Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de ordenación del territorio y urbanismo.

TÍTULO PRELIMINAR.
OBJETO Y FINALIDADES DE LA LEY FORAL

Artículo 1. Objeto de la Ley Foral.

Esta Ley Foral tiene por objeto la regulación de las materias de ordenación del territorio y urbanismo en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

Artículo 2. Aspectos de las actividades administrativas en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

1. La actividad administrativa en materia de ordenación del territorio se ejercerá a través de los instrumentos de ordenación territorial previstos en esta Ley Foral, con el alcance que en ésta se dispone.

2. La actividad administrativa en materia de urbanismo comprende los siguientes aspectos:

  1. La ordenación urbanística de los municipios a través del planeamiento.

  2. La ejecución y la gestión del planeamiento.

  3. La intervención del ejercicio de las facultades dominicales relativas al uso del suelo y edificación.

  4. La protección de la legalidad urbanística.

  5. La intervención en el mercado de suelo.

Artículo 3. Finalidades y atribuciones de la actividad administrativa en materia de ordenación del territorio y urbanismo.

1. La competencia concerniente a la ordenación territorial y urbanística comprenderá, según sus respectivos ámbitos, las siguientes facultades:

  1. Formular instrumentos de ordenación territorial y de planeamiento urbanístico.

  2. Emplazar los centros de producción y residencia del modo más conveniente para la mejor distribución de la población.

  3. Dividir el territorio en áreas de suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.

  4. Establecer zonas distintas de utilización según la densidad de la población que haya de habitarlas, porcentaje de terreno que pueda ser ocupado por construcciones, volumen, forma, número de plantas, clase y destino de los edificios, con sujeción a ordenaciones generales uniformes para cada especie de los mismos en toda la zona.

  5. Establecer espacios libres para parques y jardines públicos en proporción adecuada a las necesidades colectivas.

  6. Señalar el emplazamiento y características de los centros, servicios y equipamientos de interés público o social.

  7. Calificar terrenos para la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública.

  8. Determinar la configuración y dimensiones de las parcelas edificables.

  9. Limitar el uso del suelo y subsuelo y de las edificaciones.

  10. Regular la composición arquitectónica de las edificaciones y sus características estéticas.

2. La competencia en lo que atañe a la ejecución y gestión del planeamiento confiere las siguientes facultades:

  1. Encauzar, dirigir, realizar, conceder y fiscalizar la ejecución de las obras de urbanización.

  2. Expropiar los terrenos y construcciones necesarios para efectuar las obras y cuantos convengan a la economía de la urbanización proyectada.

3. La competencia urbanística en orden a la intervención en el ejercicio de las facultades dominicales, relativas al uso del suelo y edificación, comprenderá las siguientes facultades:

  1. Intervenir la parcelación.

  2. Intervenir la construcción y uso de las fincas.

  3. Facilitar a los propietarios el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley.

  4. Exigir a los propietarios que edifiquen en plazos determinados.

4. Las competencias relativas a la protección de la legalidad urbanística comprenden las siguientes funciones:

  1. Impedir los usos que no se ajusten a las Leyes o a la ordenación prevista.

  2. Sancionar a los responsables de las infracciones urbanísticas.

  3. Ejercer inspecciones para comprobar la adecuación de la actividad de los particulares a la legalidad urbanística.

  4. Suspender y revisar, cuando proceda, los actos administrativos.

  5. Adoptar las medidas tendentes a reponer los bienes afectados al Estado anterior a la producción de la situación ilegal.

5. La competencia urbanística en lo que se refiere a la intervención en el mercado del suelo confiere las siguientes facultades:

  1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar la subordinación de los terrenos a los fines previstos en el planeamiento.

  2. Ceder terrenos edificables y derechos de superficie sobre los mismos.

  3. Constituir y gestionar patrimonios públicos de suelo.

  4. Ejercitar los derechos de tanteo y retracto sobre suelo en los términos establecidos en esta Ley Foral.

  5. Promover la constitución de organismos y empresas públicas para la gestión urbanística, y establecer entre la iniciativa pública y la privada las adecuadas modalidades de gestión.

6. Las mencionadas facultades tendrán carácter enunciativo y no limitativo, y la competencia en las materias de ordenación del territorio y urbanismo comprenderá cuantas otras fueren congruentes con las mismas, para ser ejercidas con arreglo a esta Ley Foral y las demás que resulten aplicables.

Artículo 4. Funciones públicas e iniciativa privada.

1. La actividad administrativa en las materias de ordenación del territorio y de urbanismo es una función pública.

2. Cuando el mejor cumplimiento de los fines y objetivos de la ordenación del territorio o del urbanismo así lo aconsejen, se suscitará por la Administración la iniciativa privada conforme a lo previsto en esta Ley Foral.

3. En la formulación, tramitación y gestión del planeamiento, las Administraciones competentes deberán asegurar la participación de los interesados y, en particular, los derechos de iniciativas e información por parte de las entidades representativas de los intereses que resulten afectados y de los particulares.

En todo caso, cualquiera de los instrumentos de ordenación del territorio o urbanísticos contemplados en esta Ley Foral será sometido a un período no menor de quince días de participación ciudadana, mediante la exposición pública y, en su caso, audiencia a las entidades locales, previamente a su aprobación definitiva.


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