acequia de Bellver de Cerdanya de la Comunidad de Regantes de Beliver de Cerdanya (Lleida).

      • Balsa de riego y red de distribución colectividad número 13 Jurisdicción de Torregrossa, ramal del Farré del ramal 16 de la acequia Boquera B-3 de los Canales de Urgell. T M. Torregrosa, de la Colectividad de Regantes número 13 de los Canales de Urgell (Lleida).

      • Reposición de la ribera de riego La Mina de la Comunidad de Regantes de las Huertas de Térmens T.M. Térmens (Lleida).

      • Ampliación y acondicionamiento balsa de regulación y red riego a presión de la Comunidad de Regantes Aubarells, toma C-72 del Canal de Aragón Catalunya. T.M. de Almenar (Lleida).

      • Mejoras en la infraestructura de saneamiento del Delta del Ebro de la Comunidad General de Regantes del Canal Derecho del Ebro (Tarragona).

      • Canalización de la acequia del Abourador de la Comunidad de Regantes del Rec del Molí (Girona).

      • Desagüe de la interconexión entre las estaciones de bombeo del Molinet y Maquinela de la Comunidad General de Regantes Canal Derecho del Ebro (Tarragona).

      • Obras de consolidación y modernización de los regadíos de la Comunidad General de Regantes del Canal Izquierdo del Ebro (Tarragona).

      • Revestimiento con hormigón proyectado de las cuatro acequias principales de los Canales de Urgell-Comarcas de La Noguera, Urgell, Segriá, Pla de Urgell i Garrigues, de la Comunidad General de Regantes de los Canales de Urgell (Lleida).

    • Comunidad de Madrid:

      • Mejora de la superficie regable de los términos municipales de Morata de Tajuña y Chinchón, Comunidades de Regantes de Morata de Tajuña y Chinchón (Madrid).

    • Castilla-La Mancha:

      • Mejora modernización y consolidación de la Zona regable del río Calvache, en Barajas de Melo (Cuenca).

      • Mejora y modernización de la Zona Regable de Magán (Toledo).

      • Mejora de los regadíos tradicionales en la zona Balazote-La Herrera (Albacete).

      • Mejora y modernización de la Zona Regable de Estremera (Guadalajara-Toledo).

      • Modernización de la Zona Regable de Hellín (Albacete).

      • Mejora y modernización de regadíos en el embalse de El Vicario (Ciudad Real).

      • Mejora y modernización de los regadíos del pantano de Almansa (Albacete).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la Zona Regable del Estrecho de Peñarroya (Ciudad Real).

      • Modernización de los regadíos del canal del Henares (Guadalajara).

      • Mejora de los regadíos del Badiel (Guadalajara).

      • Mejora de los regadíos del alto y medio Tajuna (Guadalajara).

      • Mejora del regadío en la Zona Regable del Villalvilla, Júcar y Mariana (Cuenca).

      • Modernización de los riegos de Agramón (Albacete).

      • Mejora y modernización de regadíos en el sector del Rincón del Moro, en Tobarra (Albacete).

      • Mejora y modernización de la Zona Regable de Valdepusa, Sector IV (Toledo).

      • Mejora y modernización de la Zona Regable de El Simarro, en Casas de Fernando Alonso (Cuenca).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la vega del río Jabalón y Segurilla (Ciudad Real).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la vega de Santa María, en Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la zona regable de los Mirones (Ciudad Real).

      • Mejora de los regadíos del Atance (Guadalajara).

      • Mejora de los regadíos del valle del Mesa (Guadalajara).

      • Consolidación de los regadíos de la Gineta I (Albacete).

      • Mejora y modernización de los regadíos de la Fuente la Canal, en Tobarra (Albacete).

      • Mejora de los riegos del Tajo, entre Almoguera y Driebes (Guadalajara).

      • Mejora y modernización de los regadíos de la huerta de Herencia (Ciudad Real).

      • Mejora y modernización del regadío en la vega de San Pedro (Albacete).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la vega del río Oregón, en Santa Cruz de los Cáñamos (Ciudad Real).

      • Instalación de contadores en la vega de Ontur y Albatana (Albacete).

      • Consolidación y mejora de regadíos en la vega del río Villanueva de la Fuente (Ciudad Real).

      • Mejora y modernización de los regadíos de las Fuentes de Letur (Albacete).

      • Mejora y modernización de los regadíos de la vega del río Lezuza (Albacete).

      • Consolidación de la Zona Regable de Los Llanos de Albacete (Albacete).

      • Mejora y modernización de regadíos en la Comunidad de Regantes del Canal de los Auriles (Ciudad Real).

      • Regadíos de El Pedernoso (Cuenca).

      • Regadíos de Bonete (Albacete).

      • Torre de Abraham margen izquierda (Ciudad Real).

      • Vegas de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

      • Las Ochocientas. Los Pozuelos (Ciudad Real).

      • La Rinconada. Puebla de Montalbán (Toledo).

      • Corralejo. Cazalegas (Toledo).

      • El Bercial. Alcolea de Tajo (Toledo).

      • Canal bajo del Alberche (Toledo).

      • Valdajos. Villarrubia de Santiago (Toledo).

      • Rio Cedrón. La Guardia (Toledo).

      • Huerta de Valdecarábanos II (Toledo).

      • Regadíos tradicionales del Júcar alto (Cuenca).

      • Regadíos tradicionales del alto Tajo (Cuenca y Guadalajara).

      • Pantano de Gasset (Ciudad Real).

      • Alta cabecera del Segura (Albacete).

    • La Rioja:

      • Canalización del río Madre, fase III, de la Comunidad de Regantes del Río Ebro de Alfaro (La Rioja).

      • Canalización del río Madre, fase IV, de la Comunidad de Regantes del Río Ebro de Alfaro (La Rioja).

      • Canalización del No Madre, fase V, de la Comunidad de Regantes del Río Ebro de Alfaro (La Rioja).

      • Canalización de la Acequia Madre río Guarre, desde su inicio hasta la carretera de Grávalos y de sus brazales principales de la Comunidad de Regantes del río Alhama de Alfaro (La Rioja).

      • Canalización de la acequia madre de Sorban, fase I, de la Comunidad General de regadíos de Calahorra (La Rioja).

      • Canalización del río Madre Los Molinos, desde su inicio hasta el Recuenco, de la Comunidad General de regadíos de Calahorra (La Rioja).

      • Canalización del río Madre de la Ribera, Fase II, de la Comunidad General de regadíos de Calahorra (La Rioja)

      • Mejora del regadío de Camporeo en Murillo de Río Leza (La Rioja).

    • Andalucía:

      • Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de San Martín del Tesorillo, en el término municipal de Jimena de la Frontera y otros (Cádiz)

      • Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes de San Pablo de Buceite, en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz).

    • Región de Murcia:

      • Planta desalinizadora para producir 5 Hm3laño de la Comunidad de Regantes La Marina de Águilas (Murcla).

      • Embalse de regulación filtrado red de tuberías para riego localizado de la Comunidad de Regantes de la Huerta de Ricote (Murcia).

      • Instalación de 600 cabezales para riego localizado y automatización de la Comunidad de Regantes de Sangonera La Seca (Murcia).

      • Instalación de 340 cabezales para riego localizado y embalse regulador de la Comunidad de Regantes sectores I y II, zona V (Murcia).

      • Embalse de regulación, red de riego por goteo y automatización de la Comunidad de Regantes de Churra La Nueva (Murcia).

      • Red de riego por goteo y automatización de la Comunidad de Regantes Embalse del Argos, Calasparra (Murcia).

      • Red de riego por goteo y automatización de la Comunidad de Regantes Heredamiento de Alguazas (Murcia).

      • Red de riego de la Comunidad General del Noroeste Caravaca de la Cruz (Murcia).

    • País Vasco:

      • Obras de mejora y modernización de los regadíos de las zonas regables de Valles Alaveses, Río Rojo-Berantevilla y Rioja Alavesa (Zona Este), con recursos de las regulaciones de los ríos Omecillo, Tumecillo y Bayas en la provincia de Álava.

  2. Obras de transformación en riego:

    • Castilla-La Mancha:

      • Obras de transformación y puesta en riego de la Zona Regable de La Sagra-Torrijos, sector III (Toledo).

2. Las obras incluidas en este artículo llevarán implícitas las declaraciones siguientes:

  1. La de utilidad pública a los efectos previstos en los artículos 9, 10 y 11 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.

  2. La de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectos a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

3. Esta declaración de interés general permitirá las expropiaciones forzosas requeridas para dichas obras y la urgente ocupación de los bienes afectados.

CAPÍTULO X.
DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE CULTURA

Artículo 79. Modificación de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.

La disposición transitoria única de la Ley 17/1994, de 8 de junio, de Protección y Fomento de la Cinematografía, modificada por la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, queda redactada en los siguientes términos:

Disposición transitoria única.

Los productores de las películas españolas de largometraje estrenadas comercialmente en España hasta el 31 de diciembre del año 2001 podrán percibir las ayudas para la amortización acordadas por el Gobierno en aplicación de las medidas de fomento contenidas en el artículo 4 de esta Ley, con los límites y condiciones previstos en los correspondientes Reales Decretos que sean de aplicación y del crédito presupuestario disponible. No obstante, las películas que se estrenen con posterioridad al 31 de diciembre de 2000 sólo darán derecho a las ayudas previstas en dichos Reales Decretos, si su estreno fuese anterior a la entrada en vigor de una nueva norma con rango de Ley en la que se establezca un nuevo sistema de ayudas a la cinematografía.

A partir del 1 de enero de 2001 el Gobierno podrá limitar los porcentajes de ayuda establecidos.

CAPÍTULO XI.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES

Artículo 80. Modificación de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que queda redactado de la siguiente manera:

1. Cuando por las razones previstas en el artículo anterior el Ministerio de Ciencia y Tecnología limite el número de licencias individuales a otorgar para instalar o explotar una determinada categoría de redes o prestar determinados servicios de telecomunicaciones, se tramitará un procedimiento de licitación para el otorgamiento de los títulos habilitantes.

Para ello, se aprobará, mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el pliego de bases y la convocatoria de licitación correspondiente a la categoría de los servicios o de las redes cuya prestación, instalación o explotación se sujeta a limitación. En este caso, el Consejo de Ministros deberá resolver sobre el otorgamiento de la licencia en un plazo máximo de ocho meses desde la convocatoria de la licitación. A falta de resolución expresa, se entenderán desestimadas las solicitudes.

Dos. Se modifica el artículo 25 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedará redactado del siguiente modo:

Artículo 25. Resolución de conflictos.

De los conflictos en materia de interconexión de redes si los obligados a permitirla no lo hicieran voluntariamente y de los relativos a la ejecución e interpretación de los acuerdos de interconexión y de los producidos por el acceso a las redes públicas de telecomunicaciones, conocerá la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Ésta, previa audiencia de las partes, dictará resolución vinculante sobre los extremos objeto del conflicto, en el plazo máximo de seis meses a partir del momento en que se pida su intervención, sin perjuicio de que puedan adoptarse medidas provisionales hasta el momento en que se dicte la resolución definitiva.

La resolución adoptada por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones será recurrible en vía contencioso-administrativa.

Tres. El artículo 55 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedará redactado de la siguiente forma:

Artículo 55. Normalización técnica.

1. El Ministerio de Ciencia y Tecnología velará porque los operadores de redes públicas de telecomunicaciones publiquen las especificaciones técnicas precisas y adecuadas de las interfaces de red ofrecidas en España, con anterioridad a la posibilidad de acceso público a los servicios prestados a través de dichas interfaces y que publiquen, de forma periódica, las especificaciones actualizadas.

Estas especificaciones serán lo suficientemente detalladas como para permitir el diseño de equipos terminales de telecomunicaciones capaces de utilizar todos los servicios prestados a través de la interfaz correspondiente.

Las citadas especificaciones incluirán una descripción completa de las pruebas necesarias para que los fabricantes de los equipos que se conectan a las interfaces, puedan garantizar su compatibilidad con las mismas.

2. El Ministerio de Ciencia y Tecnología podrá aprobar especificaciones técnicas distintas de las anteriores para aparatos de telecomunicación, cuando así lo prevea la normativa aplicable y previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo las especificaciones técnicas de los aparatos utilizados por las Fuerzas Armadas se determinarán por el Ministerio de Defensa, debiendo ser compatibles con las de las redes públicas de telecomunicación para que sea posible su conexión con las mismas en los términos previstos en el párrafo tercero del apartado 2 del artículo 5.

Cuatro. El artículo 56 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 56. Evaluación de la conformidad.

Los aparatos de telecomunicación para los cuales:

  1. Exista una norma que así lo prevea.

  2. Requieran la utilización del espectro de frecuencias radioeléctricas.

  3. Estén destinados a conectarse directa o indirectamente a los puntos de terminación de una red pública de telecomunicaciones, con el objeto de enviar, procesar o recibir señales.

  4. Puedan perturbar el normal funcionamiento de un servicio de telecomunicación.

Deberán evaluar su conformidad con los requisitos esenciales recogidos en las normas que los contengan ser conformes con otras disposiciones que se establezcan e incorporar el marcado correspondiente como consecuencia de la evaluación realizada.

Cinco. El artículo 57 de la Ley 11/1998 de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 57. Necesidad de la evaluación de la conformidad.

1. Para la puesta en el mercado puesta en servicio y para la utilización de un aparato de telecomunicaciones de los indicados en el artículo 56, será requisito imprescindible que el fabricante establecido en la Unión Europea o su mandatario establecido en la misma, caso de que el fabricante no lo estuviese haya verificado, previamente, la conformidad de los aparatos con las normas que les sean de aplicación mediante los procedimientos que se determinen en el Reglamento que se establezca al efecto.

2. La conformidad anteriormente indicada incluye la autorización administrativa para la conexión de los aparatos destinados a conectarse a los puntos de terminación de una red pública de telecomunicaciones. Esta evaluación no supone autorización de uso para los equipos radioeléctricos sujetos a la obtención de licencia en los términos establecidos en la presente Ley.

3. El Ministerio de Ciencia y Tecnología fomentará y apoyará procedimientos alternativos de Certificación voluntaria para los aparatos de telecomunicación que incluirán al menos, la evaluación de la conformidad indicada en los capítulos anteriores.

4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología realizará los controles adecuados para asegurar que los equipos puestos en el mercado han evaluado su conformidad de acuerdo con lo dispuesto en este título IV.

Seis. El artículo 59 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 59. Reconocimiento mutuo.

1. Los aparatos de telecomunicación destinados a su conexión a una red pública de telecomunicaciones que hayan evaluado su conformidad en otro Estado miembro de la Unión Europea, sean conformes con los requisitos esenciales establecidos e incorporen el marcado CE por esta causa tendrán la misma consideración, en lo que se refiere a lo dispuesto en este Título IV, a los aparatos cuya conformidad se ha verificado en España.

2. Los aparatos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico y hayan evaluado la conformidad en otro Estado miembro de la Unión Europea, e incorporen el marcado CE por esta causa más el número de organismo notificado que haya intervenido en la evaluación de la conformidad, en su caso, tendrán la misma consideración en lo que se refiere a lo dispuesto en este Título IV, a los aparatos cuya conformidad se haya verificado en España.

3. Los aparatos de telecomunicación que utilicen el espectro radioeléctrico con parámetros de radio no armonizados en la Unión Europea no podrán ser puestos en el mercado mientras no hayan sido autorizados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, además de haber evaluado la conformidad con las normas aplicables a los mismos.

4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología establecerá los procedimientos para el reconocimiento de la conformidad de los aparatos de telecomunicación afectos a los acuerdos de reconocimiento mutuo que establezca la Unión Europea con terceros países.

Siete. Se modifica el último inciso del párrafo primero del artículo 60 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, que quedará redactado de la siguiente manera:

Reglamentariamente se establecerán, previa audiencia de los Colegios Profesionales afectados y de las asociaciones representativas de las empresas de construcción e instalación, las condiciones aplicables a los operadores e instaladores de equipos y aparatos de telecomunicaciones a fin de que acreditando su competencia profesional, se garantice la puesta en servicio de los equipos y aparatos. Será preciso que en todo caso se mantengan inalteradas las condiciones bajo las cuales se ha verificado la conformidad en los términos establecidos en los artículos anteriores de este Título.

CAPÍTULO XII.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE

Artículo 81. Declaración de interés general de determinadas obras hidráulicas.

Uno. A efectos de lo establecido en el artículo 44.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se declaran como obras hidráulicas de interés general, las plantas desaladoras de agua de mar como aportación de nuevos recursos hidráulicos en las Illes Balears.

Dos. Las obras incluidas en este artículo llevan implícita la declaración de urgencia a los efectos de la ocupación de los bienes afectados a que se refiere el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Artículo 82. Modificación de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, que queda con la siguiente redacción:

Disposición adicional primera. Excepciones a la aplicación de las obligaciones establecidas en el artículo 6 o, en su caso, en la sección II del capítulo IV.

1. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en el artículo 6 o, en su caso, en la sección II del capítulo IV, los envases industriales o comerciales, salvo que los responsables de su puesta en el mercado decidan someterse a ello de forma voluntaria o que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 5 de esta disposición adicional. Cuando estos envases pasen a ser considerados como residuos, sus poseedores estarán obligados a entregarlos de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.

2. Quedan asimismo excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en el artículo 6, o en su caso, en la sección II del capítulo IV, los envases reutilizables a los que sea de aplicación lo establecido en las Órdenes ministeriales de 31 de diciembre de 1976 y de 16 de junio de 1979 modificadas por sendas Órdenes ministeriales de 30 de noviembre de 1981, por las que se regulan las garantías obligatorias de envases y embalajes en las ventas de cerveza y bebidas refrescantes y de aguas de bebida envasadas, respectivamente.

Igualmente, quedan excluidos los envases reutilizables no industriales o comerciales para los que los envasadores y comerciantes establezcan sistemas propios de depósito, devolución y retorno, previa autorización de las Comunidades Autónomas en las que se implanten estos sistemas.

No obstante, cuando los envases a que hacen referencia los dos párrafos anteriores pierdan la condición de reutilizables y pasen, por tanto, a ser residuos de envases, los envasadores quedarán obligados a entregarlos de acuerdo con lo establecido en el artículo 12.

3. En todo caso los agentes económicos a los que sea de aplicación lo establecido en los apartados 1 y 2, deberán suministrar a los órganos competentes de las Comunidades Autónomas la información que obre en su poder, de conformidad con lo establecido en el artículo 15.

4. El Gobierno podrá establecer que determinados envases, por sus especiales características de tamaño, composición o diseño, queden excluidos del ámbito de aplicación de lo establecido en el artículo 6, o, en su caso, en la sección II del capítulo IV, siempre que quede suficientemente garantizado el cumplimiento de los objetivos de reducción reciclado y valorización fijados en el apartado 1 del artículo 5 de esta Ley.

5. Reglamentariamente podrá establecerse que determinados envases industriales o comerciales no puedan acogerse a la exención regulada en el apartado 1 cuando su composición o la del material que hayan contenido presenten unas características de peligrosidad o toxicidad que comprometan el reciclado, la valorización o la eliminación de las distintas fracciones residuales constitutivas de los residuos o supongan un riesgo para la salud de las personas o el medio ambiente.

CAPÍTULO XIII.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANIDAD

Artículo 83. Modificación de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 94 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que queda redactado de la siguiente forma:

1. Una vez autorizada y registrada una especialidad farmacéutica se decidirá, con carácter previo a su puesta en el mercado, si se incluye, modalidad en su caso, o se excluye de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, con cargo a fondos de ésta o a fondos estatales afectos a la sanidad.

Igualmente, una vez autorizada y registrada una especialidad farmacéutica o siempre que se produzca una modificación de la autorización que afecte al contenido de la prestación farmacéutica, el Ministerio de Sanidad y Consumo decidirá, con carácter previo a su puesta en el mercado, las indicaciones incluidas modalidad en su caso, o excluidas de la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, con cargo a fondos de ésta o a fondos estatales afectos a la sanidad.

Se tendrán en cuenta criterios generales, objetivos y publicados y concretamente los siguientes:

  1. Gravedad, duración y secuelas de las distintas patologías.

  2. Necesidades de ciertos colectivos.

  3. Utilidad terapéutica y social del medicamento.

  4. Limitación del gasto público destinado a prestación farmacéutica.

  5. Existencia de medicamentos ya disponibles y otras alternativas mejores o iguales para las mismas afecciones a menor precio o inferior costo de tratamiento.

Dos. Se añade un nuevo apartado 3 al artículo 104 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, con la siguiente redacción:

3. Las especialidades farmacéuticas que conforme a lo previsto en el artículo 94 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, hayan sido excluidas de la financiación con cargo a fondos de la Seguridad Social o a fondos estatales afectos a la sanidad y que tienen indicaciones no excluidas de la misma, se considerarán financiadas por dichos fondos, a efectos de la fijación y de la revisión de su precio.

CAPÍTULO XIV.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Artículo 84. Modificación de la Ley 13/1986 de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

Se modifican los siguientes preceptos de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica:

Uno. El apartado 2.a) del artículo 6 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica tendrá la siguiente redacción:

  1. Programas Nacionales de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que serán elaborados por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, e integrarán las iniciativas sectoriales propuestas por los distintos Departamentos ministeriales y organismos públicos de titularidad estatal, y, en su caso, las que propongan otras entidades públicas o privadas. Esta Comisión determinará, asimismo, a quien corresponde la gestión y ejecución de los mismos y su duración.

Dos. Se suprime el apartado 2.b) del artículo 6 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica.

Tres. Los apartados 2.c) y 2.d) del artículo 6 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, pasan a ser los apartados 2.b) y 2.c) de dicho artículo.

Cuatro. Se da la siguiente redacción al apartado 4 del artículo 6 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica:

4. El Plan Nacional se financiará con fondos procedentes de los Presupuestos Generales del Estado y de otras Administraciones públicas, nacionales o supranacionales, así como con aportaciones de entidades públicas y privadas, y con fondos procedentes de tarifas fijadas por el Gobierno.

Cinco. El apartado 2 del artículo 7 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tendrá la siguiente redacción:

2. Asimismo, el Gobierno nombrará una Comisión permanente, cuyas funciones serán establecidas por la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, como Departamento responsable de la política de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, asumirá las funciones de apoyo a la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología y a la Comisión Permanente.

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, previa autorización del organismo correspondiente, podrá adscribir temporalmente a tiempo completo o parcial, personal científico, expertos en desarrollo tecnológico y otros especialistas relacionados con actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico que presten servicios en Departamentos ministeriales, Comunidades Autónomas, universidades, organismos públicos de investigación y entidades públicas o privadas. La adscripción se producirá con reserva de puesto de trabajo, excepto en el caso de que el personal prestara servicios en entidades privadas. De las adscripciones efectuadas deberán informarse a la Comisión permanente en la primera reunión que ésta celebre.

Los departamentos ministeriales, organismos y órganos de titularidad estatal también podrán adscribir para colaborar en la elaboración, evaluación, seguimiento y gestión de los programas que la Comisión interministerial les encomiende personal científico, expertos en desarrollo tecnológico y otros especialistas relacionados con actividades de I+D en las mismas condiciones que el órgano citado en el párrafo anterior y previa autorización expresa de la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología. La adscripción a tiempo parcial del personal mencionado anteriormente será compatible con el desempeño, igualmente en régimen de prestación a tiempo parcial, del puesto de trabajo que vinieran ocupando. También podrán contratar, por tiempo no superior a la duración del programa, a cualquier tipo de personal no adscrito al sector público conforme a lo establecido en el artículo 15.1 párrafo a) del Estatuto de los Trabajadores. La Comisión podrá solicitar el asesoramiento de los órganos de planificación, coordinación y seguimiento de investigación de las Administraciones públicas.

Seis. El artículo 13 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tendrá la siguiente redacción:

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC,) el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), el Instituto Geológico y Minero (IGME), el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y el Instituto de Salud Carlos III, se regirán por la presente Ley, por su legislación específica y por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Siete. El apartado 2 del artículo 19 de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tendrá la siguiente redacción:

2. Los contratos de prestación de servicios de investigación que realicen los organismos a que se hace referencia en el apartado anterior, quedan exceptuados en el ámbito de aplicación del Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas y se regirán por las normas de Derecho Civil y Mercantil que les sean de aplicación.

Ocho. La disposición adicional cuarta de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tendrá la siguiente redacción:

El Gobierno, a iniciativa de los Departamentos ministeriales a los que esten adscritos los Organismos públicos de investigación a los que se refiere esta Ley, y a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, dictará las normas necesarias para facilitar e incentivar la movilidad del personal investigador al servicio de los organismos públicos de investigación dependientes de la Administración del Estado. Asimismo, y de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales, en su caso, se establecerán medidas para facilitar e incentivar la movilidad de este personal entre las respectivas administraciones públicas.

Nueve. La disposición adicional quinta de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, tendrá la siguiente redacción:

Se faculta al Ministerio de Ciencia y Tecnología para regular la participación y representación de los científicos españoles agrupados en sociedades científicas en el Consejo Internacional de Uniones Científicas y en sus Uniones, así como en aquellas otras uniones o comisiones científicas internacionales que por su carácter exigieran tal regulación.

Diez. La disposición adicional undécima de la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, en la modificación que realiza del artículo 4 del Real Decreto-ley 7/1982, de 30 de abril, tendrá la siguiente redacción:

Artículo 4.

El Consejo Rector estará integrado por el Ministro de Ciencia y Tecnología que actuará como Presidente, un vocal en representación de la Administración General del Estado, que será nombrado a propuesta del Ministro de la Presidencia, y tres vocales más nombrados en representación de cada una de las restantes Administraciones públicas y organismos que se relacionan en el artículo 1.

Formará parte del Consejo Rector, asimismo, el Director del Instituto, que será miembro nato.

CAPÍTULO XV.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SEGURIDAD PRIVADA

Artículo 85. Modificación de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.

Se añade una disposición adicional quinta del siguiente tenor:

La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podrá autorizar la prestación de funciones de acompañamiento, defensa y protección, por parte de los escoltas privados, de personas que tengan la condición de autoridades públicas, cuando las circunstancias así lo recomienden.

CAPÍTULO XVI.
ACCIÓN ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE NAVEGACIÓN AÉREA

Artículo 86. Compañías aéreas titulares de licencias de explotación.

Cuando adopten la forma jurídica de sociedad, el capital social de las compañías aéreas españolas titulares de una licencia de explotación concedida conforme al Reglamento CEE 2407/92, del Consejo, de 23 de julio, estará representado por participaciones o acciones nominativas en las que debe constar expresamente la nacionalidad del accionista.

Cuando una compañía aérea de las antes descritas a través de los registros de accionistas a los que tenga acceso, tenga conocimiento de que por razón de los porcentajes directa o indirectamente en poder de personas físicas o jurídicas extranjeras, existiera riesgo para el mantenimiento de las licencias de explotación o para el ejercicio de los derechos de tráfico derivados de los convenios aéreos bilaterales suscritos por España, deberá ponerlo en conocimiento de las sociedades rectoras de las Bolsas y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a efectos de la debida publicidad y de que por las citadas instituciones se proceda a comunicar dicha circunstancia a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito habilitadas para prestar servicios de inversión. A su vez, se comunicará también dicha circunstancia al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Aviación Civil. A partir de que tal circunstancia quede debidamente comunicada no podrá tener lugar ninguna adquisición o transmisión de acciones por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras, si la misma no se acompaña de certificación expedida por el consejo de administración de la compañía aérea acreditativa de que dicha adquisición o transmisión no supera los límites requeridos por la normativa comunitaria o los convenios aéreos bilaterales suscritos por España en materia de transporte aéreo, a efectos de acreditar el carácter de compañía aérea española.

En el supuesto de que la compañía aérea tenga conocimiento de cualquier adquisición o transmisión de acciones que, contraviniendo lo establecido en el párrafo anterior pueda poner efectivamente en peligro los requisitos establecidos por la legislación y convenios antes citados el consejo de administración de la compañía podrá proceder a la adquisición de las acciones de que se trate para su ulterior amortización adquisición que se llevara a cabo al precio más bajo entre el correspondiente al de cotización del día de la adquisición indebida de las acciones de que se trate y el valor teórico contable de las mismas acciones de acuerdo con el último balance de la compañía auditado y publicado en cumplimiento de la normativa aplicable a su condición de sociedad cotizada. En este último supuesto y hasta que se ejecute materialmente la transmisión a la compañía, el Consejo de Administración puede acordar la suspensión de los derechos políticos correspondientes a tales acciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Ampliación de la exención en modificación de Hipotecas .

Con efectos a partir del 1 de enero de 2001, se modifican los artículos 4 y 9 de la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de Préstamos hipotecarios, que quedarán redactados de la siguiente forma:

Artículo 4. Escritura.

En la escritura de subrogación sólo se podrá pactar la modificación de las condiciones del tipo de interés, tanto ordinario como de demora, inicialmente pactado o vigente.

Artículo 9. Beneficios fiscales y honorarios notariales y registrales en la novación modificativa de Préstamos hipotecarios.

Estarán exentas en la modalidad gradual de Actos Jurídicos Documentados las escrituras públicas de novación modificativa de Préstamos hipotecarios pactados de común acuerdo entre acreedor y deudor, siempre que el acreedor sea una de las entidades a que se refiere el artículo 1 de esta Ley y la modificación se refiera a las condiciones del tipo de interés, inicialmente pactado o vigente. Conjuntamente con la modificación del tipo se podrá pactar la alteración del plazo.

Para el cálculo de los honorarios notariales y registrales de dicho tipo de escrituras, se tomará como base la que resulte de aplicar al importe de la responsabilidad hipotecaria vigente el diferencial entre el interés del préstamo que se modifica y el nuevo interés.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Aplicación de la nueva deducción por tecnologías de la información y de la comunicación a empresarias personas físicas en régimen de estimación objetiva.

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que ejerzan actividades económicas y determinen su rendimiento neto en régimen de estimación objetiva les serán de aplicación las deducciones para el fomento de las tecnologías de la información y la comunicación previstas en el artículo 33 bis de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, en la forma y con los límites establecidos en el artículo 37 de la citada Ley y en el artículo 56.2 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias.

La base conjunta de estas deducciones tendrá como límite el rendimiento neto de las actividades económicas en régimen de estimación objetiva, computado para la determinación de la base imponible.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Reembolso del Impuesto General Indirecto Canario en las importaciones de bienes mediante agentes de aduanas.

El apartado decimocuarto del artículo 9 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social quedará redactado como sigue:

Decimocuarto. Reembolso del Impuesto General Indirecto Canario en las importaciones de bienes mediante agentes de aduanas.

A efectos del Impuesto General Indirecto Canario, en las importaciones de bienes realizadas mediante agentes de aduanas que hubiesen hecho efectivo el pago de dicho impuesto por cuenta del importador, se aplicarán las siguientes reglas:

  1. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 31, número 2 de la Ley 20/1991, el único documento justificativo del derecho a la deducción de las cuotas satisfechas a la importación será el documento acreditativo del pago del impuesto en el que conste el reconocimiento del agente de aduanas de haber obtenido de su cliente el reembolso del tributo.

    El agente de aduanas tendrá derecho de retención del documento a que se refiere esta regla hasta que haya obtenido el reembolso del impuesto.

  2. Si transcurrido un año desde el nacimiento del derecho a la deducción el importador, que tenga derecho a la deducción total del impuesto devengado por la importación, no ha reembolsado la cuota satisfecha con ocasión de dicha importación por el agente de aduanas, éste podrá solicitar de la Administración tributaria canaria su devolución en el plazo de los tres meses siguientes y en las condiciones y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.

    El agente de aduanas deberá acompañar a la solicitud de devolución el documento acreditativo del pago del impuesto, que quedará inutilizado a los efectos del ejercicio del derecho a la deducción o devolución.

  3. En los casos a que se refiere la regla 2 anterior no será de aplicación el supuesto de responsabilidad previsto en el apartado 3 del número 2 del artículo 21 bis de la Ley 20/1991.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA. Modificación de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico y normas tributarias.

El artículo 19 de la Ley 42/1998 quedará redactado como sigue:

Artículo 19. Impuesto sobre el Valor Añadido e Impuesto General Indirecto Canario.

1. Se aplicará el tipo reducido del 7 % del Impuesto sobre el Valor Añadido a las siguientes operaciones:

  1. Las prestaciones de servicios que consistan en la cesión de los derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles contemplados en el artículo 1 de la presente Ley.

  2. Cualquier otra forma de utilización de los bienes inmuebles por período determinado o determinable del año con prestación de alguno de los servicios complementarios propios de la industria hotelera.

  3. Los servicios contemplados en el artículo 91.uno.2.segundo de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, prestados por las personas físicas o jurídicas a las que se refiere el artículo 4.3 de la presente Ley.

2. A las operaciones señaladas en el apartado anterior, cuando se realicen en la Comunidad Autónoma de Canarias les será de aplicación el tipo general que, conforme a su legislación, esté previsto para el Impuesto General Indirecto Canario

DISPOSICIÓN ADICIONAL QUINTA. Beneficios fiscales aplicables a Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

Uno. El régimen de mecenazgo prioritario previsto en el artículo 67 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de interés General, será de aplicación a los programas y actividades relacionadas con Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004, siempre que se aprueben por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y se realicen por las entidades o instituciones a que se refieren el artículo 41 y disposición adicional sexta de la Ley 30/1994.

A estos efectos se elevarán en cinco puntos los porcentajes de deducción y la cuantía porcentual de los límites máximos de deducción establecidos con carácter general en la misma Ley, en relación con los programas y actividades que se realicen para tal acontecimiento hasta el final del período de su vigencia.

Dos. 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Sociedades podrán deducir de la cuota íntegra del impuesto el 15 % de las inversiones que, efectuadas en los términos municipales de Barcelona y Sant Adrià del Besòs, se realicen en cumplimiento de los planes y programas de actividades establecidos por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y consistan en:

  1. Elementos del inmovilizado material nuevos sin que, en ningún caso, se consideren como tales los terrenos.

  2. Obras de rehabilitación de edificios y otras construcciones que reúnan los requisitos establecidos en la normativa estatal sobre financiación de actuaciones protegidas en materia de viviendas que esté vigente en el momento de la ejecución de las obras de rehabilitación.

    Las citadas obras deberán cumplir, además las normas arquitectónicas y urbanísticas que al Respecto puedan establecer el Ayuntamiento y el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

  3. La realización en España o en el extranjero de gastos de propaganda y publicidad de proyección plurianual que sirvan directamente para la promoción del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y reciban la aprobación del Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004.

La base de la deducción será el importe total de la inversión realizada cuando el contenido del soporte publicitario se refiera de modo esencial a la divulgación de la celebración del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. En caso contrario, la base de la deducción será del 25 % de la inversión realizada.

2. Esta deducción, conjuntamente con las reguladas en el capítulo IV del Título VI de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, no podrá exceder de 35 % de la cuota íntegra, minorada en las deducciones para evitar la doble imposición interna e internacional y las bonificaciones, y será incompatible para los mismos bienes o gastos con las previstas en la citada Ley 43/1995, de 27 de diciembre. Las cantidades no deducidas podrán aplicarse respetando igual limite, en las liquidaciones de los períodos impositivos que concluyan en los cinco años inmediatos y sucesivos.

El cómputo de los plazos para la aplicación de las deducciones previstas en el presente capítulo podrá diferirse hasta el primer ejercicio en que, dentro del período de prescripción, se produzcan resultados positivos, en los siguientes casos:

  1. En las entidades de nueva creación.

  2. En las entidades que saneen pérdidas de ejercicios anteriores mediante la aportación efectiva de nuevos recursos, sin que se considere como tal la aplicación o capitalización de reservas.

Tres. A los sujetos pasivos que ejerzan actividades económicas en régimen de estimación directa les será de aplicación la deducción establecida en el apartado anterior en los términos y con las condiciones que prevé la normativa del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Cuatro. Las transmisiones patrimoniales sujetas al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados gozarán de una bonificación del 95 % de la cuota cuando los bienes y derechos adquiridos se destinen directa y exclusivamente por el sujeto pasivo a la realización de inversiones con derecho a deducción a que se refieren los apartados anteriores.

Cinco, 1. Los sujetos pasivos del Impuesto sobre Actividades Económicas gozarán de una bonificación del 95 % en las cuotas y recargos correspondientes a las actividades de carácter artístico cultural, científico o deportivo que hayan de tener lugar durante la celebración de Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 y que certifique el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 que se enmarcan en sus planes y programas de actividades.

2. Las empresas o entidades que desarrollen exclusivamente los objetivos de Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 según certificación del Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 gozarán de una bonificación del 95 % en todos los impuestos y tasas locales que puedan recaer sobre sus operaciones relacionadas con dicho fin.

3. A los efectos previstos en este apartado no será de aplicación lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales.

Seis. El disfrute de los beneficios fiscales previstos en la presente disposición requerirá el reconocimiento previo de la Administración tributaria sobre su procedencia en la forma que reglamentariamente se determine.

A tal efecto a la solicitud de reconocimiento deberá acompañarse certificación expedida por el Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 de que las inversiones con derecho a deducción se han realizado en cumplimiento de sus planes y programas de actividades así como de las demás circunstancias previstas en esta disposición.

Posteriormente, la Administración tributaria comprobará la concurrencia de las circunstancias o requisitos necesarios para el goce de los beneficios fiscales practicando en su caso la regularización que resulte procedente de la situación tributaria de los sujetos pasivos.

Siete. El Consorcio Organizador del Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004 remitirá a la Dirección General de Tributos copia de los certificados emitidos en relación con los beneficios contenidos en la presente disposición adicional en los meses de enero abril, julio y octubre, para su ulterior remisión a los órganos de gestión correspondientes.

Ocho. 1. La presente disposición tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2002 hasta el 31 de diciembre de 2004.

2. Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo previsto en la presente disposición adicional.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEXTA. Modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Se añade una nueva disposición adicional, la vigésima segunda, a la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, que queda redactada del siguiente modo:

Disposición adicional vigésima segunda. Del pago de las tarifas.

1. Exigibilidad.

Las tarifas serán exigibles desde que se solicite la prestación del servicio, o bien cuando el buque haya entrado en puerto, atraque en el muelle o se inicien las operaciones de embarque, desembarque y transbordo. En el caso de mercancías que entren y salgan del puerto por medios terrestres, cuando el vehículo correspondiente entre en la zona de servicio del puerto.

El plazo máximo para hacer efectivas las deudas originadas por la aplicación de las tarifas será de veinte días naturales desde la fecha de notificación de las facturas correspondientes. En el supuesto de que el último día del plazo de pago fuera festivo, dicho plazo vencerá en el inmediato hábil posterior.

Una vez transcurrido el plazo de pago establecido en el presente artículo sin que la deuda haya sido satisfecha, la Autoridad Portuaria certificará por medio del Director dicha circunstancia y lo notificará al obligado al pago. La cantidad adeudada devengará el interés legal del dinero vigente incrementado en cuatro puntos, durante el período en que se haya incurrido en mora.

El certificado así emitido tendrá la consideración de título ejecutivo a los efectos de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

La falta de pago de los intereses devengados durante el período en que se haya incurrido en mora, habilitará igualmente a la Autoridad Portuaria para el ejercicio de la acción ejecutiva en la forma y en el plazo previsto en la presente disposición.

2. Prescripción.

La acción para exigir el pago de las tarifas por servicios prestados directamente por las Autoridades Portuarias prescribe a los cinco años de la prestación del servicio de que se trate.

3. Suspensión del servicio.

El impago reiterado del servicio prestado faculta a las Autoridades Portuarias para suspender temporalmente su prestación al deudor, previo requerimiento a éste y comunicación al Capitán Marítimo si afectase a la navegación marítima.

En el requerimiento, la Autoridad Portuaria deberá advertir expresamente que, de no efectuarse el pago de la factura en el plazo fijado en el mismo, procederá a suspender temporalmente la prestación del servicio de que se trate.

La suspensión temporal de la prestación del servicio se mantendrá en tanto no se efectúe el pago o garantice suficientemente la deuda que generó la propia suspensión.

La Autoridad Portuaria podrá exigir un depósito previo o la constitución de avales, así como emitir facturas a cuenta, con objeto de garantizar el cobro del importe de las tarifas por los servicios que sean solicitados en el ámbito de su competencia, sin perjuicio del importe final resultante.

4. Reclamación previa a la vía judicial civil.

Contra las liquidaciones de tarifas por servicios prestados directamente por las Autoridades Portuarias procederá la reclamación previa al ejercicio de acciones civiles que deberá interponerse ante el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de que se trate. El plazo para resolver la reclamación será de tres meses desde su interposición, pasado el cual sin resolución expresa podrá entenderse desestimada.

La interposición de la reclamación previa no suspenderá la obligación de efectuar el pago de la factura en el plazo previsto en el artículo anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA. Modificación de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

La disposición adicional trigésima cuarta de la Ley 55/1999 de 29 de diciembre, de Medidas fiscales administrativas y del orden social, queda redactada de siguiente modo:

Liquidación de tarifas por servicios portuarios al amparo de la Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, y de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, modificada por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre.

1. En los supuestos en que, por sentencias judiciales firmes, se declare la nulidad de liquidaciones de tarifas por servicios portuarios efectivamente prestados a los usuarios por las antiguas Juntas de Puertos, Puertos Autónomos y Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, con arreglo a la Ley 1/1966, de 28 de enero, sobre régimen financiero de los puertos españoles, modificada por la Ley 18/1985, de 1 de julio, como consecuencia de la declaración de nulidad de las disposiciones que establecieron sus cuantías las Autoridades Portuarias practicarán nuevas liquidaciones, previa audiencia de los interesados y sin perjuicio de la ejecución de las sentencias en sus propios términos.

La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidación, y cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria, acordará de oficio la compensación que proceda por la cuanta del crédito reconocido a favor del deudor en el expediente de devolución de ingresos indebidos, pudiendo disminuir en la nueva liquidación la cantidad previamente ingresada.

En estos casos, en ejecución de sentencia se admitirá la oportuna compensación con los Créditos que la Autoridad Portuaria ostente contra el recurrente y, en particular, con los que deriven de la nueva liquidación.

Los elementos esenciales de las tarifas establecidas por las leyes a que se refiere el párrafo primero vendrán determinados por las mismas, y no se modificarán en medida alguna como consecuencia de la entrada en vigor de la presente disposición.

Así, las liquidaciones practicadas con arreglo a las normas de referencia retribuirán los servicios generales y específicos prestados a los usuarios. En particular, se consideran servicios generales los de entrada y estancia de barcos en puerto, los de utilización de atraques, los de embarque desembarque y transbordo de mercancías y pasajeros los servicios a la pesca marítima y la utilización de la zona portuaria por vehículos industriales con medios propios de manipulación de mercancías.

Son servicios específicos los prestados con los elementos y maquinaria que constituyen el equipo mecánico de manipulación y transporte los prestados en forma de utilización de superficie, edificios y locales de cualquier clase, los suministros de productos de energía los prestados con los elementos instalaciones y servicios existentes destinados a la reparación y conservación de embarcaciones, otros servicios prestados habitualmente por los organismos portuarios y especificados en las tarifas de cada puerto y cualesquiera otros servicios eventuales de su competencia no enumerados anteriormente ni comprendidos entre los servicios generales que se soliciten por los interesados.

Serán sujetos pasivos los usuarios de tales servicios y, en particular, los determinados por el artículo 9 de la Ley 1/1966.

Las tarifas se devengarán con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1/1966.

Los obligados al pago y los demás elementos que configuran las distintas tarifas, así como las reglas generales y particulares de aplicación de cada una de ellas serán los establecidos en las leyes anteriormente referidas y en las disposiciones vigentes en el momento en que se practicaron las correspondientes liquidaciones.

Por la prestación de los servicios portuarios comprendidos en las correspondientes tarifas las Autoridades Portuarias podrán exigir a los usuarios el pago como máximo de las siguientes cuantías:

  • G-1. Entrada y estancia: 25 pesetas por unidad de arqueo bruto y día o fracción.

  • G-2. Atraque: 1.400 pesetas por metro lineal de muelle ocupado y día o fracción.

  • G-3. Pasajeros y mercancías: 750 pesetas por pasajero y 2.200 pesetas por tonelada; para la facturación de los contenedores llenos se considerará un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas por los vacíos.

  • G-4. Pesca: el 2 % del valor de la pesca.

  • G-5. Embarcaciones deportivas y de recreo: 70 pesetas por día y metro cuadrado del producto de la eslora máxima por la manga.

En el supuesto de que, como resultado de la aplicación de la presente Ley, se exigiese a los usuarios una cantidad superior a la liquidada, se estará, en virtud del principio de seguridad jurídica, a la cuantía contenida en las correspondientes facturas.

Lo dispuesto en el presente apartado no afectará a las situaciones individuales en que se hubiera producido prescripción de los derechos de las Administraciones competentes. El plazo de prescripción, interrumpido durante la tramitación de los recursos interpuestos contra la liquidación volverá a contarse de nuevo a partir del día siguiente a aquél en que sea notificada la sentencia firme anulatoria de la liquidación.

2. Las tarifas por los servicios prestados a los usuarios por las Autoridades Portuarias con arreglo a las Órdenes ministeriales sobre tarifas por servicios portuarios dictadas tras la vigencia de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y antes o después de su modificación por la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, cuyas liquidaciones sean anuladas por sentencias judiciales firmes como consecuencia de la declaración de nulidad de dichas Órdenes serán nuevamente exigidas a los usuarios que hayan recibido los correspondientes servicios, mediante la práctica de nuevas liquidaciones, previa audiencia de aquellos y sin perjuicio del cumplimiento y ejecución de las respectivas sentencias.

La Autoridad Portuaria, al notificar la nueva liquidación, y cuando concurran los requisitos establecidos con carácter general, acordará de oficio la compensación que proceda por la cuantía del crédito correspondiente al deudor, pudiendo disminuir en la nueva liquidación la cantidad previamente ingresada.

A los efectos de la compensación, se entenderá que la obligación es líquida, vencida y exigible desde el día de la notificación de la factura que contenga la nueva liquidación.

En estos casos, en ejecución de sentencia se admitirá la oportuna compensación con los Créditos que la Autoridad Portuaria ostente contra el recurrente y, en particular, con los que deriven de la nueva liquidación.

Las tarifas, sus respectivos elementos, las reglas generales y particulares de aplicación de cada tarifa serán las establecidas en las disposiciones vigentes en función del momento en que efectivamente se prestaron a los usuarios los correspondientes servicios por las Autoridades Portuarias y se practicaron las liquidaciones.

Dichas tarifas son las siguientes:

  1. Tarifa T-0: señalización marítima. Esta tarifa comprende la utilización del sistema de ayudas a la navegación marítima cuyo mantenimiento corresponde a cada Autoridad Portuaria en el ámbito espacial y funcional que le ha sido asignado y será de aplicación a todo buque que haga escala o se encuentre en las aguas de cualquier puerto o instalación marítima del territorio nacional.

    Esta tarifa también resultará de aplicación a los buques-tanque fondeados en aguas jurisdiccionales o en la zona económica exclusiva española debidamente autorizados por la Capitanía Marítima.

  2. Tarifa T-1: buques. Esta tarifa se exigirá por el acceso marítimo de los buques al puerto y su atraque o fondeo en el puesto que le haya sido asignado, incluyendo las prestaciones que les proporcionan las obras e instalaciones portuarias.

  3. Tarifa T-2: atraque. Esta tarifa comprende el uso de las obras de atraque y elementos fijos de amarre y defensa (esta definición está en vigor hasta el 25 de abril de 1995).

  4. Tarifa T-2: pasaje. Esta tarifa se exigirá por el acceso, embarque, desembarque y, en general, el uso de las instalaciones generales y obras del puerto por los pasajeros y, en su caso, por los vehículos que éstos embarquen o desembarquen en régimen de pasaje, de sus muelles y pantalanes, accesos terrestres, vías de circulación y estaciones marítimas (esta definición está en vigor desde el 25 de abril de 1995).

  5. Tarifa T-3: mercancías. Esta tarifa se exigirá por el acceso, embarque, desembarque y uso de las instalaciones portuarias en general, de sus muelles y pantalanes, accesos terrestres, vías de circulación y zonas de manipulación (excluidos los espacios de almacenamiento o depósito) por las mercancías (esta definición resulta de aplicación desde el 25 de abril de 1995).

  6. Tarifa T-3: mercancías y pasajeros. Esta tarifa comprende la utilización por las mercancías y pasajeros de las aguas del puerto y dársenas, accesos terrestres, vías de circulación, zonas de manipulación (excluidos los espacios de almacenamiento o depósito) y estaciones marítimas y servicios generales de policía (esta definición resulta de aplicación hasta el 25 de abril de 1995).

    Queda incluido en esta tarifa el derecho a que las mercancías que se embarcan o desembarcan utilizando medios no rodantes ocupen o permanezcan en la zona de tránsito portuaria durante el mismo día de embarque o desembarque y su inmediato anterior o posterior, respectivamente, sin devengar ninguna otra tarifa en relación a la superficie ocupada. Asimismo, queda incluido en esta tarifa el derecho a que los vehículos y los barcos que transportan mercancía, que se embarcan o desembarcan por medios rodantes, utilicen las rampas fijas y el cantil de los muelles para las operaciones de carga y descarga.

    Queda excluida de esta tarifa la utilización de maquinaria especializada y elementos singulares tales como rampas mecanicas, pasarelas y otros elementos móviles necesarios para las operaciones de embarque y desembarque, utilización que queda regulada en otras tarifas.

  7. Tarifa T4: pesca fresca. Esta tarifa se exigirá por el acceso marítimo al puerto de los buques pesqueros en actividad y su atraque o fondeo en el puesto que le haya sido asignado, incluyendo las prestaciones que las obras e infraestructuras portuarias les proporcionan, así como el uso de las instalaciones y servicios generales del puerto por los productos de la pesca.

  8. Tarifa T-5: embarcaciones deportivas y de recreo. Esta tarifa se exigirá por el acceso marítimo de las embarcaciones deportivas o de recreo al puerto y su atraque o fondeo en el puesto que les haya sido asignado, incluyendo la utilidad que les proporcionan las obras e instalaciones portuarias y los servicios generales del puerto accesos terrestres, vías de circulación y de los centros de estancia y recepción de titularidad de la Autoridad Portuaria, si los hubiera, debiendo abonar los servicios que solicite.

    No obstante, cuando la embarcación realice transporte de mercancías o los pasajeros viajen en régimen de crucero serán de aplicación las tarifas T-1: buques, T-2: peaje y T-3: mercancías.

  9. Tarifa T-6: grúas de pórtico. Esta tarifa será exigible por la actividad realizada por las grúas de pórtico convencionales o no especializadas.

  10. Tarifa T-7: almacenaje. Esta tarifa será exigible por la puesta a disposición y, en su caso, uso de espacios, explanadas, almacenes, locales y edificios, con sus servicios generales correspondientes, para el almacenaje de mercancías y vehículos.

    No estará sujeta a esta tarifa la ocupación y utilización del dominio público portuario para llevar a cabo actividades que exijan el otorgamiento de las correspondientes autorizaciones o concesiones.

  11. Tarifa T-8: suministros. Esta tarifa comprende el valor del agua, energía eléctrica, hielo, combustibles y otros productos entregados por la Autoridad Portuaria a los usuarios dentro de la zona portuaria previa petición de éstos.

  12. Tarifa T-9: servicios diversos. Esta tarifa comprende cualesquiera otros servicios portuarios prestados en régimen de gestión directa por la Autoridad Portuaria, no incluidos en las anteriores tarifas.

Por la prestación de los servicios comprendidos en estas tarifas, las Autoridades Portuarias podrán exigir a los usuarios el pago como máximo de las siguientes cuantías:

  • T-0. Señalización marítima: la menor de las siguientes cantidades: 1 peseta por unidad de arqueo bruto cada vez que el buque hace escala o 150.000 pesetas al año.

  • T-1. Entrada y estancia de barcos: 50 pesetas por unidad de arqueo bruto y día o fracción (hasta el 25 de abril de 1995).

  • T-1. Buques: 50 pesetas por unidad de arqueo bruto y día o fracción (a partir del 25 de abril de 1995).

  • T-2. Atraque: 2.000 pesetas por día y metro de calado del buque (hasta el 25 de abril de 1995).

  • T-2. Pasaje: 1.000 pesetas por pasajero, 400 pesetas por motocicleta, 1.400 pesetas por coche y 10.000 pesetas por autocar (a partir del 25 de abril de 1995).

  • T-3. Mercancías y pasajeros: 1.000 pesetas por pasajero, 400 pesetas por motocicleta, 1.100 pesetas por coche, 2.000 pesetas por furgoneta, 10.000 pesetas por autocar y 2.750 pesetas por tonelada; para facturación de los contenedores llenos se considerará un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas para los vacíos (hasta el 25 de abril de 1995).

  • T-3. Mercancías: 1.500 pesetas por tonelada; para la facturación de los contenedores llenos se considerará un peso de 16 toneladas y de 2 toneladas para los vacíos (a partir del 25 de abril de 1995).

  • T-4. Pesca fresca: 2 % del valor de la pesca.

  • T-5. Embarcaciones deportivas y de recreo: 75 pesetas por día y metro cuadrado del producto de la eslora máxima por la manga.

En el supuesto de que como resultado de la aplicación de la presente Ley, se exigiese a los usuarios una cantidad superior a la liquidada, se estará, en virtud del principio de seguridad jurídica, a la cuantía contenida en las correspondientes facturas.

El derecho de la Autoridad Portuaria a practicar las nuevas liquidaciones prescribirá a los cinco años. El plazo de prescripción, interrumpido durante la tramitación de los recursos interpuestos contra la liquidación, volverá a contarse de nuevo a partir del día siguiente a aquel en que sea notificada la sentencia firme anulatoria de la liquidación.

En los supuestos en que el procedimiento contencioso-administrativo termine por algún otro de los modos previstos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las Autoridades Portuarias podrán facturar nuevamente las tarifas de conformidad con lo previsto en esta disposición.

Para el cobro de tales derechos, que mantienen su definición legal de precios privados, no podrá utilizarse potestad administrativa de clase alguna y, singularmente, la vía de apremio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL OCTAVA. Derecho de la Hacienda del Estado al reintegro de las cantidades satisfechas a los Ayuntamientos en cumplimiento de sentencias recaídas en relación a la distribución de las cuotas tributarias del Impuesto sobre Actividades Económicas devengadas por la producción de energía eléctrica de centrales nucleares.

El Estado tendrá derecho al reintegro de las cantidades satisfechas como consecuencia de la ejecución de las sentencias firmes que, en cada caso, se dicten, por las que se anule la obligación que, en su momento, cumplieron los Ayuntamientos exactores del Impuesto sobre Actividades Económicas de distribución a otros municipios partícipes de las cuotas tributarias devengadas por las centrales nucleares de producción de energía eléctrica, correspondientes a los períodos impositivos comprendidos entre 1992 y 1995, ambos inclusive.

La Hacienda del Estado ejercitará el derecho de reintegro, y hasta la cuantía concurrente, bien frente al Ayuntamiento exactor del mencionado impuesto, bien frente a los Ayuntamientos participes afectados por la central nuclear correspondiente según estos últimos procedieren o no a la devolución de los importes que, en su caso, fueron indebidamente percibidos como consecuencia de la distribución a la que se refiere el párrafo anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL NOVENA. Ámbito de aplicación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo.

Uno. El ámbito temporal de aplicación de la Ley 32/1999 se extiende a los hechos previstos en dicha Ley, acaecidos entre el 9 de octubre de 1999 y el 31 de diciembre de 2001, sin perjuicio de las demás ayudas que pudieran corresponder por los mismos con arreglo al ordenamiento jurídico.

Dos. Cuando en virtud de sentencia firme se reconociera una indemnización en concepto de responsabilidad civil por hechos acaecidos con posterioridad al 10 de octubre de 1999, superior a la cantidad global percibida por los conceptos contemplados en la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, y en la Ley 32/1999, la Administración General del Estado abonará al interesado la diferencia.

Tres. Se añade un nuevo apartado el 4, al artículo 9 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de Solidaridad con las Victimas del Terrorismo.

4. Cuando sobrevenga una sentencia judicial que otorgue una indemnización de acuerdo con criterios distintos a los seguidos en una resolución administrativa dictada al amparo de la presente Ley y además de lo previsto en el apartado anterior de este artículo, se observarán las reglas siguientes:

  1. Si la cuantía global de la indemnización fijada en la sentencia fuera igual o inferior a la establecida en la resolución, la Administración no desarrollará ninguna actividad ulterior y la situación derivada de dicha resolución no se verá alterada.

  2. Si la cuantía global de la indemnización fijada en la sentencia fuera superior a la establecida en la resolución, la diferencia se distribuirá entre los beneficiarios a quienes la sentencia hubiera reconocido cantidades mayores a las fijadas para ellos en la resolución administrativa.

    Dicha distribución se hará con arreglo a las proporciones que resulten del fallo indemnizatorio de la sentencia judicial.

  3. En los supuestos descritos en los puntos a) y b), los beneficiarios a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido una indemnización superior a la que en definitiva perciban conservarán la acción civil por el importe correspondiente a la diferencia.

  4. Lo dispuesto en este apartado se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional novena.dos de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DÉCIMA. Aplicación del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1981, al Adjunto al Defensor del Pueblo.

Con efectos económicos de 1 de enero de 2001, la norma 1 del número 5 del artículo 10 de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre de Presupuestos Generales del Estado para 1981, será asimismo de aplicación al cargo de Adjunto del Defensor del Pueblo de España.

DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA. Determinación de los parámetros de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico fijados con anterioridad a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001.

Los parámetros previstos en el artículo 73 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones, para cuantificar el importe de las diversas tarifas de la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, que no hayan sido determinados por Ley de Presupuestos Generales del Estado y las cuotas fijas que se establecen por el uso especial del espectro en el apartado 4 de dicho artículo, seguirán rigiéndose por la norma reglamentaria en la que vinieran regulados.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DUODÉCIMA. Modificación de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos.

Se modifica el artículo 2 de la Ley 22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad Civil por los Daños Causados por Productos Defectuosos, que quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 2. Concepto legal de producto.

A los efectos de esta Ley, se entiende por producto todo bien mueble, aun cuando se encuentre unido o incorporado a otro bien mueble o inmueble. También se considerarán productos el gas y la electricidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOTERCERA. Modificación del artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios.

El artículo 34 del Real Decreto-ley 6/2000 quedará redactado de la siguiente manera:

Artículo 34. Limitación a la participación en más de un operador principal.

Uno. Las personas físicas o jurídicas que, directa o indirectamente, participen en el capital o en los derechos de voto de dos o más sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector de entre los que se señalan en el número siguiente en una proporción igual o superior al 3 % del total, no podrán ejercer los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de dicho porcentaje en más de una entidad.

Ninguna persona física o jurídica que tenga la condición de operador principal en un mercado o sector de entre los que se señalan en el número siguiente podrá ejercer los derechos de voto correspondientes a una cuota de participación superior al 3 % del total en el capital o en otros valores que confieran derechos políticos de otra sociedad que tenga la misma condición en un mismo mercado o sector.

Ninguna persona física o jurídica podrá designar, directa o indirectamente, miembros de los órganos de administración de más de una sociedad que tenga la condición de operador principal en el mismo mercado o sector de entre los señalados en el número siguiente.

Igualmente ninguna persona física o jurídica que tenga la condición de operador principal en un mercado o sector de entre los señalados en el número siguiente podrá designar directa o indirectamente miembros de los órganos de administración de sociedades que tengan la condición de operador principal en el mismo mercado o sector.

Las prohibiciones establecidas en este número no serán de aplicación cuando se trate de sociedades matrices que tengan la condición de operador principal respecto de sus sociedades dominadas en las que concurra la misma consideración, siempre que dicha estructura venga impuesta por el ordenamiento jurídico o sea consecuencia de una mera redistribución de valores o activos entre sociedades de un mismo grupo.

Dos. Los mercados o sectores a los que se refiere el número anterior son los siguientes:

  1. Generación, transporte y distribución de energía eléctrica.

  2. Producción transporte y distribución de hidrocarburos líquidos.

  3. Producción, transporte y distribución de hidrocarburos gaseosos.

  4. Telefonía portátil.

  5. Telefonía fija.

Se entenderá por operador principal cualquiera que, teniendo la condición de operador de dichos mercados o sectores, ostente una de las cinco mayores cuotas del mercado o sector en cuestión.

El Gobierno podrá, mediante Real Decreto, modificar la relación de mercados o sectores contenida en el presente número.

Tres. A los efectos previstos en este artículo, se considerarán poseídas o adquiridas por una misma persona física o jurídica las acciones participaciones u otros valores poseídos y adquiridos por las entidades pertenecientes a su mismo grupo tal y como éste se define en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como los poseídos o adquiridos por las demás personas que actúen en nombre propio pero por cuenta de aquélla, de forma concertada o formando con ella una unidad de decisión.

Se entenderá, salvo prueba en contrario, que actúen por cuenta de una persona jurídica o de forma concertada con ella los miembros de su órgano de administración. Igualmente se presumirá que existe actuación concertada en los siguientes supuestos:

  1. Entre las personas jurídicas entre las que medie cualquier pacto o acuerdo de participación recíproca en el capital o en los derechos de voto;

  2. Entre las personas físicas o jurídicas entre las que se haya celebrado cualquier género de acuerdo o pacto con el fin de adoptar o bloquear actuaciones que puedan influir significativamente en la estrategia competitiva de una sociedad en la que participen directa o indirectamente

  3. Entre accionistas o titulares de derechos de voto de una entidad que puedan controlar una sociedad mediante el ejercicio común de sus derechos de voto, por existir entre ambos intereses comunes que favorezcan una acción conjunta para evitar el perjuicio mutuo o para la consecución de un beneficio común al ejercer sus derechos sobre la sociedad participada;

  4. Entre sociedades matrices o dominadas de grupos de empresas competidoras entre los que existan intereses cruzados;

  5. Entre accionistas o titulares de derechos de voto en los que haya concurrido alguna de las anteriores circunstancias en el pasado de manera que pueda entenderse subsistente algún interés común.

En todo caso se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de las acciones y demás valores como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier título.

Cuatro. Las personas físicas o jurídicas a las que se impute el exceso referido en el número primero o la designación de miembros de órganos de administración en más de un operador principal comunicarán en el plazo de un mes desde que se produzca la referida circunstancia a la Comisión Nacional de Energía o a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, según corresponda por razón de la materia, la sociedad respecto de la que se pretenda ejercer los derechos de voto o designar miembros del órgano de administración sin restricción alguna.

Transcurrido el plazo indicado sin que se haya efectuado la citada comunicación quedarán suspendidos en cuanto al exceso del 3 % los derechos de voto de todas las sociedades participadas o, en su caso, la condición de miembros del órgano de administración de todas las sociedades que tengan la condición de operador principal en un mismo mercado o sector y que hayan sido designados por una misma persona.

En ningún caso podrá optarse por ejercer los derechos de voto en una de las sociedades que tengan la condición de operador principal y designar miembros en el órgano de administración de otra u otras que tengan tal condición en el mismo mercado o sector.

Cinco. No obstante lo señalado en el número primero, la Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones podrán autorizar, cada una en el ámbito de sus respectivas competencias, el ejercicio de los derechos de voto correspondientes al exceso respecto de las participaciones o la designación de miembros de los órganos de administración, siempre que ello no favorezca el intercambio de información estratégica entre operadores ni implique riesgo de coordinación de sus comportamientos estratégicos.

Reglamentariamente se determinará la forma y el procedimiento a través de los cuales se concederán las autorizaciones previstas en este número.

Seis. El incumplimiento de las restricciones impuestas en el número primero respecto del ejercicio de los derechos de voto o la designación de miembros de órganos de administración, siempre que no esté amparada en la excepción prevista en el número anterior, se considerará infracción muy grave y se sancionará con multa de hasta cincuenta millones de pesetas, todo ello sin perjuicio de la suspensión automática a la que se refiere el número cuatro.

Serán responsables de las infracciones las personas físicas o jurídicas que adquieran las participaciones o designen miembros en los órganos de administración en contra de lo dispuesto en el número uno.

La competencia para instruir los expedientes sancionadores corresponderá a la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Comisión Nacional de Energía según se trate de conductas relacionadas con operadores en mercados o sectores sujetos a sus respectivos ámbitos de supervisión.

La competencia para imponer las sanciones corresponderá al Ministro de Economía.

Tanto las infracciones como las sanciones prescribirán a los tres años.

En todo lo demás, en especial en lo relativo a la tramitación de los expedientes sancionadores, se observará lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas dictadas en su desarrollo.

El Gobierno podrá, mediante Real Decreto actualizar el importe de la multa prevista en este número.

Siete. La Comisión Nacional de Energía y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones esten legitimadas, dentro de sus respectivas competencias, para el ejercicio de las acciones tendentes a hacer efectivas las limitaciones que se recogen en este artículo.

Ocho. Lo dispuesto en este precepto se entiende sin perjuicio de lo establecido en las normas sectoriales aplicables en cada caso.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCUARTA. Bonificación en el Impuesto sobre las Primas de Seguros de las operaciones de seguro de transporte público interior por carretera.

Durante el año 2001 tendrán una bonificación del 75 % en el Impuesto sobre las Primas de Seguros las operaciones de seguro relacionadas con la cobertura de los riesgos de transporte público Interior por carretera de mercancías o viajeros en las que concurren las siguientes circunstancias:

  1. Que cubran los riesgos de accidente de los ocupantes de los vehículos de transporte, de daños sufridos por los vehículos de transporte o de responsabilidad civil del transportista.

  2. Que se pague la prima durante el año 2001 y cubra los riesgos correspondientes a dicho período.

La repercusión del impuesto sobre las Primas de Seguros por las entidades aseguradoras a las personas que contraten los seguros que tengan derecho a la bonificación anterior se realizará consignando, de forma separada, la cuota resultante de aplicar el tipo de gravamen y la cuota resultante de aplicar la bonificación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOQUINTA. Modificación de la tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario.

La cuantía de la tarifa B.1 de la tasa por prestación de servicios y utilización del dominio público aeroportuario, por la utilización por parte de los pasajeros de las zonas terminales aeroportuarias no accesibles a los visitantes, así como de las facilidades aeroportuarias complementarias, durante el año 2001 será la siguiente:

  1. Para los pasajeros de salida con destino a un aeropuerto nacional o a un aeropuerto del Espacio Económico Europeo, 619 pesetas (3,72 euros).

  2. Para los pasajeros de salida con destino a un aeropuerto internacional, 983 pesetas (5,90 euros).

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSEXTA. Registro Especial del Ministerio de Hacienda de Uniones Temporales de Empresas.

Se adscribe a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el Registro Especial del Ministerio de Hacienda de Uniones Temporales de Empresas, establecido en la Ley 18/1982, de 26 de mayo, de Régimen Fiscal de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas y de las Sociedades de Desarrollo Industrial Regional, correspondiéndole su gestión, mantenimiento y desarrollo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOSÉPTIMA. Prórroga de los incentivos fiscales aplicables a Cartuja 93.

Se prorroga la vigencia de la Ley 31/1992, de 26 de noviembre, de Incentivos Fiscales aplicables a la realización del Proyecto Cartuja 93, hasta el 31 de diciembre de 2001.

A estos efectos los porcentajes aplicables a las inversiones en activos fijos se determinarán de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 31/1992.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMOCTAVA. Procedimiento de asignación de nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es).

El procedimiento de asignación de nombres y direcciones de dominio de Internet bajo el código de país correspondiente a España (.es) se regulará por el Gobierno mediante Real Decreto a propuesta del Ministro de Ciencia y Tecnología, tomando en consideración los criterios de los organismos de asignación de nombres y direcciones en Internet de la Unión Europea, así como las directrices y recomendaciones de los Organismos Internacionales competentes en la materia, aplicándose supletoriamente las disposiciones de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

DISPOSICIÓN ADICIONAL DECIMONOVENA. Subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Se amplía al año 2001 la autorización concedida al Gobierno para modificar la cuanta de las subvenciones al transporte aéreo para residentes en las islas Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, contenida en el artículo 61 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

Dicha modificación nunca podrá suponer disminución de la ayuda prestada o un deterioro de la calidad del servicio, ni incremento de los Créditos asignados a esta finalidad.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA. Selección y provisión de plazas de facultativos especialistas de área del Instituto Nacional de la Salud.

La toma de posesión de los adjudicatarios del concurso de traslados de facultativos especialistas de área del Instituto Nacional de la Salud, convocado al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional vigésima de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, se efectuará a partir de la entrada en vigor de esta Ley, quedando desvinculada dicha toma de posesión de la correspondiente toma de posesión de los facultativos que obtengan plaza, en virtud de los concursos-oposición convocados al amparo de la disposición adicional citada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA PRIMERA. Modificaciones de la Ley 24/1988, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales.

1. Se modifica el artículo 30 de la Ley 24/1998, de 13 de julio, al que se añade un apartado 6, con la siguiente redacción:

Si el operador al que se encomienda la prestación del servicio postal universal no fuera un organismo público de los previstos en el artículo 43 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, las tasas a que se refiere el presente artículo tendrán la naturaleza de precios privados, cuyo régimen jurídico será el de precios autorizados por el Ministerio de Fomento, previa aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

2. Se modifica la disposición adicional primera de la Ley 24/1998, de 13 de julio, con la siguiente redacción:

Se atribuye la obligación de prestar el servicio postal universal en los términos y condiciones previstos en el Título III de esta Ley, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima. A estos efectos quedan reservados a esta sociedad los servicios que se establecen en el artículo 18 y se le asignan, asimismo, los derechos especiales y exclusivos que se recogen en el artículo 19.

3. Se modifica la disposición adicional segunda de la Ley 24/1998, de 13 de julio, con la siguiente redacción:

La emisión de sellos de correo será propuesta por el operador que presta el Servicio Postal Universal y autorizada, conjuntamente por los Ministerios de Fomento y de Economía. A tal efecto, las emisiones y su programación se acomodarán a lo que dispongan, mediante resolución conjunta, el Subsecretario del Ministerio de Fomento y el Subsecretario de Economía.

4. Se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 24/1998, de 13 de julio, con la siguiente redacción:

En tanto no se produzca la resolución sobre precios autorizados a la que se refiere el apartado 6 del artículo 30, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, percibirá como precio por los servicios reservados a los que se refiere el artículo 18 de la Ley, los correspondientes a las cuantías de las tasas que viniera percibiendo la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, en el momento de su extinción.

5. Se añade una disposición adicional sexta a la Ley 24/1998, de 13 de julio, con la siguiente redacción:

Las funciones de distribución de sellos de correo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, se entenderán sin perjuicio de la obligación que tienen los miembros integrantes de la red de expendedurías de tabaco y timbre de comercializar los sellos de correos de acuerdo con lo que establece la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de Ordenación del Mercado de Tabacos y normativa tributaria y sus reglamentos de desarrollo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEGUNDA. Modificación del capital social de las entidades gestoras de fondos de pensiones.

La letra a) del apartado 1 del artículo 20 de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, queda redactada como sigue:

  1. Tener un capital desembolsado de 100 millones de pesetas.

    Adicionalmente, los recursos propios deberán incrementarse en los porcentajes que a continuación se indican, aplicables sobre los excesos del activo total del fondo o fondos gestionados sobre 1.000 millones de pesetas, en los siguientes tramos:

    • Entre 1.000 y 150.000 millones de pesetas, el 1 %.

    • Entre 150.001 y 550.000 millones de pesetas el 0,3 %.

    • A partir de 550.000 millones de pesetas, el 0,1 %.

A estos efectos, se computarán como recursos propios el capital social desembolsado y las reservas que se determinen reglamentariamente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA TERCERA. Competencia para la modificación de las tarifas telefónicas.

Las tarifas y precios a los que se refiere la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 16/1999, de 15 de octubre, por el que se adoptan medidas para combatir la inflación y facilitar un mayor grado de competencia en las telecomunicaciones, y el artículo 4 del Real Decreto-ley 7/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes en el Sector de las Telecomunicaciones, podrán ser fijados, modificados o suprimidos mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA CUARTA. Modificación de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en materia de seguro de viajeros.

Se modifica el apartado 1 del artículo 21 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que queda con la siguiente redacción:

1. En todo transporte público de viajeros, los daños que sufran éstos deberán estar cubiertos por un seguro, en los términos que establezca la legislación específica sobre la materia, en la medida en que dichos daños no estén indemnizados por el seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria previsto en la Ley de Responsabilidad y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA QUINTA. Plazo para la adaptación de los compromisos por pensiones de las empresas con su personal a la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.

Para la adaptación de los compromisos por pensiones de las empresas con su personal a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, de 8 de junio, de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, el plazo previsto en las disposiciones transitorias decimocuarta, apartado 1 y decimoquinta, apartados 1 y 2, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados y normas de desarrollo de las mismas, se extenderá hasta el 16 de noviembre de 2002.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SEXTA. Modificación de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social en lo referente a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

Uno. El apartado cinco del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas y del Orden Social, queda redactado de la siguiente forma:

Cinco. La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, procurará la máxima extensión de la prestación de los servicios señalados para facilitar a los ciudadanos, las relaciones a través de técnicas y medios EIT con la Administración General del Estado y, en su caso, con las restantes Administraciones.

A tales efectos, podrá celebrar convenios con las Administraciones públicas territoriales y organismos públicos vinculados o dependientes de ellas y, en su caso con la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima.

Dos. El apartado siete del artículo 81 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, en la redacción dada por el artículo 51 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, queda redactado de la siguiente forma:

Siete. Se faculta a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda, a la prestación de los servicios técnicos, administrativos y de seguridad regulados en este artículo cuando fueren solicitados tanto por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con los procedimientos previstos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y sus normas de desarrollo, como por las partes y demás intervinientes en el proceso, de acuerdo con las reglas generales de postulación, en relación con los actos de comunicación procesal que, de acuerdo con las leyes procesales, puedan practicarse a través de técnicas y medios electrónicos, telemáticos e informáticos.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA SÉPTIMA. Patrimonio Comunal Olivarero.

1. Se habilita al Gobierno para, en un plazo de dieciséis meses, declarar extinta la corporación de derecho público Patrimonio Comunal Olivarero, pasando la totalidad de sus bienes a constituir una fundación en la que éstos queden afectos a los mismos fines en beneficio del olivar y sus productos.

La escritura pública de constitución determinará, entre otros extremos, la composición del órgano de gobierno de la fundación la duración del mandato de los miembros y la progresiva renovación de los mismos.

Inicialmente formarán parte del órgano de gobierno los miembros del Consejo Rector de la Corporación por el tiempo que se determine.

2. Asimismo, la Corporación Patrimonio Comunal Olivarero, de forma voluntaria y antes de que transcurra el plazo de dieciséis meses, podrá constituir la citada fundación, con las características aludidas y previo informe favorable del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación sobre el contenido de sus Estatutos, procediendo el Gobierno con posterioridad a la extinción de la Corporación.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA OCTAVA. Modificación del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

La disposición transitoria segunda del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, tendrá la siguiente redacción:

Disposición transitoria segunda. Fórmulas de revisión.

Hasta tanto que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 104, se aprueben fórmulas tipo para la revisión de precios, seguirán aplicándose las aprobadas por el Decreto 3650/1970, de 19 de diciembre; por el Real Decreto 2167/1981, de 20 de agosto, por el que se complementa el anterior y por el Decreto 2341/1975, de 22 de agosto, para contratos de fabricación del Ministerio de Defensa.

El contenido de esta disposición producirá efectos desde la entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre.

DISPOSICIÓN ADICIONAL VIGÉSIMA NOVENA. Régimen jurídico aplicable a la resolución administrativa en determinadas materias.

1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, apartado 2, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la resolución y notificación en los procedimientos administrativos que se citan en el anexo 1 se emitirán en los plazos que en el mismo se indican.

2. En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional primera de la Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, los procedimientos que se relacionan en el anexo 2 a esta disposición se entenderán incluidos en la excepción prevista en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

3. Se consideran como iniciados de oficio los procedimientos para la concesión de ayudas y subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, entendiendo como tales aquellas cuya concesión, imputada a un mismo crédito presupuestario, requiere, de acuerdo con los criterios establecidos en la norma reguladora correspondiente, la comparación, en un único procedimiento, de una eventual pluralidad de solicitudes entre si, a fin de resolver sobre la concesión y, en su caso, establecer la cuantía.

4. La terminación convencional de procedimientos administrativos, así como los procedimientos de mediación, arbitraje o conciliación, no están sujetos al régimen de silencio administrativo previsto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

ANEXO 1

Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Plazo para la resolución y notificación

Asignación y reasignación de las cantidades de referencia de la reserva nacional.

Real Decreto 174/1998, de 16 de febrero.
Real Decreto 1486/1998, de 10 de julio.
Real Decreto 1192/2000, de 23 de junio.
Real Decreto 1775/1994, de 5 de agosto.

Anexo.

12 meses

Asignación de una cantidad de referencia para el reinicio de la producción láctea

Real Decreto 1775/1994, de 5 de agosto.

Anexo.

12 meses

Autorización de trasvases de ventadirecta de leche a venta a industria y viceversa

R.D. 1775/1994, de 5 de agosto.

Anexo.

12 meses

Concesión de ayudas asistenciales y otras prestaciones económicas no regladas en el ámbito del Mutualismo Administrativo (MUFACE).

Ley de Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobada por Real Decreto legislativo 4/2000. Reglamento General de Mutualismo Administrativo, aprobado por el Decreto 843/1976.

Artículo 31.

12 meses

{Reglamento de Adecuación de Procedimientos del Mutualismo Administrativo, aprobado por el Real Decreto 1773/1994}.

Artículos 195 a 198.

Procedimientos de gestión de la reserva nacional láctea y trasvases de cantidades de referencia.

Real Decreto 324/1994, por el que se establecen normas reguladoras en el sector de la leche y los productos lácteos
Real Decreto 1486/1998 sobre modernización y mejora del sector lácteo.


12 meses

Procedimiento regulador de la acreditación de centros médicos aeronáuticos.

{Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones complementarias}.


9 meses

Procedimiento sobre autorización de médicos examinadores aéreos

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones.


9 meses

Procedimiento sobre concesión de autorizaciones y expedición de certificaciones relacionadas con las perturbaciones acústicas de las aeronaves.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, Real Decreto 873/1987, de 29 de mayo, sobre limitación de emisiones sonoras de aeronaves subsónicas,Real Decreto 1256/1990, de 11 de octubre, sobre limitación de emisiones sonoras de aviones de reacción subsónicos civiles, normativa comunitaria y disposiciones complementarias.


10 meses

Procedimiento de aprobación de modelo.

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología, Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, sobre control metrológico, y normativa específica de cada instrumento.


12 meses

ANEXO 2

Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Ejercicio del derecho de gracia.

Ley de 18 de junio de 1870.
Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre.


Sucesión y rehabilitación de títulos nobiliarios.

Real Decreto de 27 de mayo de 1922.
Real Decreto de 8 de junio de 1922.
Ley de 4 de mayo de 1948.
Real Decreto 222/1988.
Real Decreto 1879/1994, de 16 de septiembre, disposiciones concordantes.


Solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado.

Ley 5/1984 modificada por Ley 9/1994.

Artículo 4.

Autorización y modificación de la inscripción de las empresas de seguridad.

Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada.
Reglamento de Seguridad Privada.

Artículos 2 y 9.

Autorización de servicios de protección de personas.

Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 28.

Autorización de servicio de vigilantes con armas de fuego.

Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 81.

Habilitación y expedición de la tarjeta al personal de seguridad privada (vigilantes de seguridad, escoltas privados, vigilantes de explosivos, jefes y directores de seguridad, y detectives privados).

Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 60.

Habilitación de guardias particulares de campo.

Reglamento de Seguridad Privada.

Artículo 58.

Reconocimiento de la condición de armero.

Reglamento de Armas.

Artículo 10.

Autorización especial para el establecimiento, modificación sustancial, traslado y cambio de titularidad de las fábricas de armas y de los talleres que fabriquen piezas fundamentales de armas de las 1ª, 2ª y 3ª categorías.

Reglamento de Armas.

Artículo 11.

Aprobación de medidas de seguridad en la fabricación, circulación y comercio de instalaciones deportivas.

Reglamento de Armas.

Artículo 78.

Concesión de licencias de armas B, C, F, y D.

Reglamento de Armas.

Artículo 96.

Autorizaciones a coleccionistas.

Reglamento de Armas.

Artículo 107.

Autorizaciones de transferencia entre particulares.

Reglamento de Armas.

Artículo 51.

Autorizaciones de campos y galerías de tiro.

Reglamento de Armas.

Artículo 151.

Reconocimiento de centros de formación para la expedición de licencias D y E (preparación de exámenes.).



Autorizaciones especiales para uso de armas por menores de edad.

Reglamento de Armas.

Artículo 109.

Autorización de talleres de reparación de armas.

Reglamento de Armas.

Artículo 26.

Autorización para instalación de campos de tiro eventuales.

Reglamento de Armas.

Artículo 152.



Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Conformidad para el nombramiento de Director de una fábrica de explosivos.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 68.

Aprobación de los planes de seguridad de transportes de explosivos y de cartuchería metálica.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 243.

Aprobación de los planes de emergencia en transportes de explosivos.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 254.

Aprobación de los planes de seguridad de instalaciones de elaboración y almacenamiento de explosivos.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 33.

Autorización de importación.

Reglamento de Explosivos.

Artículos 216 y 217.

Autorización de las medidas de alarma de los talleres de pirotecnia.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 87.

Sustitución de la vigilancia humana en depósitos comerciales y de consumo.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 88.

Autorización para transporte de cartuchos en exceso del permitido en vehículo particular.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 250.

Autorización de centros para impartir enseñanzas de recarga de cartuchería metálica

Reglamento de Explosivos.

ITC-14.

Autorización de recarga de cartuchería metálica a particulares.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 120.

Autorización de cartuchería a coleccionistas.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 189.

Aprobación de medidas de seguridad de los lugares de custodia de las máquinas de recarga de- cartuchería metálica.

Reglamento de Explosivos.

Artículo 87.

Procedimiento para la concesión de Licencia de Actividad a Operadores de sustancias químicas catalogadas de la categoría 1.

Ley 3/1996, sobre medidas de control de sustancias químicas catalogadas susceptibles de desvío para la fabricación ilícita de drogas.

Artículo 29.2.

Solicitud de permisos.

 

Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, y Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario).


Reglamento Penitenciario.

Artículo 160.

Petición de traslado.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 31.

Peticiones y quejas.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 53.

Comunicaciones y visitas.

Reglamento Penitenciario.

Artículos 41 y ss.

Revisión de grado.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 105.

Clasificación inicial.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 103.

Solicitud de revisión de grado por la Central de Observación.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 109.

Revisión de la aplicación del régimen del artículo 10 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 103.

Concesión de beneficios penitenciarios.

Reglamento Penitenciario.

Artículo 202.

Solicitud de puesto de trabajo productivo en un centro penitenciario.

Reglamento Penitenciario.

Artículos 132 y SS.

Solicitud de prestaciones de formación.

Reglamento Penitenciario.

Artículos 130 y 131.

Solicitud de ayudas y prestaciones sociales.

Reglamento Penitenciario.

Artículos 227 a 229.

Solicitudes de intervención en centros penitenciarios de asociaciones, entidades y ONGs-

Reglamento Penitenciario.

Artículo 62.



Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Procedimiento para la declaración y revocación de utilidad pública de Asociaciones.

Real Decreto 1786/1996, de 19 de julio.

Artículos 2, 3 y 4.

Procedimiento para el reconocimiento de indemnizaciones por daños causados a medios de transporte extranjeros que se hallen en territorio español en viajes de carácter internacional.

Ley 52/1984, de 26 de diciembre, sobre Protección de los Medios de Transporte que se hallen en territorio español realizando viajes de carácter internacional.


Procedimiento para la concesión de resarcimiento por lesiones a víctimas del terrorismo

Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo

Artículo 42.2 RLJPAC; y artículo 4.3.b)

Procedimiento para el resarcimiento de daños materiales a víctimas del terrorismo

Real Decreto 1211/1997, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terrorismo.

Artículo 42.2 RLJPAC; y artículo 4.3.b).

Ayudas a Corporaciones Locales para compensar gastos derivados de actuaciones inmediatas ante situaciones de emergencia.

Orden de 18 de marzo de 1993. Apartados primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto,séptimo, noveno, décimo y undécimo.


Ayudas a unidades familiares o de convivencia para paliar daños en su vivienda habitual y enseres ocasionados por situaciones de emergencia.



Ayudas a personas físicas o jurídicas requeridas para una prestación personal o de bienes por situaciones de emergencia.



Procedimiento para el abono del anticipo del 30 por 100 de las subvenciones por gastos electorales a partidos políticos.

Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, de Financiación de Partidos Políticos.


Procedimiento para el abono de las subvenciones anuales por gastos de funcionamiento a partidos políticos.

Ley Orgánica 3/1987.


Permisos y licencias para conducir.

Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

Artículos 14 y ss.

Real Decreto 772/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.


Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, por el que se adecuan a la Ley 30/1992, las normas reguladoras de los procedimientos de otorgamiento, modificación y extinción de las autorizaciones.


Prórroga de vigencia de permisos y licencias.

Reglamento General de Conductores y Real Decreto 1778/1994.

Artículo 17.

Canje de permisos expedidos por terceros países no miembros de la Unión Europea.

Convenios internacionales multilaterales o bilaterales.

Artículo 30.

Reglamento de Conductores.


Canje de permisos militares.

Reglamento General de Conductores.

Artículo 80.

Obtención de duplicados por extravío, deterioro o cambio de domicilio.

Reglamento de Conductores.

Artículos 18 y ss.

Autorización para conducir vehículos de transporte escolar o de menores y de mercancías peligrosas.

Reglamento de Conductores.

Artículos 32 y 33.

Matriculación ordinaria de vehículos.

Reglamento General de Vehículos.


Cambios de titularidad de vehículos.

Reglamento de Vehículos.

Artículos 32 y ss.

Matrícula turística y de vehículos históricos.

Reglamento de Vehículos.

Artículos 40 y 41.



Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Autorizaciones temporales de circulación.

Reglamento de Vehículos.

Artículos 43 y ss.

Autorización de apertura y funcionamiento de Escuelas Particulares de Conductores.

Real Decreto 1753/1984, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Regulador de las Escuelas Particulares de Conductores de Vehículos a motor.

Artículo 14.

Autorizaciones de ejercicio del personal directivo y docente.

Real Decreto 1753/1984.

Artículo 15.

Procedimiento para el otorgamiento, visado o modificación de autorizaciones para el ejercicio de la actividad de transporte y auxiliares y complementarias del mismo.

Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Reglamento de la Ley aprobado por el Real Decreto 1211/1990,de 28 de septiembre.


Procedimiento para la concesión de autorizaciones de transporte internacional de viajeros y mercancías.

Reglamentos comunitarios; Acuerdos internacionales; Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Reglamento de la Ley aprobado por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre reconocimiento de la capacitación para ejercer la profesión de transportista.

Disposición transitoria primera de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres


Procedimiento sobre reconocimiento de títulos de capacitación profesional para ejercer la actividad de transportista obtenidos en otros Estados miembros de la Unión Europea

Orden ministerial de 28 de mayo de 1999 y normativa comunitaria


Procedimiento para la concesión de autorizaciones de construcciones y obras en zonas afectadas por servidumbres aeronáuticas

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Decreto 584/1972, de 24 de febrero,sobre servidumbres aeronáuticas, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre concesión de autorizaciones para el establecimiento de aeródromos y helipuertos privados.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Orden Ministerial, de 26 de octubre de 1966, sobre el establecimiento de aeródromos privados y disposiciones complementarias


Procedimiento sobre concesión de autorizaciones para instalaciones de centros de vuelo de ultra-ligeros motorizados (ULM).

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 2876/1982, de 15 de octubre, por el que se regula el registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera y se modifica el Registro de Aeronaves Privadas no Mercantiles; Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, y disposiciones complementarias.


Procedimiento para la acreditación de compañías aéreas no comunitarias

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 73/1992, de 31 de enero,por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, Convenios Aéreos Internacionales, y disposiciones complementarias.


Procedimientos sobre otorgamiento de certificado de operador aéreo, licencias de explotación a empresas de tráfico aéreo y de autorización de permisos de tráfico aéreo.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Reglamento (CEE) número 2407/92, de 23 de julio, sobre concesión de licencias a las compañías aéreas; Real Decreto 73/1992, de 31 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Circulación Aérea, y disposiciones-complementarias.


Procedimiento sobre autorización de la publicidad comercial a través de aeronaves.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Decreto de 13 de agosto de 1948, sobre propaganda comercial aérea, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre concesión de autorizaciones a empresas de trabajos aéreos.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Aérea, y disposiciones complementarias.




Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Procedimiento sobre expedición, renovación, revalidación y convalidación de títulos y licencias-de pilotos de avión, pilotos de helicóptero, pilotos de aviación deportiva y mecánicos de abordo.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones comlementarias.


Procedimiento sobre habilitaciones y autorizaciones de personal de vuelo.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de Centros de Formación Aeronáutica.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de cursos de formación aeronáutica.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Real Decreto 270/2000, de 25 de febrero, sobre condiciones para ejercer las funciones de personal de vuelo, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de Centros de Mantenimiento JAR-45.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, Reglamento CEE 94/C 297/10, sobre compañías de mantenimiento autorizadas, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre matriculación y cambios de titularidad de aeronaves civiles.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Decreto 416/1969, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Matrícula de Aeronaves; Real Decreto 2876/1982, de 2 de octubre, por el que se regula el registro y uso de aeronaves de estructura ultraligera, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre expedición de certificación primera de aeronavegabilidad.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre aprobación de modificaciones que se introducen en las aeronaves.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre certificación de tipo de productos aeronáuticos.

Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de construcción de buques.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de obras de reforma y cambio de motor.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización de botadura de naves.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre pruebas de motores.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.




Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Procedimiento sobre pruebas oficiales de funcionamiento de buques.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre pruebas de estabilidad.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre homologación y aprobación de equipos para buques.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre expedición, renovación, prórroga y visado de certificados de cumplimiento de Convenios Internacionales y normativa interna.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre exenciones y equivalencias en materia de certificados.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre cambios de clasificación de buques.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre asignación de números para el funcionamiento de sistemas de radiocomunicación.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Reglamento de Radiocomunicaciones de la U.LT. de 1979.


Procedimiento sobre autorización de instalaciones de equipos de radiocomunicación.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Reglamento de Radiocomunicaciones de la U.I.T. de 1979.


Procedimiento sobre autorizaciones para la instalación de estaciones de radiocomunicación de buque.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Reglamento de Radiocomunicaciones de la U.I.T. de 1979.


Procedimiento sobre adaptación de buques al sistema SMSSM.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar de 1973 (SOLAS).


Procedimiento de evaluación de conformidad de equipos marinos.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Real Decreto 297/1998, de 27 de febrero, sobre requisitos de seguridad de embarcaciones de recreo.


Procedimiento sobre pruebas de aptitud para titulaciones profesionales o náuticas de recreo.


Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, sobre nivel mínimo de formación en profesiones marítimas, y Orden Ministerial de 17 de junio de 1997.




Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Procedimiento sobre certificados para personal marítimo sobre especialidad y seguridad marítima.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; órdenes Ministeriales de 16 de octubre de 1990 y 31 de julio de 1992.


Procedimiento sobre expedición y convalidación de titulaciones profesionales y de títulos náuticos de recreo y tarjetas.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, sobre nivel mínimo de formación en profesiones marítimas.


Procedimiento sobre autorización de vertidos al mar de material procedente de obras portuarias de dragado.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Procedimiento sobre autorización de tripulaciones mínimas de seguridad.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Orden Ministerial de 14 de julio de 1964.


Procedimiento sobre habilitaciones y exenciones de practicaje.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Real Decreto 393/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Practicaje, y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorización para el transporte de mercancías peligrosas.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Real Decreto 145/1989, de 20 de enero, por el que se aprueba el Reglamento sobre mercancías peligrosas en los puertos.


Procedimiento sobre despacho de buques.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Orden Ministerial de 18 de enero de 2000.


Procedimiento sobre autorización de actividades náutico deportivas.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Real Decreto 1246/1995, de 14 de julio, sobre constitución y creación de las Capitanías Marítimas.


Procedimiento sobre autorización o prohibición de entrada y salida en aguas españolas.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.


Procedimiento sobre autorización de servicios de temporada en playas.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Ley 22/1988, de Costas, y Reglamento de Costas aprobado por el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre.


Procedimiento sobre autorización de remolque.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y Decreto 3384/1971, de 28 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento de buques y embarcaciones.


Procedimiento sobre inscripción marítima.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante; Real Decreto 2062/1999, de 30 de diciembre, sobre nivel mínimo de formación en profesiones marítimas; Convenio Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar de 1978 (STCW), y disposiciones complementarias.


Procedimiento sobre autorizaciones para la realización de obras o actividades en zona de servidumbre o en la zona interior ala línea límite de edificación de las carreteras estatales.

Ley 25/1988, de 29 de julio, de Carreteras; Reglamento General de Carreteras, aprobado por el Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, y disposiciones complementarias.


Procedimiento de aprobación de modelo CEE.

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; Real Decreto 1616/1985, de 11 de septiembre, sobre control metrológico; Real Decreto 597/1998, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE, y normativa específica de cada instrumento.




Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Procedimiento de aprobación CE de modelo.

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE, Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994, y disposiciones comunitarias de aplicación.


Procedimiento de verificación CE.


Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE; Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994, y disposiciones comunitarias de aplicación.


Procedimiento de verificación CE por unidad.


Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE; Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994, y disposiciones comunitarias de aplicación.


Procedimiento de declaración CE de conformidad con el modelo.

Ley 3/1985, de 18 de marzo, de Metrología; Real Decreto 597/1988, de 10 de junio, por el que se regula el control metrológico CEE; Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994, y disposiciones comunitarias de aplicación.


Cesión de bienes y derechos del Patrimonio Sindical Acumulado.

Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.


Reintegración o compensación de bienes incautados a entidades sindicales por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939 (Patrimonio Sindical Histórico).

Ley 4/1986, de 8 de enero, de cesión de bienes del Patrimonio Sindical Acumulado.

Disposición adicional cuarta.

Real Decreto 1671/1986, de 1 de agosto (Reglamento de desarrollo de la Ley 4/1986).

Disposición adicional segunda.

La autorización previa de introducción de vegetales o determinados organismos nocivos con fines de investigación cuando se trate de material procedente de un país tercero.

Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto.

Anexo apartado C.1.

La autorización, registro, expedición de pasaportes fitosanitarios, y ensayos en materia de productos fitosanitarios, fertilizantes y afines.

Directiva 91 /414/CEE, de 15 de julio.

Artículos 3 y 4 en relación con el artículo 2.11.

Real Decreto 72/1988, de 5 de febrero.


Real Decreto 877/1991, de 31 de mayo.


Orden ministerial de 28 de mayo de 1998.


Orden ministerial de 2 de noviembre de 1999.


Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto.


Real Decreto 2163/1994, de 18 de noviembre.


Orden ministerial de 11 de diciembre de 1994.


Anexo apartado C.2. del R.D. 1778/1994
Artículo 3.2 de la Orden ministerial.

Subvenciones iniciadas a instancia de parte en las que exista financiación procedente de la Unión Europea.

Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones públicas.


Reingreso al servicio activo sin reserva de puesto de trabajo.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma para la Función Pública.

Art. 29 bis.


Resolución de solicitudes sobre adscripción de puestos de trabajo y otros procedimientos regulados en el Real Decreto 469/1987, de 3 de abril, cuya resolución implique efectos económicos.

Real Decreto 469/1987, de 3 de abril.



Expedición, renovación, revalidación, homologación, convalidación y reconocimiento de títulos, diplomas, licencias y certificados académicos o profesionales.





Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

No inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de una especialidad farmacéutica, a petición de parte.

Real Decreto 83/1993, de 22 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero), por el que se regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud; Orden de 6 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 88, de 13 de abril), de desarrollo del Real Decreto 83/1993.


Exclusión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de una especialidad farmacéutica, a petición de parte.


Real Decreto 83/1993, de 22 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero), por el que se regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud; Orden de 6 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 88, del 13), de desarrollo del Real Decreto 83/1993.


Sometimiento a condiciones especiales de prescripción y dispensación en el Sistema Nacional de Salud de una especialidad farmacéutica, a petición de parte.

Real Decreto 83/1993, de 22 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 43, de 19 de febrero), por el que se regula la selección de los medicamentos a efectos de su financiación por el Sistema Nacional de Salud; Orden de 6 de abril de 1993 («Boletín Oficial del Estado» número 88, del 13), de desarrollo del Real Decreto 83/1993. Las normas reglamentarias deben ponerse en relación con el artículo 22 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que no contempla el sentido del silencio.


Inclusión en la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de un efecto o accesorio, a petición de parte.

Real Decreto 9/1996, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero), por el que se regula la selección de efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados.


Sometimiento a condiciones especiales de prescripción y dispensación en el Sistema Nacional de Salud de un efecto o accesorio, a petición de parte.

Real Decreto 9/1996, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero), por el que se regula la selección de efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados. Las normas reglamentarias deben ponerse en relación con los artículos 22 y 94.4 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que no contemplan el sentido del silencio.


Exclusión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de un efecto o accesorio, a peticion de parte.

Real Decreto 9/1996, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero), por el que se regula la selección de efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados. Las normas reglamentarias deben ponerse en relación con los artículos 22 y 94.4 de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que no contemplan el sentido del silencio.


Exclusión de la prestación farmacéutica del Sistema Nacional de Salud de un efecto o accesorio, a petición de parte.

Real Decreto 9/1996, de 15 de enero («Boletín Oficial del Estado» número 33, de 7 de febrero), por el que se regula la selección de efectos y accesorios, su financiación con fondos de la Seguridad Social o fondos estatales afectos a la sanidad y su régimen de suministro y dispensación a pacientes no hospitalizados.






Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Revisión de los precios correspondientes a la distribución y dispensación de los medicamentos

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que no contemplan el sentido del silencio.

Artículos 103 y 104.

Registro y autorización sanitaria de los reactivos para realizar pruebas de detección de marcadores de infección por virus humanos de la familia «Retroviridae» y sus modificaciones.

Resolución de 20 de marzo de 1987 («Boletín Oficial del Estado» número 75, del 28) por la que se establece el procedimiento y la documentación necesaria para obtener la autorización de los reactivos para realizar pruebas de detección de marcadores de infección por virus humanos de la familia «Retroviridae», entre ellas las pruebas de detección de anticuerpos frente a los virus asociados al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las de detección de antígenos correspondientes a los mismos. Resolución de 11 de septiembre de 1989 («Boletín Oficial del Estado» número 222, del 16), por la que se regula la realización de procesos de investigación controlada de reactivos para la detección de marcadores de infección de virus humanos de la familia «Retroviridae», entre ellos los asociados al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).


Registro y autorización de productos sanitarios no incluidos en el ámbito de aplicación del {Real Decreto 634/1993, de 3 de mayo, sobre productos sanitarios implantables activos}, y del {Real Decreto 414/1996, de 1 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios}.

Orden de 21 de julio de 1978 («Boletín Oficial del Estado» número 197, de 18 de agosto), por la que se regula el registro y control de implantes clínicos, terapéuticos o de corrección; Orden de 13 de junio de 1983 («Boletín Oficial del Estado» número 150, del 24), por la que se regula el material e instrumental médico-quirúrgico estéril para utilizar una sola vez; Orden de 5 de mayo de 1964, sobre registro para diferentes productos.


Autorización de comercialización de especialidades farmacéuticas y medicamentos de uso humano.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y {../Admin/rd767-1993.html|Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo, por el que se regula la evaluación, autorización, registro y condiciones de dispensación de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano fabricados industrialmente}.

Artículo 9.

Autorización de comercialización de medicamentos por el procedimiento de reconocimiento mutuo entre Estados miembros de la Unión Europea.

Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo.


Modificación titular o fabricante de una autorización de comercialización.

Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo.


Modificación de las condiciones sustanciales de la autorización de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano.

Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo.


Modificación de las condiciones no sustanciales de la autorización.

Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo.


Autorización de modificación de etiquetado y prospectos de medicamentos.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 2236/1993, por el que se regula el etiquetado y prospecto de los medicamentos de uso humano.


Autorización de medicamentos homeopáticos sin indicación terapéutica.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 2208/1994, de 16 de noviembre, por el que se regulan los medicamentos homeopáticos.


Registro de medicamentos de Plantas Medicinales.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Orden Ministerial de 3 de octubre de 1976.





Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Suspensión y revocación de la autorización de especialidades farmacéuticas y otros medicamentos de uso humano.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 767/1993, de 21 de mayo.


Autorización de comercialización y modificación de medicamentos veterinarios.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.


Modificación de importancia mayor y/o convalidación de la autorización de comercialización de medicamentos veterinarios.

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.


Autorización por reconocimiento mutuo entre Estados de la Unión Europea de medicamentos veterinarios.

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.


Autorización de laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla y regula el régimen de autorización de los laboratorios farmacéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad en su fabricación industrial.


Autorización de fabricación y control de medicamentos por terceros.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre.


Autorización y modificación de laboratorios de medicamentos de uso veterinario.

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero, sobre medicamentos veterinarios.


Procedimiento de suspensión o revocación de la autorización de laboratorios farmacéuticos.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento; {Real Decreto 1564/1992, de 18 de diciembre}, y Real Decreto 109/1995, de 27 de enero.


Procedimiento de autorización de ensayos clínicos y/o productos en fase de investigación clínica.

Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, y Real Decreto 561/1993, de 16 de abril.


Autorización de centros para la realización de ensayos sin finalidad terapéutica.

Real Decreto 561/1993, de 16 de abril.


Renovación de la calificación de un producto en fase de investigación clínica.

Real Decreto 561/1993, de 16 de abril.


Procedimiento de autorización de ensayos clínicos de medicamentos veterinarios.

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero sobre medicamentos veterinarios.


Procedimiento de autorización relativa a comercio exterior de medicamentos veterinarios y otros productos zoosanitarios.

Real Decreto 109/1995, de 27 de enero.


Autorización de importación de un producto en fase de investigación clínica.

Real Decreto 561/1993, de 16 de abril, por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clínicos.


Concesión de incentivos regionales.

Real Decreto 1535/1987 en la redacción dada por el Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre.

Artículos 28 y 32.

Autorización para la modificación del proyecto inicial superior al 10 por 100.

Real Decreto 1535/1987 en la redacción dada por el Real Decreto 2315/1993, de 29 de diciembre.

Artículos 28 y 32.

Autorización para la creación de entidades de crédito.

Ley 26/1988, de 29 de julio.

Artículo 43.

Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.

Artículo 1.

Real Decreto 692/1996, de 26 de abril.

Artículo 3.

Ley 13/1989, de 26 de mayo.

Artículo 5.

Real Decreto 84/1993, de 22 de enero (Reglamento de desarrollo Ley de Cooperativas de Crédito).

Artículo 1.

Decreto 1838/1975, de 3 de julio.






Procedimiento

Norma reguladora

Artículo

Autorización para la transformación de otras entidades en entidades de crédito.

Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.

Disposición adicional cuarta.

Autorización para la creación de Sociedades de Garantía Recíproca.

Ley 1/1994, de 11 de marzo.

Artículo 11.

Homologación de Sociedades de Tasación y de servicios de tasación.

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo.

Artículos 4 y 9.

Autorización de absorciones, fusiones y escisiones de entidades de crédito.

Ley de Ordenación Bancaria de 31 de diciembre de 1946, en la redacción dada por la disposición adicional tercera de la Ley 26/1988, de 29 de julio.

Artículo 45.c).


Decreto 1838/1975, de 3 de julio.


Real Decreto 692/1996, de 26 de abril.

Artículo 10.

Ley 13/1989, de 26 de mayo.

Artículo 10.

Real Decreto 84/1993, de 22 de enero (Reglamento de desarrollo Ley de Cooperativas de Crédito).

Artículo 30.

Ley 1/1994, de 11 de marzo.

Artículo 55.

Autorización de conversión de cooperativas de crédito en otra clase de cooperativas.

Real Decreto 84/1993, de 22 de enero (Reglamento de desarrollo Ley de Cooperativas de Crédito).

Artículo 36.

Autorización de la creación de entidades de crédito ZEC.

Ley 19/1994, de 6 de julio.

Artículo 53.

Autorización para la constitución de Sociedades y Fondos de Inversión Colectiva.

Real Decreto 1393/1990, de 2 de noviembre (Reglamento de desarrollo de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre).

Artículo 9.

Reconocimiento de la condición de creador de mercado.

Orden de 10 de febrero de 1999.


Autorización de fábricas de explosivos y depósitos comerciales de explosivos de más de 10.000 kilogramos.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Reglamento de Explosivos).

Artículos 31 a 44 y 154.1.

Autorización para venta y suministro de explosivos.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Reglamento de Explosivos).

Artículo 196.

Autorización consumidores habituales de explosivos de ámbito nacional.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Reglamento de Explosivos).

Artículo 208.1.

Clasificación y catalogación de explosivos, cartuchería y artificios pirotécnicos.

Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero (Reglamento de Explosivos).

Artículo 26.

Procedimientos regulados en el Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo (Reglamento del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso).

Real Decreto 491/1998, de 27 de marzo (Reglamento del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso).


Procedimientos previstos expresamente en el desarrollo reglamentario de las disposiciones adicional primera y final segunda de la Ley 49/1999, de 20 de diciembre.

Disposiciones adicional primera y final segunda de la Ley 49/1999, de 20 de diciembre.


Procedimientos de autorización en el ámbito del comercio exterior de las especies protegidas a que se refiere el Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Washington, 3 de marzo de 1973).

Convenio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (Washington, 3 de marzo de 1973).


Procedimiento para la concesión de apoyo oficial al crédito a la exportación mediante convenios de ajuste recíproco de interés.

Real Decreto 677/1993, de 7 de mayo, o por la norma que lo sustituya.


Concesión de ayudas con cargo al o en el ámbito del Fondo de Ayuda al Desarrollo.

Ley 30/1997, de 30 de diciembre

Artículo 1 18.

Procedimiento para la asignación y reserva de recursos públicos de numeración.

Real Decreto 225/1998, de 16 de febrero (Reglamento de procedimiento de asignación y reserva de recursos públicos de numeración por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones).


DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

El artículo 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, quedará redactado en los siguientes términos:

Artículo 38. Gastos de funcionamiento.

Reglamentariamente se establecerá el sistema a través del cual se subvencionará, con cargo a las dotaciones presupuestarias del Ministerio de Justicia, el coste que genere a los Consejos Generales y Colegios profesionales de Abogados y Procuradores el funcionamiento operativo de los servicios de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación previos al proceso a los ciudadanos y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.

Dicho sistema se ajustará en todo caso a las siguientes reglas:

  1. La subvención se determinará para cada Colegio con un sistema de módulos compensatorios por expediente tramitado.

  2. Hasta tanto no se cumpla el mencionado requisito, los Colegios percibirán la cuantía que resulte de aplicar el 8 % al coste económico generado en cada período de liquidación por las actuaciones profesionales mencionadas en el artículo anterior.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA PRIMERA. Programa de Fomento del Empleo.

El Programa de Fomento del Empleo para el año 2000 establecido en el artículo 28 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, de Medidas fiscales administrativas y del orden social, se prorroga hasta el 17 de mayo del 2001.

La exclusión de las relaciones de carácter especial establecida en la letra a) del número 1 del apartado cinco del citado artículo 28, no será de aplicación respecto de los penados en las instituciones penitenciarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SEGUNDA.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001, durante el ejercicio 2001, se destinarán 5.000 millones adicionales a la formación continua de los trabajadores autónomos, trabajadores encuadrados en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social y del resto de los colectivos que se determinen por el Instituto Nacional de Empleo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA TERCERA. Renovación del parque de vehículos automóviles de turismo equipados con motores no aptos para emplear gasolina sin plomo.

Con carácter excepcional y durante un período que finalizará el 31 de diciembre de 2003, el importe de la deducción prevista en el artículo 70 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, se elevará hasta 120.000 pesetas (721,21 euros) cuando, además de cumplirse los requisitos y condiciones previstos en dicho precepto, se den las siguientes circunstancias:

  1. El vehículo automóvil de turismo usado esté equipado con un motor de gasolina no apto para emplear gasolina sin plomo. A estos efectos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología hará pública la relación de marcas y modelos de vehículos automóviles de turismo aptos para emplear gasolina sin plomo, considerándose que cumplen el requisito previsto en este apartado aquellos que, estando equipados con un motor de gasolina, no figuren en dicha relación.

  2. El vehículo automóvil de turismo nuevo esté equipado con un motor de gasolina provisto de catalizador. Esta condición se considerará cumplida por todos los vehículos automóviles de turismo nuevos equipados con motor de gasolina cuya primera matriculación definitiva en España tenga lugar a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Ley.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA CUARTA. Modificación del artículo 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991.

Con efectos a partir de 1 de enero de 2001, el punto 6 del apartado uno del artículo 103 de la Ley 31/1990, de Presupuestos Generales del Estado para 1991, quedará redactado de la siguiente forma:

6. Especialmente, corresponde a la Agencia Estatal de Administración Tributaria el auxilio a los Juzgados y Tribunales de Justicia y al Ministerio Fiscal en la investigación, enjuiciamiento y represión de delitos públicos dentro de las competencias que el ordenamiento jurídico le atribuye. A este fin, en el marco de los correspondientes convenios de colaboración, la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecerá medios humanos y materiales para el ejercicio de dicha función de auxilio.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA QUINTA. Prestaciones recibidas de expedientes de regulación de empleo.

A las cantidades percibidas a partir de 1 de enero de 2001 por beneficiarios de contratos de seguro concertados para dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición transitoria decimocuarta de la Ley 30/1995 que instrumenten las prestaciones derivadas de expedientes de regulación de empleo, que con anterioridad a la celebración del contrato se hicieran efectivas con cargo a fondos internos, y a las cuales les resultara de aplicación la reducción del 30 % establecida en el artículo 17.2.a) de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, mantendrán la aplicación de dicha reducción, sin que a estos efectos la celebración de tales contratos altere el cálculo del período de generación de tales prestaciones.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SEXTA.

El apartado 5 del artículo 18 bis de la Ley 8/1991, de 25 de marzo, por la que se aprueba el Arbitrio sobre la Producción y la Importación en las Ciudades de Ceuta y Melilla, queda redactado como sigue:

5. El gravamen complementario no será exigible en las mismas circunstancias que determinarían la no exigibilidad el Impuesto sobre las Labores del Tabaco en su ámbito territorial de aplicación.

En particular, el devengo del gravamen complementario se aplazará respecto de las labores del tabaco que se introduzcan en los depósitos que se autoricen a tal efecto, hasta, en su caso, su salida de los mismos.

La autorización de los depósitos a que se refiere el párrafo anterior se efectuará por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, previo informe favorable de la respectiva Ciudad en las mismas condiciones que las previstas para la autorización de depósitos fiscales de labores del tabaco en el ámbito territorial de aplicación del impuesto sobre las Labores del Tabaco, con las siguientes especificidades:

  1. Será requisito para la autorización del depósito fiscal el que al menos el 80 % de las salidas del mismo, calculadas según el precio de venta al público de las labores objeto de las mismas corresponda a entregas directas a los expendedores de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre situados en la respectiva ciudad.

  2. Cuando la totalidad de las salidas del depósito fiscal corresponda a entregas directas a los expendedores de la Red de Expendedurías de Tabaco y Timbre situados en la respectiva Ciudad, no será exigible el cumplimiento del volumen mínimo de salidas previsto en la normativa del impuesto sobre las Labores del Tabaco para la autorización de depósitos fiscales de labores del tabaco en su ámbito territorial de aplicación.

El incumplimiento de las condiciones y requisitos generales y específicos a que se refiere el párrafo anterior podrá dar lugar a la revocación de la autorización del depósito fiscal.

Los titulares de los depósitos fiscales autorizados conforme a lo previsto en el presente apartado 5 tendrán, en cuanto al gravamen complementario la condición de sujetos pasivos en calidad de sus título del contribuyente.

El control de los depósitos fiscales a que se refiere el presente apartado 5, será efectuado por los servicios dependientes del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en colaboración con los servicios fiscales de las respectivas Ciudades.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Aplicación del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las Islas Canarias.

A partir de 31 de diciembre de 2000 y hasta la sustitución del Arbitrio sobre la Producción e Importación en las islas Canarias, continuarán gravándose las importaciones de bienes a los mismos tipos aplicables el día 30 de diciembre de 2000.

Asimismo, y con vigencia limitada al año 2001, quedará exenta del Arbitrio sobre la Producción e Importación en Canarias la producción o elaboración de bienes muebles corporales en las islas Canarias.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA OCTAVA. Medidas de apoyo a la energía solar.

Se modifica el párrafo tercero del apartado 4 del artículo 30 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que quedará redactado de la siguiente manera:

No obstante, el Gobierno podrá autorizar primas superiores a las previstas en el párrafo anterior para las instalaciones que utilicen como energía primaria energía solar.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TRIGÉSIMA NOVENA. Deducciones de las cuotas soportadas en el Impuesto General Indirecto Canario.

A las cuotas soportadas del Impuesto General Indirecto Canario cuyo nacimiento a la deducción se haya producido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, les serán aplicables las normas contenidas en los artículos 28, 43 y 43 bis de la Ley 20/1991 conforme a la redacción que la presente Ley de a los citados artículos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA. Créditos ampliables para pago de obligaciones derivadas de convenios con las Comunidades Autónomas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras.

Durante el ejercicio del año 2001, en orden a asegurar el cumplimiento del plan de la minería del carbón en su faceta de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, las dotaciones para hacer frente a las obligaciones derivadas de los convenios con las Comunidades Autónomas afectadas tendrán carácter ampliable.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA. Régimen transitorio aplicable a las tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias.

La disposición transitoria tercera de la Ley 62/1997, de 26 de diciembre, de modificación de la Ley 27/1992, de 24 de noviembre, de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, queda redactada del siguiente modo:

Hasta que se produzca la entrada en vigor de la Ley que regule la libertad tarifaria y la modificación de los aspectos económico-financieros de los puertos del Estado que de ella se deriven, resultará plenamente aplicable en cuanto a la definición, estructura y elementos esenciales de las tarifas lo dispuesto en esta Ley, en las demás leyes reguladoras y en la Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la que se establece el régimen de las tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias, cuya modificación sólo podrá hacerse por una norma con rango de ley, así como la Orden del Ministerio de Fomento de 30 de julio de 1998, por la que se establecen los límites máximos y mínimos de las tarifas por servicios prestados por las Autoridades Portuarias y la Orden de 16 de diciembre de 1998, de Adaptación de la Orden de 30 de julio de 1998, por la que establece el regimen de las tarifas por servicios portuarios prestados por las Autoridades Portuarias, al artículo 6 de la Ley 30/1998, de 29 de julio, de Régimen Especial de las Illes Balears.

El Gobierno, en el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, remitirá a las Cortes el correspondiente proyecto de ley de establecimiento de la libertad tarifaria de los puertos españoles y de modificación del régimen económico de las tarifas por servicios portuarios.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA. Censos de población y de la vivienda, y de edificios y locales.

Excepcionalmente, los Censos de población y de la vivienda así como los de edificios y locales que corresponde formar en el año 2001, como previene el artículo 1 de la Ley 70/1980, de 16 de diciembre, en la redacción dada por la disposición adicional decimosexta de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, tendrán una fecha de referencia comprendida entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA CUARTA. Procedimientos iniciados al amparo de la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento.

Con carácter excepcional los titulares de procedimientos iniciados al amparo de lo dispuesto en la Ley 25/1990, de 20 de diciembre, del Medicamento, que, a la entrada en vigor de la presente Ley se encuentren pendientes de resolución definitiva, deberán tramitar su desestimiento o, en otro caso, reproducir su pretensión de continuar con la tramitación de sus respectivos expedientes, sin que ello dé lugar al nuevo devengo o actualización de las tasas abonadas en su día. Transcurrido el plazo de un año desde la entrada en vigor de la presente Ley sin manifestar su voluntad en uno u otro sentido, los respectivos procedimientos se considerarán caducados a todos los efectos.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA. Plazo de adaptación de estatutos de Fundaciones.

Las fundaciones que no hayan adaptado sus estatutos a la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General según establece el número 1 de su disposición transitoria segunda, podrán hacerlo en el plazo de dos años, contado a partir de la entrada en vigor de la presente disposición.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA.

1. Se entenderán prorrogadas durante el año 2000 las tarifas y peajes vigentes correspondientes a las concesiones a que se refiere el Real Decreto 429/2000, de 31 de marzo.

2. Para las concesiones que hayan entrado en explotación con anterioridad al 1 de enero de 1988, la revisión de tarifas y peajes se ajustará a lo siguiente:

  1. El 1 de enero del año 2001 las tarifas y peajes se revisarán con arreglo a la siguiente fórmula:

Donde IPC se definirá en la misma forma referida en el artículo 77 y la X tomará el valor fijo de 1 expresado en porcentaje.

  1. A partir del 1 de enero del año 2002, se aplicará el sistema previsto en el artículo 77 con las siguientes especialidades:

El valor de la X no estará sujeto a la expresión

  1. En el plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la presente Ley el Ministerio de Fomento revisará para cada una de estas concesiones las previsiones de intensidades medias diarias de tráfico (IMDP) contempladas en los respectivos planes económico-financieros depositados en el Ministerio de Fomento.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA. Beneficios fiscales aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas a la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones agrícolas.

Se prorroga para los años 2000 y 2001 el régimen fiscal previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las explotaciones agrarias, para la transmisión de determinadas fincas rústicas y explotaciones agrícolas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA. Ejercicio y comunicación de la opción por el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.

Los nuevos requisitos establecidos por esta Ley en el apartado 1 del artículo 110 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, para el ejercicio y comunicación de la opción por el régimen especial de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores, serán aplicables a aquellas operaciones en las que el correspondiente proyecto, acuerdo o contrato se realice a partir del 1 de enero de 2001.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA. Obligación de declarar para el año 2000.

La nueva redacción del artículo 79 de la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras Normas Tributarias, efectuada por la presente Ley, resultará de aplicación a los períodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2000.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. Derogación normativa.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley queda derogado el Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio, sobre Derechos Aeroportuarios en los Aeropuertos Nacionales, y el Real Decreto 1268/1994, de 10 de junio, por el que se actualizan los tipos de gravamen y se modifica parcialmente el Real Decreto 1064/1991, de 5 de julio.

Dos. Se deroga la tasa Honorarios del Cuerpo de Ingenieros Navales creada por la Ley 74/1962, de 24 de diciembre, y desarrollada por Decreto 4291/1964, de 17 de diciembre.

Tres. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Cuatro. Con efectos a partir del día 1 de enero de 2004, quedarán derogadas las siguientes disposiciones:

  1. El artículo 70 bis de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre de Impuestos Especiales.

  2. El artículo 3 de la Ley 39/1997, de 8 de octubre, por la que se aprueba el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la defensa y protección del medio ambiente.

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Desarrollo reglamentario.

Se faculta al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Entrada en vigor.

La presente Ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2001.

 

Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 29 de diciembre de 2000.

- Juan Carlos R. -

 

El Presidente del Gobierno,
José María Aznar López.


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