Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de arbitraje.

Sumario:

Don Juan Carlos I,
Rey de España.

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed:
Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

La sustitución del régimen jurídico del arbitraje de derecho privado vigente viene siendo reclamada desde diversos sectores y corporaciones. La Ley de 22 de diciembre de 1953 supuso un innegable avance sobre la situación existente con anterioridad. Sin embargo, la Ley de 1953 estaba concebida para la solución arbitral de conflictos de derecho civil en el mas estricto sentido de la palabra; la practica ha demostrado, en cambio, que dicha Ley no sirve para solucionar mediante instrumentos de composición arbitral las controversias que surgen en el trafico mercantil, ni menos aun para las que surgen en el trafico mercantil internacional.

La nueva regulación se estructura en nueve títulos.

El Título I delimita el ámbito de aplicación de la Ley, configurando el objeto sobre el que pueda recaer el arbitraje y separando esta institución de otras figuras afines. Se elimina la distinción entre el contrato preliminar de arbitraje y el compromiso, que efectúa la Ley de 1953. El convenio arbitral, instrumento en el que se plasma el derecho de las personas a solucionar las cuestiones litigiosas de su libre disposición que reconoce el artículo 1, puede tener por objeto cuestiones presentes o futuras. Se trata con ello de superar la relativa ineficacia de la cláusula compromisoria o contrato preliminar de arbitraje, que solía estipularse antes del nacimiento Real de la controversia entre las partes, obligando quizá por la misma naturaleza de las cosas a exigir su formalización judicial cuando la controversia ya estaba presente entre las partes.

El Título II introduce como novedades el principio de libertad formal en el convenio arbitral, la consagración legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio de un negocio jurídico principal y, sobre todo, la posibilidad de que las partes defieran a un tercero del nombramiento de los árbitros e, incluso, la organización del sistema arbitral. Se dota de un amplio margen de actuación al principio de autonomía de la voluntad, pero se adoptan las cautelas lógicas frente a las posibles situaciones de desigualdad contractual en las que puedan encontrarse las partes. Así, se declara nulo el convenio que coloque a una de las partes en situación de privilegio en relación con la designación de los árbitros, se contempla el supuesto de convenio arbitral como cláusula accesoria de un contrato de adhesión y se dispone que los reglamentos arbitrales que establezcan las asociaciones y entidades sin animo de lucro y corporaciones de derecho público a quienes se permite que las partes encomienden la organización y administración de servicios arbitrales se protocolicen notarialmente a fin de dotarles de la necesaria fijeza.

El Título III se refiere a los árbitros y regula su capacidad, sus incompatibilidades y su abstención y recusación. En el caso de pluralidad de árbitros, estos elegirán un presidente a quien incumbe dictar el laudo en el caso de que no hubiera acuerdo mayoritario.

El procedimiento arbitral, regulado en el Título IV, queda también remitido en gran parte a la autonomía de la voluntad. Sin embargo, se requiere la observancia de unos tramites mínimos y, en todo caso, el respeto a los principios de audiencia, contradicción e igualdad.

El Título V regula el laudo arbitral, exigiendo su motivación y su notificación fehaciente a las partes.

Cabe destacar como novedad la regulación de la posibilidad de corregir errores u omisiones materiales.

El Título VI se dedica a la intervención jurisdiccional a lo largo del procedimiento arbitral. Tal intervención se ha reducido a la estrictamente necesaria. Con la intención de simplificar el procedimiento arbitral propiamente dicho y en línea con lo establecido en otros ordenamientos, se encomienda a los árbitros, en defecto de acuerdo de las partes, la delimitación de la controversia sometida a arbitraje, lo que permitirá descargar a la administración de justicia de algunas de las funciones que actualmente tiene encomendadas en la formalización judicial del arbitraje. El convenio arbitral no implica renuncia de las partes a su derecho fundamental de tutela judicial, consagrado en el artículo 24 de la Constitución. Por ello, el Título VII regula un recurso de anulación del laudo, a fin de garantizar que el nacimiento, desarrollo y conclusión del procedimiento arbitral se ajustan a lo establecido en la Ley.

Junto a ello se ha introducido la posibilidad de anular el laudo cuando este fuese contrario al orden público, concepto que habrá de ser interpretado a la luz de los principios de nuestra Constitución. El órgano competente para conocer del recurso es la audiencia Provincial. Es esta una decisión ecléctica entre la regulación vigente de los recursos contra el laudo, cuyo conocimiento se atribuye al tribunal supremo, como si de una sentencia se tratara, y los que postulan que, siendo el laudo una decisión puramente privada, su anulación debería incumbir a los juzgados de primera instancia. La Ley ha optado por la vía intermedia, consciente de que un órgano pluripersonal con competencias en el orden civil como la audiencia Provincial, tal y como aparece configurada en la Ley Orgánica del Poder Judicial, podía ser el adecuado para conocer de la anulación.

Se prevé, por otra parte, que, en tanto se tramita la posible anulación, pueda el interesado solicitar la adopción de medidas cautelares que garanticen la efectividad del laudo. El Título VIII regula la ejecución judicial del laudo, con un sistema lo suficientemente completo como para encauzar la pretensión de ejecución y la oposición a la misma con las garantías suficientes para ambas partes.

El Título IX prevé el reconocimiento, que se atribuye al tribunal supremo, y la ejecución, que se atribuye a los jueces de primera instancia, de los laudos arbitrales extranjeros, sin perjuicio de los tratados internacionales que formen parte del Ordenamiento interno y de los cuales ya están haciendo uso nuestros tribunales con relativa frecuencia.

En el Título X se contienen normas de derecho internacional privado, relativas a la capacidad para otorgar el convenio arbitral, a la validez y los efectos de este y a la Ley aplicable para decidir el fondo de la cuestión litigiosa, cuando se trate de un arbitraje de derecho. Se ha mantenido el criterio, ya presente en el artículo 10.5 del Código Civil, de exigir algún grado de conexión entre la Ley aplicable y la controversia objeto de arbitraje, a fin de evitar que por la vía del arbitraje se produzca lo que se ha dado en llamar la fuga del derecho de determinadas relaciones jurídicas internacionales.

La Ley efectúa una reforma en profundidad del arbitraje para que esta institución resulte apta no solo para resolver los litigios que se planteen en el marco de complejas relaciones mercantiles o de aisladas relaciones jurídico-civiles, sino también para eliminar conflictos como los que se producen en el trafico jurídico en masa, mediante la autonomía de la voluntad de las partes. El Comité de Ministros del Consejo de Europa, en su recomendación 12/1986, referente a ciertas medidas tendentes a prevenir y reducir la sobrecarga de trabajo de los tribunales, postula que los Gobiernos adopten las disposiciones adecuadas para que en los casos que se presten a ello, el arbitraje pueda constituir una alternativa mas accesible y mas eficaz a la acción judicial.

Por ello, leyes recientes, como la de ordenación del seguro privado, la general para la defensa de los consumidores y usuarios, la de propiedad intelectual y la de ordenación de los transportes terrestres crean instancias arbitrales a las que la presente Ley servirá de norma complementaria, especialmente desde el punto de vista procesal.

Esta Ley facilitara un cauce sencillo y económico para la eliminación de conflictos mediante el uso de su libertad por parte de los ciudadanos, garantizando, al mismo tiempo, que el sistema que se instaura es igualitario.

Se trata, en definitiva, de remover, conforme ordena el artículo 9 de la Constitución, los obstáculos que dificulten o impidan la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra.


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