Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local.

TÍTULO II.
EL MUNICIPIO

CAPÍTULO PRIMERO.
TERRITORIO Y POBLACIÓN

Artículo 2.

Cada municipio pertenecerá a una sola provincia.

Artículo 3.

1. La alteración de términos municipales podrá producirse:

  1. Por incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes.

  2. Por fusión de dos o más municipios limítrofes.

  3. Por segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente

  4. Por segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe.

2. En ningún caso la alteración de términos municipales podrá suponer modificación de los límites provinciales.

Artículo 4.

La incorporación de uno o más municipios a otro u otros limítrofes solamente podrá acordarse cuando se den notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Artículo 5.

La fusión de municipios limítrofes a fin de constituir uno sólo podrá realizarse:

  1. Cuando separadamente carezcan de recursos suficientes para atender los servicios mínimos exigidos por la Ley.

  2. Cuando se confundan sus núcleos urbanos como consecuencia del desarrollo urbanístico.

  3. Cuando existan notorios motivos de necesidad o conveniencia económica o administrativa.

Artículo 6.

La segregación de parte del territorio de uno o varios municipios para constituir otro independiente podrá realizarse cuando existan motivos permanentes de interés público, relacionados con la colonización interior, explotación de minas, instalación de nuevas industrias, creación de regadíos, obras públicas u otras análogas.

Artículo 7.

La segregación de parte del territorio de un municipio para agregarlo a otro limítrofe, podrá realizarse cuando concurra alguna de las causas señaladas en los apartados b) y c) del artículo 5.

Artículo 8.

1. No podrá segregarse parte de un municipio si con ello se privara a este de las condiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Tampoco podrá segregarse ningún núcleo de población de un término municipal cuando se halle unido por calle o zona urbana a otro del municipio originario.

2. En los supuestos de segregación parcial de un término municipal, conjuntamente con la división del territorio se hará la de los bienes, derechos y acciones, así como la de las deudas y cargas, en función del número de habitantes y de la riqueza imponible del núcleo que se trate de segregar.

Artículo 9.

1. El procedimiento para la alteración de los términos municipales en los supuestos previstos por los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta Ley, se iniciará de oficio por la correspondiente Comunidad Autónoma o a instancia del Ayuntamiento interesado, de la respectiva Diputación o de la Administración del Estado. En todo caso, será preceptiva la audiencia de la Diputación Provincial y de los Ayuntamientos interesados.

2. En los supuestos de fusión o de incorporación voluntaria de municipios limítrofes, el procedimiento se promoverá por acuerdo de los respectivos Ayuntamientos, adoptado con el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Los acuerdos se someterán a información pública, y las alegaciones y reclamaciones que puedan formularse serán resueltas por los mismos Ayuntamientos con idéntica mayoría.

3. En los casos de segregación parcial de carácter voluntario se cumplirán los mismos requisitos del número anterior, salvo que haya mediado previamente petición escrita de la mayoría de los vecinos residentes en la porción que haya de segregarse, en cuyo caso el expediente se elevará al órgano competente para su resolución definitiva, aún cuando los acuerdos municipales no hubieran sido favorables.

4. En todos los casos de alteración de términos municipales será necesario el previo dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de la respectiva Comunidad Autónoma, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado. Simultáneamente a la petición del dictamen se dará conocimiento del expediente a la Administración del Estado.

5. La resolución definitiva del procedimiento se hará por decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma correspondiente, del que se dará traslado a la Administración del Estado a efectos de lo previsto en el artículo 14.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 10.

Las cuestiones que se susciten entre municipios sobre deslinde de sus términos municipales serán resueltas por la correspondiente Comunidad Autónoma, previo informe del Instituto Geográfico Nacional y dictamen del órgano consultivo superior del Consejo de Gobierno de aquélla, si existiere o, en su defecto, del Consejo de Estado.

Artículo 11.

1. La alteración del nombre y capitalidad de los municipios podrá llevarse a efecto por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, previo acuerdo del Ayuntamiento e informe de la Diputación Provincial respectiva.

2. El acuerdo corporativo deberá ser adoptado con la mayoría prevista en el artículo 47.2.d), de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

3. De la resolución que adopte el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma deberá darse traslado a la Administración del Estado a los efectos previstos en el artículo 14.1 de la citada Ley.

Artículo 12.

Artículo derogado por Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en Relación con el Padrón Municipal.

Artículo 13.

Artículo derogado por Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en Relación con el Padrón Municipal.

Artículo 14.

Artículo derogado por Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en Relación con el Padrón Municipal.

Artículo 15.

Artículo derogado por Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en Relación con el Padrón Municipal.

Artículo 16.

Artículo derogado por Ley 4/1996, de 10 de Enero, por la que se modifica la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, en Relación con el Padrón Municipal.

Artículo 17.

Para cuanto se refiere a la administración económica local y al régimen de derechos y obligaciones que de ella emanen para los residentes, los propietarios ausentes tendrán obligación de comunicar a la alcaldía el nombre de la persona que los represente. Faltando esta comunicación, tendrán la consideración de representantes de los propietarios por las fincas que labren, ocupen o administren:

1. Los administradores, apoderados o encargados de los propietarios forasteros.

2. En defecto de los anteriores, los colonos, arrendatarios o aparceros de las fincas rústicas cuando sus propietarios o administradores no residieran en el término municipal.

3. Los inquilinos de fincas urbanas cuando cada una de ellas estuviere arrendada a una sola persona o no residiere en la localidad el dueño, administrador o encargado.

CAPÍTULO II.
ORGANIZACIÓN

Artículo 18.

Antes de comenzar el ejercicio de sus funciones, el Alcalde deberá jurar o prometer el cargo ante el Ayuntamiento pleno.

Artículo 19.

Los alcaldes de Madrid y Barcelona tendrán tratamiento de Excelencia; los de las demás capitales de provincia, tratamiento de Ilustrísima, y los de los municipios restantes, tratamiento de Señoría. Se respetan, no obstante, los tratamientos que respondan a tradiciones reconocidas por disposiciones legales.

Artículo 20.

1. En cada uno de los poblados y barriadas separados del casco urbano y que no constituyan Entidad local, el alcalde podrá nombrar un representante personal entre los vecinos residentes en el mismo.

2. También podrá nombrar el alcalde dichos representantes en aquellas ciudades en que el desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. El representante habrá de estar avecindado en el propio núcleo en el que ejerza sus funciones.

3. Lo dispuesto en los dos números anteriores solo será de aplicación en los términos que disponga el reglamento orgánico propio de la Corporación.

Artículo 21.

Cuando el alcalde se ausente del término municipal por más de veinticuatro horas sin haber conferido la delegación, o cuando por una causa imprevista le hubiere resultado imposible otorgarla, le sustituirá el teniente de alcalde a quien corresponda, quien deberá dar cuenta de ello al resto de la Corporación.

Artículo 22.

En los municipios con comisión de Gobierno, el número de tenientes de alcalde no podrá exceder del número de miembros de aquella. En aquellos otros en que no exista tal comisión, el número de tenientes de alcalde no podrá exceder del tercio del número legal de los miembros de la Corporación.

Artículo 23.

1. Además de las señaladas en el artículo 22 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, corresponden al Pleno, una vez constituido conforme a lo dispuesto en la legislación electoral, las siguientes atribuciones:

  1. La adquisición de bienes y derechos del municipio y la transacción sobre los mismos, salvo que las competencias estén atribuidas expresamente por la Ley a otros órganos.

  2. La regulación del aprovechamiento de los bienes comunales en los términos previstos en la legislación aplicable.

  3. La contratación de obras, servicios y suministros cuya duración exceda de un año o exija Créditos superiores a los consignados en el presupuesto anual.

  4. La aprobación de los proyectos de obras cuando la contratación de su ejecución sea de su competencia, conforme al apartado anterior.

  5. El reconocimiento extrajudicial de Créditos , siempre que no exista dotación presupuestaria, operaciones de crédito o concesión de quita y espera.

  6. La defensa en los procedimientos incoados contra el Ayuntamiento.

2. El ejercicio de las atribuciones establecidas en el número anterior será delegable, salvo en los supuestos previstos en el artículo 47 de la Ley 7/1985, de 2 de abril.

Artículo 24.

Además de las previstas en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, el alcalde ejercerá las siguientes atribuciones:

  1. Decidir los empates con voto de calidad.

  2. La organización de los servicios administrativos de la corporación, en el marco del reglamento orgánico.

  3. La contratación y concesión de obras, servicios y suministros, que excediendo de la cuantía señalada en el artículo 21.1.1) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, tengan una duración no superior a un año o no exijan Créditos superiores al consignado en el presupuesto anual.

  4. Todas las atribuciones en materia de personal que no competan al Pleno.

  5. La concesión de licencias, salvo que las ordenanzas o las leyes sectoriales la atribuyan expresamente al Pleno o a la comisión de Gobierno.

  6. El desarrollo y la gestión económica conforme al presupuesto aprobado.

  7. Publicar, ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Ayuntamiento.

  8. Presidir las subastas y concursos para ventas, arrendamientos, suministros y toda clase de adjudicaciones de servicios y obras municipales.


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