Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

TÍTULO PRELIMINAR.
DISPOSICIONES GENERALES.

CAPÍTULO I.
LA GESTIÓN RECAUDATORIA.

Artículo 1. Concepto.

La gestión recaudatoria consiste en el ejercicio de la función administrativa conducente a la realización de los Créditos tributarios y demás de derecho público.

Artículo 2. Régimen legal.

La gestión recaudatoria del Estado y sus organismos autónomos se regirá:

  1. Por las Leyes Generales Presupuestaria y Tributaria.

  2. Por las normas que regulan los tributos y demás recursos objeto de la gestión recaudatoria.

  3. Por los tratados, acuerdos, convenios y demás normas internacionales o emanadas de entidades internacionales o supranacionales, aplicables a dicha gestión.

  4. Por el presente Reglamento y sus normas de desarrollo.

Artículo 3. Períodos de recaudación.

1. La gestión recaudatoria se realizará en dos períodos: voluntario y ejecutivo.

2. En período voluntario, los obligados al pago harán efectivas sus deudas dentro de los plazos señalados en el artículo 20 de este Reglamento.

3. En período ejecutivo, la recaudación se efectuará coercitivamente, por vía de apremio sobre el patrimonio del obligado que no haya cumplido la obligación a su cargo en período voluntario.

Artículo 4. Gestión recaudatoria de la Hacienda Pública estatal.

1. La gestión recaudatoria del Estado y sus Organismos autónomos está atribuida al Ministerio de Economía y Hacienda y se llevará a cabo:

  1. Cuando se trate de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, tanto en período voluntario como ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

    No obstante, tratándose de tasas, la recaudación en período voluntario se llevará a cabo por el Departamento ministerial u Organismo autónomo a los que les sea atribuida su gestión por sus normas reguladoras.

  2. Tratándose de los demás recursos de derecho público:

    1. En período voluntario, por los órganos del Estado y de sus Organismos autónomos que tengan atribuida la gestión de los correspondientes recursos.

    2. En período ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

  3. La recaudación por el procedimiento administrativo de apremio de precios públicos, cuando proceda, se efectuará, previa solicitud de los organismos, servicios u órganos de la Administración General del Estado que tengan encomendada su administración, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

2. Los recursos de Derecho Público cuya gestión esté atribuida a un ente público vinculado a la Administración General del Estado, distinto de los señalados en el apartado anterior, serán recaudados en período voluntario por los servicios de dicho ente. La recaudación en período ejecutivo corresponderá a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, una vez establecido, en su caso, el oportuno convenio.

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria se encargará de la gestión recaudatoria de los recursos de derecho público de otras Administraciones públicas nacionales cuando dicha gestión se le encomiende en virtud de Ley o por convenio.

4. La gestión recaudatoria de los recursos propios de la Unión Europea y otras entidades supranacionales o internacionales que deba realizarse por el Estado español, se llevará a cabo:

  1. En período voluntario, por los órganos de la Administración General del Estado, organismos o entes públicos a los que les sea atribuida por sus normas reguladoras y, en su defecto, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

  2. En período ejecutivo, por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

5. La gestión recaudatoria que deba realizarse por el Estado español en favor de Estados extranjeros, en virtud de normas sobre asistencia mutua entre los Estados miembros de la Unión Europea o en el marco de los convenios para evitar la doble imposición o de otros convenios internacionales se llevará a cabo por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

6. Asimismo, la Agencia Estatal de Administración Tributaria realizará las actuaciones de colaboración en la gestión recaudatoria propia de otras Administraciones públicas que establezcan las Leyes. En su caso, la Agencia establecerá los procedimientos para llevar a cabo dichas actuaciones

Artículo 5. Gestión recaudatoria de las Comunidades Autónomas.

1. La gestión recaudatoria de las Comunidades Autónomas esta atribuida a las mismas. Cuando se trate de tributos cedidos será de aplicación directa lo dispuesto en este Reglamento.

2. En la gestión recaudatoria de los tributos y otros recursos de derecho público propios de las Comunidades Autónomas, este Reglamento tendrá el carácter de supletorio, respecto del derecho propio de la Comunidad.

3. En uno y otro supuestos de los previstos en las dos reglas anteriores, la competencia para la gestión recaudatoria corresponderá a los órganos, servicios o entidades que determinen las normas de cada Comunidad Autónoma.

4. En la Comunidad Autónoma del País Vasco y en la Comunidad Foral de Navarra, el Reglamento General de Recaudación solo será aplicable con carácter supletorio, a falta de regulación específica autonómica o foral.

Artículo 6. Gestión recaudatoria de las entidades locales.

1. De conformidad con el artículo 12 de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, este Reglamento es aplicable directamente a las entidades locales.

2. La gestión recaudatoria de estas entidades está atribuida a las mismas y se llevará a cabo:

  1. Directamente por las propias entidades;

  2. Por otros entes territoriales a cuya demarcación pertenezcan, con los que se haya formalizado el correspondiente convenio o en los que se haya delegado esta facultad.

3. Son competentes para la gestión recaudatoria de las entidades locales los órganos, servicios o entidades que se determinen en las correspondientes normas orgánicas de cada entidad.

4. El aplazamiento y fraccionamiento de pago, regulado en el presente Reglamento, solo será aplicable a las entidades locales en aquello que no esté regulado, con carácter general, por la respectiva entidad, dentro de las previsiones de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y de los artículos 61.3 y 76 de la Ley General Tributaria.

CAPÍTULO II.
ÓRGANOS RECAUDADORES DE LA HACIENDA PÚBLICA.

Artículo 7. Órganos de dirección.

1. La gestión recaudatoria a que se refiere el artículo 4 será dirigida por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, bajo la autoridad del Ministro de Economía y Hacienda.

2. No obstante, la recaudación en período voluntario de recursos de derecho público no tributarios ni aduaneros que no esté encomendada a dicha Agencia será dirigida por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda

Artículo 8. Órganos de recaudación y entidades colaboradoras.

1. Son órganos de recaudación del Estado:

  1. Las unidades administrativas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, centrales o periféricas, a las que atribuyan competencias en materia de recaudación las normas orgánicas de dicho ente.

    El Ministro de Economía y Hacienda atribuirá las competencias a dichos órganos o habilitará al Presidente de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para dictar resoluciones normativas por las que se realice la concreta atribución de competencias.

  2. Las unidades administrativas de los Departamentos Ministeriales y Organismos autónomos del Estado que gestionen la recaudación en período voluntario de recursos de Derecho Público.

  3. Las unidades administrativas de los entes públicos que gestionen la recaudación en período voluntario de recursos de Derecho Público.

  4. La Dirección General del Tesoro y Política Financiera y las unidades administrativas de las Delegaciones Provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda que gestionen la recaudación en período voluntario de los demás recursos de Derecho Público.

2. Pueden prestar el servicio de caja a los distintos órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, los Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito, que en adelante serán denominados entidades de depósito, con los que dicha Agencia así lo convenga.

El servicio de caja a los demás organismos u órganos de la Administración General del Estado se prestará, en su caso, por las entidades de depósito con las que así lo convengan dichos órganos y así lo autorice, bien la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de la gestión de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, bien, en los demás casos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

3. La Agencia Estatal de Administración Tributaria podrá autorizar a entidades de depósito para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación que aquélla tiene encomendada, con los requisitos y con el contenido a que se refiere el artículo 78.

En las mismas condiciones, bien la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de la gestión de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, bien, en los demás casos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, podrán asimismo autorizar a entidades de depósito para actuar como entidades colaboradoras en la recaudación que no esté encomendada a dicha Agencia.

4. Los ingresos correspondientes a la gestión de órganos del Estado distintos de los regulados en los Capítulos II, III y IV del Libro II de este Reglamento se podrán realizar, conforme establece el artículo 84, en cuentas restringidas de recaudación abiertas en entidades de depósito o en Cajas situadas en las dependencias del órgano gestor, cuando así lo autorice bien la Agencia Estatal de Administración Tributaria cuando se trate de la gestión de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, bien, en los demás casos, la Dirección General del Tesoro y Política Financiera.

5. En ningún caso la autorización atribuirá el carácter de órganos de recaudación a las entidades de depósito y demás colaboradores

Artículo 9. Competencia de los órganos de recaudación.

1. Los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria tendrán las competencias que, en concreto, de entre las definidas en este Reglamento y en las demás disposiciones legales, les atribuyan las normas orgánicas o de atribución de competencias de dicho ente.

2. Los demás órganos de recaudación del Estado tendrán las competencias que les atribuye este Reglamento y las demás disposiciones legales que les sean de aplicación, bajo la dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en lo que se refiere a la gestión de los recursos del sistema tributario estatal y aduanero, o de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en los demás casos

CAPÍTULO III.
OBLIGADOS AL PAGO.

SECCIÓN I. OBLIGADOS AL PAGO DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS.

Artículo 10. Enumeración y clasificación.

1. Están obligados al pago de las deudas tributarias como deudores principales, según los casos:

  1. Los sujetos pasivos de los tributos, lo sean como contribuyentes o como sustitutos.

  2. Los retenedores y quienes deban efectuar ingresos a cuenta de cualquier tributo.

  3. Los sujetos infractores, estén o no comprendidos en las letras anteriores, por las sanciones pecuniarias que les sean impuestas.

2. A falta de pago de las deudas tributarias por los deudores principales están asimismo obligados al pago de las mismas, de acuerdo con los artículos siguientes de esta Sección:

  1. Los responsables solidarios.

  2. Los adquirentes de explotaciones y actividades económicas.

  3. Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales.

3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a los socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente.

4. Los sucesores mortis causa de los obligados al pago de las deudas tributarias enumerados en los apartados anteriores se subrogarán en la posición del obligado a quien sucedan.

No obstante, a la muerte del sujeto infractor no se transmiten las sanciones pecuniarias impuestas al mismo.

5. Los obligados al pago de las deudas tributarias responden del cumplimiento de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las excepciones previstas en las leyes y, en particular, las siguientes:

  1. Los socios o partícipes en el capital de sociedades o entidades disueltas y liquidadas responderán de las obligaciones tributarias pendientes de éstas hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere adjudicado.

  2. Los sucesores mortis causa responderán de las obligaciones tributarias pendientes de sus causantes con las limitaciones que resulten de lo dispuesto en la legislación civil para la adquisición de la herencia.

Artículo 11. Deudores principales de las deudas tributarias.

1. La deuda tributaria deberá ser satisfecha en primer lugar por el contribuyente, el sustituto, el que deba ingresar a cuenta o el retenedor a quien se haya notificado reglamentariamente la correspondiente liquidación o que por precepto legal deba autoliquidar aquella e ingresar su importe en el Tesoro Público.

Asimismo las sanciones pecuniarias impuestas como consecuencia de infracciones tributarias deberán ser satisfechas en primer lugar por los sujetos infractores.

2. Según el artículo 34 de la Ley General Tributaria, la concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible determinará que queden solidariamente obligados frente a la Hacienda Pública, salvo que la Ley propia de cada tributo dispusiere lo contrario.

Artículo 12. Responsables solidarios.

1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las Leyes, a falta de pago de la deuda por el deudor principal y sin perjuicio de la responsabilidad de éste, la Hacienda Pública podrá reclamar de los responsables solidarios, si los hubiere, el pago de la deuda.

Se entenderá producida la falta de pago de la deuda tributaria una vez transcurrido el período voluntario, bien por el vencimiento del plazo a partir de la notificación en los casos de deudas liquidadas por la Administración, bien por el vencimiento del plazo para autoliquidar e ingresar en el Tesoro, en los casos en que el sujeto pasivo o retenedor están obligados a ello.

2. La responsabilidad solidaria alcanza a la totalidad del importe exigible al deudor principal por todos los componentes de la deuda tributaria mencionados en el artículo 58 de la Ley General Tributaria y, en su caso, por las costas del procedimiento de apremio.

Una vez requerido el pago al responsable solidario, los intereses y costas que se produzcan hasta el momento del pago serán, asimismo, exigibles a dicho responsable.

3. El procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria, según los casos, será el siguiente:

  1. Cuando la responsabilidad solidaria haya sido declarada y notificada al responsable en cualquier momento anterior al vencimiento del período voluntario, bastará con requerir el pago a aquél una vez transcurrido dicho período y expedido el correspondiente título ejecutivo. Los plazos de ingreso para el responsable solidario serán los establecidos en este Reglamento para los ingresos en período ejecutivo.

  2. Si no ha sido declarada y notificada anteriormente, una vez transcurrido el período voluntario, el órgano de recaudación dictará acto administrativo de declaración de responsabilidad solidaria y requerimiento al responsable o a cualquiera de ellos, si son varios, para que efectúe el pago.

    Este acto se notificará a los responsables solidarios con expresión de:

    1. Los elementos esenciales de la liquidación y del título ejecutivo.

    2. El texto íntegro del acuerdo declarando la responsabilidad solidaria y la extensión de la misma.

    3. Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos por los responsables solidarios, tanto contra la liquidación practicada como contra la extensión y fundamento de su responsabilidad, con indicación de plazos y órganos ante los que habrán de ser interpuestos.

    4. Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la deuda, que serán los establecidos en este Reglamento para los ingresos en período ejecutivo.

4. En los supuestos de aval, fianza u otra garantía personal prestada con carácter solidario, la responsabilidad alcanzará a todos los componentes de la deuda impagada, incluidos recargos, intereses y costas producidos hasta el límite del importe de dicha garantía. El procedimiento para su exigencia será el regulado en el artículo 111 de este Reglamento.

5. En los supuestos de depositarios de bienes embargables que, con conocimiento previo de la orden de embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de los mismos, la responsabilidad alcanzará al importe de la deuda hasta el límite del importe levantado.

El procedimiento para su declaración y exigencia será el regulado en el artículo 118 de este Reglamento.

6. Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás obligados al pago, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

7. Cuando sean varios los responsables solidarios de una misma deuda, la responsabilidad de los mismos frente a la Hacienda Pública será a su vez solidaria, salvo que la Ley disponga expresamente otra cosa.

Artículo 13. Responsables por adquisición de explotaciones o actividades económicas.

1. Las deudas tributarias y responsabilidades derivadas del ejercicio de explotaciones y actividades económicas por personas físicas o jurídicas, o por aquellas entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, serán exigibles a quienes les sucedan por cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de las mismas.

La responsabilidad alcanza a las deudas liquidadas y a las pendientes de liquidación, originadas por el ejercicio de las explotaciones o actividades, incluso las rentas obtenidas de ellas.

2. Esta responsabilidad no es exigible a los adquirentes de elementos aislados de las empresas respectivas, salvo que las adquisiciones aisladas, realizadas por una o varias personas, permitan la continuación de la explotación o actividad.

3.La responsabilidad del adquirente no releva al transmitente de la obligación de pago. Ambos solidariamente responden de éste.

4. El que pretenda adquirir la titularidad de una explotación o actividad económica, previa la conformidad del titular actual, tendrá derecho a solicitar de la Administración tributaria certificación detallada de las deudas tributarias derivadas del ejercicio de la actividad o explotación de que se trate. En caso de que la certificación se expidiera con contenido negativo o no se facilitara en el plazo de dos meses, quedará el adquirente exento de la responsabilidad establecida en este artículo.

5. No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición de la explotación o actividad económica de que se trate.

6. La exención de responsabilidad, derivada de estas certificaciones, surtirá efectos únicamente respecto de las deudas tributarias para cuya liquidación sea competente la Administración tributaria de la que se solicita la certificación.

7.El procedimiento para exigir la responsabilidad a que se refiere este artículo será el regulado en el apartado 3 del artículo 12 de este Reglamento.

Artículo 14. Responsables subsidiarios.

1. En los supuestos previstos por las leyes, los responsables subsidiarios están obligados al pago de las deudas tributarias cuando concurran las siguientes circunstancias:

  1. Que los deudores principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos, de acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 163 y siguientes de este Reglamento.

  2. Que se haya dictado un acto administrativo de derivación de responsabilidad.

2. El acto administrativo de derivación de responsabilidad será dictado por el órgano de recaudación que tenga a su cargo la tramitación del expediente y notificado al interesado con expresión de:

  1. Los elementos esenciales de la liquidación y el texto íntegro del acuerdo declarando la responsabilidad subsidiaria y la cantidad a que alcance la misma.

  2. Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos por el responsable subsidiario tanto contra la liquidación practicada como contra la extensión y fundamento de su responsabilidad, con indicación del plazo y órganos ante los que habrán de ser interpuestos.

  3. Lugar, plazo y forma en que deba ser satisfecha la cantidad a que se extiende la responsabilidad subsidiaria, de acuerdo, en particular, con lo dispuesto en las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 20 de este Reglamento.

3. La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial disponga otra cosa, se extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y notificada al deudor principal en período voluntario.

La responsabilidad subsidiaria no alcanza a las sanciones pecuniarias impuestas al deudor principal, salvo cuando aquella resulte de la participación del responsable en una infracción tributaria.

4. Antes de la declaración de fallidos de los deudores principales, el órgano de recaudación podrá adoptar las medidas cautelares que procedan cuando existan indicios racionales para presumir actuaciones que puedan impedir la satisfacción de la deuda.

Artículo 15. Sucesores en las deudas tributarias.

1. Disuelta y liquidada una sociedad o entidad, la Administración tributaria exigirá a sus socios o partícipes en el capital el pago de las deudas tributarias, intereses y costas pendientes de aquélla, con el límite establecido en el apartado 5 del artículo 10 de este Reglamento.

Si se trata de deudas tributarias ya liquidadas y notificadas, la Administración podrá dirigirse contra cualquiera de los obligados solidariamente o contra todos ellos simultáneamente, notificándoles el correspondiente acto de requerimiento para que efectúen el pago en los plazos previstos en los artículos 20 y 108 de este Reglamento, según que la deuda se encuentre en período voluntario o ejecutivo en el momento de la disolución o liquidación de la sociedad o entidad.

En cualquier caso, las acciones dirigidas contra cualquiera de los socios o partícipes no serán obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo.

2. Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda tributaria, la gestión recaudatoria continuará con sus herederos y, en su caso, legatarios, sin más requisitos que la constancia del fallecimiento de aquél y la notificación al sucesor requiriéndole para el pago de la deuda tributaria en los plazos previstos en los artículos 20 y 108 de este Reglamento, según la situación de la deuda en el momento del fallecimiento, con los límites establecidos en los apartados 4 y 5 del artículo 10 de este Reglamento.

Cuando el heredero alegue haber hecho uso del derecho a deliberar se esperará a que transcurra el plazo concedido para ello, durante el cual podrá solicitar de la Administración tributaria la certificación regulada en el artículo 13 de este Reglamento.

3. Mientras se halle la herencia yacente, la gestión recaudatoria de las deudas tributarias pendientes podrá continuar dirigiéndose contra los bienes y derechos de la herencia y entendiéndose con quien ostenta la administración o representación de ésta.

4. Desde que conste que no existen herederos conocidos o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia o no la hayan aceptado expresa o tácitamente, los órganos de recaudación pondrán los hechos en conocimiento del Delegado de Hacienda, quien dará traslado al servicio jurídico del Estado a efectos de que se solicite la declaración de heredero a favor del Estado, sin perjuicio de la continuación de la gestión recaudatoria contra los bienes y derechos de la herencia.

SECCIÓN II. OBLIGADOS AL PAGO DE DEUDAS DE DERECHO PÚBLICO NO TRIBUTARIAS.

Artículo 16. Obligados al pago.

1. Los obligados frente a la Administración por deudas de derecho público no tributarias, responderán del pago de las mismas con todos sus bienes presentes y futuros, salvo las limitaciones establecidas por la Ley.

2. Esta responsabilidad se extenderá a quienes, por cualquier título legal o voluntario, vengan obligados a solventar dichas deudas. Si la responsabilidad es subsidiaria, para hacerla efectiva se precisará además de la declaración de fallido del deudor principal y responsables solidarios, acto administrativo de derivación de aquélla, en la forma y términos establecidos en el artículo 14 de este Reglamento.

3. La responsabilidad de estos obligados se extenderá a sus sucesores, en los términos del artículo 15 de este Reglamento.

4. Siendo una la deuda y varios los obligados a solventarla, la responsabilidad de éstos será solidaria, salvo precepto de Ley en contrario.

5. Corresponde a los órganos de recaudación acordar la derivación de la responsabilidad en el pago de las deudas de derecho público no tributarias.

CAPÍTULO IV.
DOMICILIO.

Artículo 17. Determinación.

1. A efectos recaudatorios, tratándose de deudas tributarias, se considerará como domicilio de los obligados al pago el señalado en los artículos 45 y 46 de la Ley General Tributaria

2. Cuando se trate de deudas no tributarias, se considerará como domicilio de los obligados el que proceda conforme a las normas que lo regulen.


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