Derecho legislación y leyes inmobiliarias

Legislación Inmobiliaria Española

Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana.

Sumario:

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes Valencianas han aprobado y yo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey promulgo la siguiente Ley:

Preámbulo.

I. La definición que la Carta Europea atribuye al término ordenación del territorio conceptúa éste como la expresión espacial de las políticas económica, social, cultural y ecológica de toda la sociedad.

Por otro lado, define como objetivos fundamentales de la ordenación del territorio:

  1. La mejora de la calidad de vida que, entre otras cosas, se concreta en una mayor accesibilidad de la población a los equipamientos colectivos de todo tipo y en la mejora de las infraestructuras.

  2. La gestión responsable de los recursos naturales y la protección del medio ambiente que haga compatible la satisfacción de las necesidades crecientes de recursos y su conservación.

  3. La utilización racional y equilibrada del territorio, mediante la definición de usos compatibles o a potenciar, la creación de infraestructuras y la preservación de actividades. Todo ello acompañado de una más completa política territorial que permita conseguir objetivos de interés general.

La puesta en marcha de la política territorial así definida debe asegurar la coordinación entre sectores al mismo tiempo que organizar la cooperación entre los diversos niveles de decisión y la distribución de los medios financieros.

II. El proceso concreto de crecimiento económico de la Comunidad Valenciana ha dado como resultado un modelo territorial con fuertes desequilibrios, despilfarro de recursos, deterioro considerable del patrimonio natural y déficit de infraestructura y equipamientos colectivos.

La desigual distribución de un recurso básico como el agua, la superposición sobre la franja litoral de gran número de actividades (agricultura intensiva, desarrollo turístico, implantaciones industriales, procesos urbanizadores, etc.), cuya compatibilización en el territorio se hace muchas veces imposible, los déficit de infraestructuras básicas y equipamientos, la concretación de la población en un espacio superexplotado, etc, son resultados de una determinada lógica de uso del territorio.

A la configuración de este modelo territorial ha contribuido también la insuficiencia de las actuaciones públicas territoriales, llevadas a cabo, en muchos casos, desligadas de la propia política económica general y de la política regional. No hay que olvidar, a este respecto, el carácter eminentemente sectorial de este tipo de actuaciones y la compleja organización competencial de la Administración a todos los niveles, lo que hace que el conjunto de intervenciones que se llevan a cabo en una determinada área territorial dependan, en la mayoría de los casos, de gran numero de decisiones de inversión no siempre coordinadas previamente.

Sin embargo, la existencia de problemas diferenciados territorialmente en nuestra comunidad (litoral congestionado; áreas metropolitanas; zonas con alto riesgo de inundación, erosión y desertización; áreas deprimidas, etc.), requieren un tratamiento conjunto que integre la aplicación de políticas sectoriales, coordinando las actuaciones de todas ellas.

III. La redacción de la presente Ley de ordenación del territorio obedece, pues, a la necesidad de resolver, desde una óptica supramunicipal, los complejos problemas territoriales que afectan específicamente a la Comunidad Valenciana.

La filosofía y contenido de esta Ley parte de la distinción entre las consideraciones a corto y a medio o largo plazo, por un lado, y entre la planificación territorial y la de carácter sectorial, por otro. De ahí que integre normas de directa aplicación y el diseño de las figuras supramunicipales de ordenación que permitan abordar todos los aspectos antes indicados.

El proceso completo de ordenación se basa fundamentalmente en dos instrumentos de carácter global: el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y el programa de ordenación del territorio. Los de ámbito mas reducido, los planes de acción territorial, tanto los de carácter sectorial como los integrados, tienen como finalidad la compatibilización y coordinación de políticas sectoriales y urbanísticas a nivel supramunicipal. Están concebidas tanto para satisfacer las necesidades de un sector determinado como para resolver problemáticas específicas de un área territorial, de muy diversos tipos (coordinación urbanística en áreas metropolitanas; fomento del desarrollo en áreas retrasadas o en declive; zonas con problemas de inundaciones u otros riesgos naturales, etc.).

La aplicación de las normas contenidas en esta Ley y la utilización de los instrumentos que la misma ofrece permitirán obtener un marco territorial global y flexible, no determinista, que sirva también de referencia a las actuaciones de las distintas administraciones, respetando en lo posible las competencias urbanísticas que tienen atribuidas las corporaciones locales.

IV. La Constitución española, en su artículo 40, establece que los poderes públicos habrán de promover el progreso social y económico, así como una mas equitativa distribución de la renta regional. En el artículo 45 consagra el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado, al mismo tiempo que impone el deber de conservarlo y confía a los poderes públicos la utilización racional de los recursos naturales de cara a la mejora de la calidad de vida, apoyándose en la solidaridad colectiva. Al mismo tiempo, el artículo 46, impone a los poderes públicos el deber de conservar y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio establece, en su artículo 31.9, la competencia exclusiva de la generalidad en la ordenación del territorio y del litoral y en urbanismo, materias que se encuentran reguladas a nivel estatal básicamente por el texto refundido de la Ley de régimen del suelo y ordenación urbana, aprobado por Real Decreto 1346/1976, de 9 de abril, y desarrollado por los reglamentos dictados posteriormente al efecto. Tras más de diez años de vigencia, los instrumentos ofrecidos por la normativa urbanística indicada se han mostrado en la práctica insuficientes, especialmente en dos aspectos de suma importancia para resolver problemas fundamentales de la ordenación del territorio: la corrección de los desequilibrios territoriales de carácter socioeconómico y la coordinación de actuaciones territoriales supramunicipales.

Ello justifica la elaboración de una normativa propia de la generalidad en materia de ordenación del territorio.

Se trata, en todo caso, de un texto legal lo suficientemente flexible como para que, en su momento, pueda ser desarrollado merced a la elaboración de las disposiciones necesarias, que arbitren soluciones puntuales, allí donde sea preciso. Todo ello desde una perspectiva política de globalidad, marcando las referencias básicas, las pautas que permitan el desarrollo económico sin distorsiones espaciales, la armonización de los distintos elementos que constituyen y conforman el territorio, así como la coordinación entre los diferentes poderes y agentes económicos y sociales implicados.

CAPÍTULO I.
FINALIDADES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN.

SECCIÓN I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.

Artículo 1.

La presente Ley será de aplicación en el territorio de la Comunidad Valenciana.

Artículo 2.

Todas las instituciones, entidades y personas físicas o jurídicas quedarán obligadas a su cumplimiento.

Artículo 3.

Las Administraciones públicas velarán por la consecución de sus objetivos, estableciendo las medidas cautelares que les correspondan en el ámbito de sus respectivas competencias y las de coordinación y colaboración en las distintas actuaciones.

SECCIÓN II. OBJETIVOS.

Artículo 4.

Los objetivos fundamentales de la presente Ley son la mejora de la calidad de vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la utilización racional y equilibrada del territorio de la Comunidad Valenciana.

Para conseguir estos objetivos, la actuación de la administración deberá realizar actuaciones tendentes a:

  1. Preservar las condiciones medioambientales y elementos naturales de acciones agresivas.

  2. Conservar el patrimonio histórico, artístico, cultural, arqueológico, mineralógico y paisajístico, dentro del marco de la legislación específica aplicable.

  3. Fomentar la explotación racional de las tierras productivas.

  4. Paliar los desequilibrios comarcales de carácter económico, social y cultural.

  5. Fomentar la regeneración natural o asistida, si procede, de aquellas tierras que por sus características estén excluidas de uso agrícola.

  6. Regular el crecimiento poblacional exógeno en municipios saturados, considerando como tales a los que carezcan de recursos naturales o económicos para atender necesidades extraordinarias, o que conlleven con su crecimiento el desequilibrio poblacional.

  7. Establecer el conjunto de criterios y normas, de acuerdo con los que provienen de la comunidad económica europea y en coordinación con los programas económicos del Gobierno valenciano, para regular los procesos de asentamientos urbanos y de localización de actividades económicas de los agentes públicos y privados que operen en la Comunidad Valenciana.

  8. Establecer acciones territoriales conjuntas entre municipios, con otras Comunidades Autónomas o con la Administración del Estado, mediante el establecimiento de bases para los acuerdos de cooperación que resulten necesarios.

  9. Promover las inversiones públicas y privadas en áreas de desarrollo potencial y deprimidas, de acuerdo con las características socioeconómicas que determinen el establecimiento de prioridades.

  10. Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y aplicación de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones públicas.

  11. Realizar la planificación necesaria para el desarrollo de los programas territoriales de carácter local.

  12. Crear los instrumentos adecuados para la planificación del desarrollo social.

CAPÍTULO II.
INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

SECCIÓN I. DE LOS PLANES DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

Artículo 5.

La ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos de planificación:

  1. El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  2. Los planes de acción territorial.

  3. Los programas de ordenación del territorio.

  4. Los proyectos de ejecución.

SECCIÓN II. DEL PLAN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

Artículo 6.

El plan de ordenación del territorio es el instrumento básico para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Artículo 7.

El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana contendrá las siguientes determinaciones de carácter general:

  1. Estudio del medio físico, que deberá contener referencia a los elementos determinantes del paisaje natural, clasificación agrológica y estudio edafológico, inventario y localización de espacios naturales y pautas de conservación, señalamiento de áreas y zonas inundables o con riesgos catastróficos, así como medidas a adoptar para su prevención, señalamiento de riquezas naturales y análisis de las condiciones climáticas, eólicas, marítimas y del medio ambiente atmosférico.

  2. Señalamiento de las áreas de patrimonio cultural, histórico, medioambiental, arqueológico, mineralógico y de hidrocarburos, dentro del ámbito de la legislación específica aplicable.

  3. Recursos hidráulicos y mecanismos de utilización racional de estos recursos.

  4. Limitaciones o condiciones de uso del litoral, con indicación de la línea marítimo-terrestre del mar territorial, de la zona contigua y la plataforma submarina dentro de los criterios establecidos en la legislación y tratados internacionales en los que España sea parte.

  5. Información histórica del desarrollo municipal o comarcal.

  6. Análisis económico real y potencial de municipios o comarcas.

  7. Determinación de áreas de preferente localización industrial.

  8. Señalamiento de municipios, comarcas o áreas en situación de desequilibrio económico o social respecto a la media de la comunidad y medidas tendentes a paliarlo.

  9. Áreas de preferente localización o ámbitos urbanos de equipamientos supramunicipales, de interés para toda la comunidad.

  10. Relación de municipios que posean conjuntos, elementos o áreas territoriales de cualquier naturaleza que por sus excepcionales valores puedan ser declarados patrimonio de la Comunidad Valenciana, así como el patrimonio etnológico y medidas tendentes a su conservación y desarrollo.

  11. Propuestas de acciones territoriales que requieran actuaciones conjuntas con organismos internacionales, con la Administración del Estado o con otras Comunidades Autónomas, ofreciendo las bases de los acuerdos de cooperación que resulten necesarias.

  12. Señalamiento de medidas técnicas y económicas para la protección del medio físico y la gestión de los recursos naturales.

  13. Definición de las prioridades territoriales de inversión pública de las políticas sectoriales.

  14. Suministrar a los programas de ordenación del territorio el marco adecuado para la asignación de los recursos oportunos.

  15. El tratamiento de los municipios, comarcas, conjuntos, áreas o elementos, a que se refieren los puntos 9 y 10, podrá ser objeto de tratamiento legal específico, de acuerdo con los criterios que señale el consejero de la generalidad, oídas las Consejerías afectadas.

  16. Señalamiento de aquellas actividades económicas que posibiliten el desarrollo, a partir del estudio y conservación del medio físico donde se desarrollen.

  17. Cualesquiera otros que se consideren procedentes para cumplir los objetivos de esta Ley.

Artículo 8.

Las determinaciones previstas en el artículo anterior constituirán el fundamento de los criterios y previsiones que se contengan en los programas económicos valencianos.

Artículo 9.

La consideración unitaria del territorio no prejuzgará su división en sectores, de tal forma que estos permitan reconocer las condiciones objetivas y peculiares de una comarca o área territorial.

Artículo 10.

Las determinaciones a que se refiere el artículo 7 se contendrán, como mínimo, en los siguientes documentos:

  1. Planos de información y estudios complementarios.

  2. Memoria de la información y diagnostico derivado del reconocimiento territorial.

  3. Justificación de la ordenación.

  4. Planos de ordenación.

  5. Normas de actuación.

  6. División temática o sectorial de las actuaciones que se prevean.

  7. Criterios para desarrollo de los planes de acción territorial de carácter sectorial.

  8. Criterios de programación de inversiones.

SECCIÓN III. DE LOS PLANES DE ACCIÓN TERRITORIAL.

Artículo 11.

En desarrollo de las previsiones contenidas en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana se redactarán planes de acción territorial.

Artículo 12. Artículo derogado por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Valenciana.

Artículo 13.

Los planes de acción territorial de carácter sectorial fijarán los criterios y orientaciones contenidas en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, estableciendo las prioridades de las actuaciones y proyectos referidos a un sector determinado a realizar en un área territorial determinada.

Artículo 14.

Los planes de acción territorial de carácter integrado constituirán instrumentos supramunicipales de ordenación para desarrollar, de forma coordinada, las políticas sectoriales y urbanísticas que tengan una finalidad común y específica dentro de un área territorial determinada.

Artículo 15.

Las funciones de los planes de acción territorial de carácter sectorial serán las siguientes:

  1. Establecer los objetivos y criterios de carácter territorial para las actuaciones sectoriales, de acuerdo con las directrices y orientaciones del plan de ordenación territorial de la Comunidad Valenciana.

  2. Regular el planeamiento, ejecución y gestión de los sistemas generales supramunicipales o comarcales de infraestructuras, equipamientos, servicios y actividades de explotación de los recursos, con los objetivos y criterios propuestos, y de acuerdo con las determinaciones del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  3. Definir las prioridades territoriales de inversión pública de las políticas sectoriales, en orden a cubrir las necesidades y déficit.

  4. Determinar los proyectos y actuaciones concretas que han de llevarse a cabo para la consecución de los objetivos propuestos.

  5. Suministrar al programa de ordenación del territorio el marco para la programación y territorialización de los recursos sectoriales.

Artículo 16.

Son funciones de los planes de acción territorial de carácter integrado las siguientes:

  1. Definir, de acuerdo con la estrategia y orientación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana los objetivos concretos y los criterios de actuación de carácter territorial que permitan integrar actuaciones sectoriales supramunicipales y coordinar el planeamiento urbanístico municipal de cara a resolver la problemática específica del área considerada.

  2. Servir de base para la adopción de las medidas que se consideren necesarias o convenientes para la protección, fomento, desarrollo y mejor aprovechamiento de los recursos productivos, naturales o culturales.

  3. Concretar las medidas a adoptar que se consideren necesarias para la formulación de operaciones integradas de desarrollo, a efectos del Reglamento CEE numero 1787/84 del Consejo de las Comunidades Europeas, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

  4. Evaluar el coste económico de las actuaciones previstas y establecer las prioridades de ejecución para dichas acciones.

  5. Justificar la viabilidad técnica y económica de las soluciones adoptadas, evaluando la rentabilidad de las propuestas.

Artículo 17.

Los planes de acción territorial de carácter sectorial tendrán el siguiente contenido:

  1. Determinación de su ámbito de aplicación.

  2. Análisis y diagnóstico de la situación del sector al que se refiera, en relación con el sistema de asentamientos urbanos, la actividad económica y el medio natural.

  3. Definición de los objetivos que se pretende conseguir de acuerdo con la evaluación territorializada de las necesidades del sector, o ámbito territorial a que se refiera y según los criterios contenidos en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  4. Articulación con el planeamiento municipal existente y con los planes de acción territorial de carácter integrado, en su caso, determinando expresamente las vinculaciones que se creen.

  5. Justificación y definición del esquema general de las infraestructuras, obras, instalaciones y servicios que se prevean a efectos de su incidencia sobre el impacto medio ambiental.

  6. Normas técnicas y de protección, en su caso, que deban aplicarse en la ejecución de las actuaciones previstas.

  7. Determinación y localización de los proyectos y actuaciones a realizar.

  8. Coste de los proyectos y actuaciones previstos en el plan, estableciendo el orden de prioridades para su ejecución.

  9. Cualquier otro concepto que, de acuerdo con la naturaleza y características del plan de acción territorial de que se trate, resulte necesaria su inclusión.

  10. Criterios de revisión.

Artículo 18.

Los planes de acción territorial de carácter integrado tendrán el siguiente contenido:

  1. Definición y justificación de su ámbito de aplicación.

  2. Análisis socioeconómico y territorial, diagnóstico de la situación real y tendencias.

  3. Determinación de la problemática específica del área y fijación de los objetivos del plan en función de aquella y de acuerdo con el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  4. Determinación de los criterios de actuación para la ejecución y desarrollo de las acciones del plan.

  5. Relación de proyectos y acciones de carácter sectorial que han de llevarse a cabo para lograr los objetivos del plan, así como las relaciones de complementariedad entre ellas.

  6. Criterios y normas a aplicar en el planeamiento urbanístico municipal en virtud de la problemática específica que el plan pretende resolver.

  7. Determinación expresa de las vinculaciones con los planes de acción territorial de carácter sectorial que incidan en el mismo ámbito territorial.

  8. Localización de las actuaciones territoriales de carácter supramunicipal.

  9. Análisis económico y financiero de las actuaciones previstas.

  10. Establecimiento de prioridades y programación temporal de las actuaciones del plan.

  11. Cualquier otro concepto que, de acuerdo con la naturaleza y características del plan de acción territorial de que se trate, resulte necesaria su inclusión.

  12. Criterios de revisión.

Artículo 19.

Los planes de acción territorial de carácter sectorial contendrán los documentos siguientes:

  1. Memoria, en la que se incluirá el análisis, diagnóstico, objetivos, criterios y medidas de actuación, vinculación con otros planeamientos, proyectos y acciones a realizar.

  2. Programa, que deberá comprender el coste estimado de las actuaciones previstas y el orden de prioridad establecido para su ejecución, así como el plazo previsto para llevar a cabo la misma, y ello en función de los condicionantes técnicos y económicos.

  3. Normas de actuación y, en su caso, de protección.

  4. Documentación gráfica, incluyendo planes de información y de ordenación.

  5. Cualquier otro concepto que, de acuerdo con la naturaleza y características del plan de acción territorial de que se trate, resulte necesaria su inclusión.

Artículo 20.

Los planes de acción territorial de carácter integrado contendrán los siguientes documentos:

  1. Memoria, en la que se incluirá el análisis socioeconómico y territorial, diagnostico, problemática específica, objetivos, criterios y medidas de actuación, vinculación con el planeamiento sectorial y, en su caso, relación de proyectos y acciones a realizar.

  2. Estudio económico-financiero.

  3. Programa.

  4. Normas de actuación.

  5. Documentación gráfica de información y ordenación en función de las propuestas específicas del plan.

  6. Cualquier otro concepto que, de acuerdo con la naturaleza y características del plan de acción territorial de que se trate, resulte necesaria su inclusión.

SECCIÓN IV. PROGRAMA DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO.

Artículo 21.

El programa de ordenación del territorio es un instrumento de coordinación que define los criterios, acciones y proyectos de interés territorial de la Comunidad Valenciana para un período máximo de cuatro años.

Artículo 22.

Las determinaciones del programa de ordenación del territorio se incorporarán a los programas económicos valencianos.

Artículo 23.

Son funciones del programa de ordenación del territorio las siguientes:

  1. Integrar los objetivos de la ordenación del territorio con la programación económica de la Comunidad Valenciana.

  2. Definir la programación de inversiones de interés territorial.

  3. Establecer las acciones para el tratamiento de los desequilibrios territoriales.

  4. Establecer las acciones para la protección del medio físico y gestión de los recursos naturales.

  5. Hacer compatibles las necesidades de inversión de los planes de acción territorial y del planeamiento urbanístico con el programa económico valenciano.

  6. Servir de marco de orientación obligado para la elaboración de los presupuestos anuales de la generalidad.

Artículo 24.

El programa de ordenación del territorio tendrá el siguiente contenido:

  1. Diagnóstico de la situación actual, tendencias y efectos de las medidas de acción territorial existentes.

  2. Determinación de los principales estrangulamientos y potencialidades de carácter territorial para el desarrollo económico de la Comunidad Valenciana, en el período que se establece en el programa.

  3. Determinación de las áreas de la Comunidad Valenciana que por su especial problemática necesiten la elaboración de planes de acción territorial integrados.

  4. Definición de proyectos de interés territorial para las inversiones de ámbito comunitario.

  5. Establecimiento de los criterios y prioridades de asignación territorial para las inversiones de la generalidad.

  6. Valoración indicativa de los proyectos de inversión programados, indicando los organismos competentes que deben gestionarlos, en su caso.

Artículo 25.

El programa de ordenación del territorio contendrá los documentos escritos y gráficos necesarios para reflejar el contenido señalado en el artículo anterior.

Artículo 26.

Las previsiones del programa de ordenación del territorio tendrán carácter vinculante para la Administración pública de la Comunidad Valenciana.

Artículo 27. Artículo derogado por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Valenciana.

SECCIÓN V. LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN.

Artículo 28.

Los proyectos de ejecución se referirán a actuaciones territoriales o actuaciones concretas y se ajustarán, en cada caso, a las condiciones técnicas adecuadas al cumplimiento de los objetivos del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana o de la planificación derivada que desarrollen.

Artículo 29.

No podrán contravenir las determinaciones de los planes de rango superior, aunque podrán introducirse modificaciones no sustanciales para adecuarse a la fisonomía del territorio, a las normas urbanísticas de los planes generales municipales de ordenación, normas subsidiarias del planeamiento o proyectos de delimitación del suelo urbano, todos ellos de carácter municipal.

Artículo 30.

Los proyectos de excepcional entidad tendentes a cubrir necesidades de interés general, que ejecuten los planes previstos en la presente Ley y se contengan en los de obras y servicios de las distintas administraciones públicas, podrán contener cláusula de excepción respecto de la normativa urbanística aplicable.

Artículo 31.

Se considera cláusula de excepción a la aprobación de los proyectos a que se refiere el artículo anterior cuando estos excedan en la ocupación del suelo o del volumen edificable.

Artículo 32.

La cláusula de excepción se otorgará por el Consejo de la Generalidad, previa audiencia de los Ayuntamientos afectados, después que estos la hubiesen expuesto a información pública durante el plazo de un mes; de las Diputaciones Provinciales y de las Comisiones territoriales de urbanismo en cuyo ámbito territorial se plantee el proyecto.

Artículo 33.

En ningún caso se otorgará la cláusula de excepción en detrimento de las previsiones contenidas en los planes de ordenación urbana para zonas verdes o espacios libres, con afección a las condiciones medio ambientales, o cuando existiera notoria gravosidad para edificaciones circundantes.

CAPÍTULO III.
FORMACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PLANES.

SECCIÓN I. PARTICIPACIÓN Y ACTOS PREPARATORIOS.

Artículo 34.

Las Administraciones públicas, instituciones, entidades y personas físicas y jurídicas deberán prestar su concurso a la redacción del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana facilitando todos los documentos, planes y programas que puedan ser tenidos en consideración como una información de base o para la ordenación el territorio.

Asimismo las Administraciones públicas y demás entidades a que hace referencia el apartado anterior podrán presentar sugerencias o anteproyectos orientativos para la elaboración de los instrumentos de ordenación del territorio previstos en la presente Ley.

Artículo 35.

La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá solicitar cuantos documentos, planes y programas puedan ser tomados en consideración para la información u ordenación del territorio.

Artículo 36.

Las Administraciones públicas y demás entidades a que se refiere el artículo 34 podrán presentar sugerencias o anteproyectos sobre criterios previamente previstos en la presente Ley.

SECCIÓN II. COMPETENCIAS.

Artículo 37.

La competencia para redactar el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, con informe de la Agencia del Medio Ambiente.

Artículo 38. Artículo derogado por la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Valenciana.

Artículo 39.

Los programas de ordenación del territorio se redactarán por la Consejería de Economía y Hacienda de acuerdo con la jerarquización y etapas que se establezcan en los planes de acción territorial.

Artículo 40.

La redacción de los proyectos de ejecución corresponderá a las distintas Administraciones públicas y a las instituciones, entidades y personas físicas y jurídicas que vengan obligadas a su ejecución.

Artículo 41.

1. Cuando concurran razones de urgencia, basándose en la utilidad pública o el interés social, el Presidente de la Generalidad, a instancia del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, podrá requerir al órgano competente para que redacte o ejecute los planes de acción territorial en el plazo que por el mismo se señale, teniendo en cuenta las causas concurrentes o determinantes de la dilación.

2. Transcurrido este plazo sin dar cumplimiento al requerimiento, el Consejo de la Generalidad, mediante Decreto, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, podrá subrogarse en la competencia dejada, asignando la misma a la Consejería correspondiente.

Artículo 42.

Corresponde al Consejo de la Generalidad la aprobación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana mediante Decreto, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo conocimiento de las Cortes Valencianas, y la cláusula de excepción de los proyectos de ejecución.

Artículo 43.

La aprobación de los planes de acción territorial corresponde al Consejo de la Generalidad.

Artículo 44.

El programa de ordenación del territorio se aprobará por el Consejo de la Generalidad y será incluido en el programa económico valenciano.

Artículo 45.

Los proyectos que redacten instituciones, entidades, organismos y personas jurídicas y físicas, no pertenecientes a la Administración pública, serán aprobados por la Administración en razón de la materia, salvo que se solicite la cláusula de excepción.

SECCIÓN III. PROCEDIMIENTO.

Artículo 46.

1. El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, una vez culminado el proceso de información territorial, fijará los criterios objetivos y propuestas que considere oportunos, sometiéndolos a información pública, para que en el plazo de dos meses puedan presentarse sugerencias.

2. Terminado el proceso de información pública, el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes procederá a la aprobación inicial del POTCV, remitiéndolo, de acuerdo con el artículo 42 de la presente Ley, a las Cortes Valencianas para su conocimiento y debate, así como para, en su caso, presentación y votación de las correspondientes propuestas de resolución.

Artículo 47.

Transcurrido este plazo, se abrirá nuevo período de información pública, reservada a la Administración autonómica, provincial, municipal y estatal por el plazo de dos meses.

Artículo 48.

La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes informará las alegaciones presentadas, en el plazo máximo de tres meses, y transcurrido este plazo podrá adoptar los siguientes acuerdos:

  1. Modificar el contenido del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  2. Elevarlo al Consejo con propuesta de aprobación.

Artículo 49.

Si las modificaciones que introdujeran fueran sustanciales, se abrirá un nuevo período de información pública, que en ningún caso será inferior a un mes.

Artículo 50.

Transcurrido este plazo, el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes elevará al Consejo de la Generalidad propuesta de aprobación definitiva.

Artículo 51.

El Consejo de la Generalidad, a la vista de la propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, adoptará uno de los siguientes acuerdos:

  1. Aprobar el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

  2. Suspender su aprobación, cuando se considere oportuno introducir modificaciones no sustanciales, fijando el término de la corrección.

  3. Aprobarlo definitivamente condicionado a las rectificaciones o modificaciones no sustanciales, o subsanación de errores materiales o de hecho.

  4. Denegar la aprobación definitiva.

Artículo 52.

Contra el acuerdo del Consejo podrá interponerse recurso de reposición con carácter previo al contencioso-administrativo, en los términos y plazos que prevé la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 53.

El acuerdo del Consejo será publicado en el Boletín Oficial del Estado, Diario Oficial de la Generalidad Valenciana, Boletín Oficial de las provincias de Alicante, Castellón y Valencia y en dos diarios de los de mayor difusión en cada provincia y a nivel estatal.

Artículo 54.

Los planes de acción territorial de carácter sectorial se tramitarán por las distintas Administraciones públicas y serán aprobados por el Consejo de la Generalidad, previa audiencia de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, conforme al trámite previsto en las disposiciones legales aplicables por razón de su naturaleza.

Artículo 55.

La elaboración y aprobación de los planes de acción territorial de carácter integrado se ajustará al siguiente procedimiento:

  1. Corresponde a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o al Consejo de la Generalidad, a propuesta de una o varias Consejerías, acordar la formulación de un plan de acción territorial de carácter integrado.

  2. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará un documento de avance en el que se exponga la problemática específica que trata de resolver el plan, los objetivos y ámbito territorial del mismo, los criterios de actuación y el plazo de ejecución previsto, sometiéndolo a información de los municipios afectados y organismos interesados y la Comisión Territorial de Urbanismo, quienes deberán evacuarlo en el plazo de un mes.

  3. La Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el plan en el plazo máximo de ocho meses desde la recepción de los informes indicados en el punto 2.

  4. El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, previo informe de la Comisión Territorial de Urbanismo aprobará inicialmente el plan en el plazo de tres meses desde la redacción y lo someterá a información pública por dos meses durante los cuales se dará audiencia a las corporaciones locales afectadas.

  5. Una vez informadas las alegaciones presentadas al documento inicial, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes redactará el documento definitivo del plan que deberá ser propuesto por el Consejero al Consejo para su aprobación definitiva.

Si como consecuencia de las alegaciones presentadas la versión definitiva del plan supusiera modificaciones sustanciales respecto a la propuesta aprobada inicialmente, se requerirá un nuevo período de exposición pública por un mes antes de la aprobación definitiva.

SECCIÓN IV. VIGENCIA, REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PLANES.

Artículo 56.

El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y los planes de acción territorial tendrán vigencia indefinida, salvo que el cumplimiento de estos últimos estuviera sujeto a término.

La vigencia del programa de ordenación del territorio se ajustará, en todo caso, a la del correspondiente programa económico valenciano.

Artículo 57.

La actualización o revisión del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y de los planes de acción territorial podrán llevarse a cabo de oficio por el Consejo de la Generalidad, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes o de las distintas Consejerías, oída la de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y/o a instancia de otras Administraciones públicas, cuando concurriera alguna de las circunstancias siguientes, que no puedan paliarse por otros medios.

  1. Imposiciones derivadas de la legislación general.

  2. Catástrofes naturales.

  3. Por descubrimiento de materias o elementos que impliquen riqueza natural y sean susceptibles de protección natural o ambiental o de explotación económica.

  4. Por transformaciones socioeconómicas especialmente referidas a sistemas de producción.

  5. Por notoria alteración de los recursos económicos.

  6. Por cumplirse doce años desde la aprobación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.

Artículo 58.

La modificación del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y de los planes de acción territorial estará sujeta a los mismos tramites que los de su aprobación.

Artículo 59.

La modificación de los proyectos de ejecución que se deban llevar a cabo para la adaptación a las condiciones del territorio, así como la ejecución material de las obras, estarán sujetos al informe favorable de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes y de la Agencia del Medio Ambiente.

SECCIÓN V. EFECTOS DE LA APROBACIÓN DE LOS PLANES.

Artículo 60.

Los planes serán públicos en todas sus determinaciones y cualquier persona podrá informarse de su contenido en los Ayuntamientos afectados o en la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.

Artículo 61.

La información que se facilite sobre su contenido deberá ser evacuada por la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, a costa del peticionario, en el plazo de dos meses.

Artículo 62.

Los planes generales municipales de ordenación urbana tendrán en cuenta las determinaciones del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y de los planes de acción territorial, en su caso, estableciendo la debida coherencia en las previsiones relativas a su desarrollo.

CAPÍTULO IV.
RÉGIMEN DEL SUELO.

SECCIÓN I. DEL PATRIMONIO RURAL DEL SUELO.

Artículo 63.

El patrimonio rural del suelo se compone del espacio físico que debe detraerse de la acción urbanizadora, con sus elementos y accidentes geográficos, las masas vegetales, plantaciones de interés comunitario, conjuntos de yacimientos arqueológicos e históricos, mineralógicos y de hidrocarburos, y espacios naturales, merecedores de protección o conservación.

SECCIÓN II. DEL MEDIO AMBIENTE RURAL.

Artículo 64.

Las áreas, elementos o hitos naturales determinantes del paisaje de la Comunidad Valenciana deberán señalarse en su emplazamiento, estableciendo las medidas cautelares o correctoras para su protección, recuperación o regeneración, sin perjuicio de las particulares que cada municipio deba conservar.

Artículo 65.

El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana señalará aquellas áreas de excepcional valor paisajístico, ecológico, medioambiental que deban ser preservadas de la acción urbanizadora.

Artículo 66.

No se permitirá ninguna actuación que menoscabe las características particulares de las zonas húmedas ni la extracción masiva de elementos minerales que contengan, todo ello al amparo de lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Artículo 67.

La explotación de los recursos económicos que contengan las zonas húmedas se llevará a cabo con las garantías necesarias de permanencia de las características naturales de la marjal.

Artículo 68.

1. Todos los cauces públicos y privados deberán mantenerse expeditos.

No se autorizará su aterramiento o reducción sin que exista un proyecto debidamente aprobado por el órgano competente que plantee solución alternativa que garantice el discurso normal de las aguas.

2. Cuando se plantee acción alternativa que modifique o suprima cauces públicos no se aprobará definitivamente el proyecto hasta la desafección del terreno público.

Artículo 69.

Se prohíbe toda edificación sobre terrenos provenientes de cauces y hasta veinte metros de su arista exterior.

Artículo 70.

Las plantaciones que se lleven a cabo en los mismos serán de escasa entidad y en ningún caso se autorizarán cultivos arbóreos, o de otra naturaleza que impida el curso de las aguas, hasta el límite de sus riberas.

SECCIÓN III. DEL PAISAJE.

Artículo 71.

El paisaje de la Comunidad Valenciana se constituye por los accidentes geográficos, perfiles del litoral, zonas boscosas y plantaciones arbóreas singulares, hitos naturales y demás elementos específicos que determinan la fisonomía territorial.

Artículo 72.

El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana señalará aquellos espacios o elementos naturales susceptibles de algún tipo de protección, recuperación o regeneración, los cuales serán objeto de señalización e inventario conforme a lo dispuesto en la Ley de parajes naturales de la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de establecer las medidas tendentes a la protección de otros comprendidos en el artículo anterior.

Artículo 73.

Los planes generales de ordenación urbana municipal podrán ampliar la protección a aquellas áreas o elementos naturales determinantes del paisaje municipal.

Artículo 74.

Cuando existan bienes susceptibles de aprovechamiento, las Consejerías correspondientes por razón de la naturaleza del bien económico, las Comisiones Territoriales de Urbanismo, las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos establecerán las limitaciones de la explotación.

Artículo 75.

El plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, los planes de acción territorial y los planes generales de ordenación urbana municipal podrán delimitar áreas limítrofes o circundantes a los espacios a proteger estableciendo medidas restrictivas respecto del uso del suelo y de la edificación.

SECCIÓN IV. DE LA PROTECCIÓN DEL SUELO.

Artículo 76.

El análisis del suelo conllevará las recomendaciones de su uso y las medidas para su regeneración natural o asistida.

Artículo 77.

Se tendera a obtener la máxima rentabilidad de las tierras fértiles, impidiendo sobre ellas nuevos asentamientos urbanos o su expansión injustificada, fomentando la urbanización en tierras de escasa productividad ubicadas en áreas preferentemente próximas a redes de comunicación.

Artículo 78.

No se permitirá ninguna actuación aislada ajena a la naturaleza y destino de las fincas agrícolas de alta productividad.

Artículo 79.

Las recomendaciones de usos del territorio se tomarán en consideración al establecer la política de desarrollo agrario de la Comunidad Valenciana y las medidas económicas en el caso de catástrofes.

Artículo 80.

No se propiciarán incentivos ni ayudas para actividades agropecuarias que no guarden relación con la capacidad de usos del territorio.

SECCIÓN V. DE LOS RECURSOS HIDRÁULICOS.

Artículo 81.

La Administración establecerá las medidas procedentes en orden a asegurar las condiciones de potabilidad del agua destinada al consumo humano.

Artículo 82.

La planificación hidrológica de la Generalidad establecerá los niveles máximos y mínimos de distribución poblacional en función de la disponibilidad real o potencial de recursos hidráulicos.

Artículo 83.

La Generalidad, a través de los instrumentos de planificación hidrológica, asignará los recursos hidráulicos disponibles a las necesidades planteadas disponiendo los mecanismos necesarios para la mejor gestión y administración de dichos recursos, teniendo en cuenta el carácter de recurso escaso que tiene el agua en la Comunidad Valenciana y en orden a conseguir las óptimas condiciones de potabilidad para el consumo humano.

Artículo 84.

1. En ningún caso se permitirá el crecimiento poblacional exógeno cuando exista insuficiencia de agua potable, si el incremento extraordinario del suministro implica menoscabar el abastecimiento mínimo necesario a poblaciones con crecimiento normal.

2. Los planes generales de ordenación urbana establecerán las limitaciones precisas a la clasificación del suelo cuando se carezca, por cualquier razón, de suministro de los recursos hídricos mínimos necesarios con garantía de potabilidad.

Artículo 85.

1. Las aguas no potables, susceptibles de aprovechamiento agrícola o industrial, serán canalizadas mediante redes de distribución independientes, en las que, en función del uso previsto, podrán integrarse las recicladas del consumo humano.

2. El carácter de estas redes podrá ser municipal, provincial o comarcal y las administraciones públicas correspondientes establecerán las medidas de gestión por cualquiera de los medios que permita la legislación.

SECCIÓN VI. DE LOS VERTIDOS Y DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS.

Artículo 86.

No podrán realizarse vertidos susceptibles de contaminar los recursos hidráulicos que vayan a destinarse al abastecimiento humano según las normas establecidas por las autoridades sanitarias.

Artículo 87.

Las determinaciones o criterios para la realización de actividades y la normativa ambiental contenida en la planificación urbanística y territorial se establecerán de forma que se eliminen el impacto ambiental de los vertidos y los sistemas de saneamiento y depuración, tanto para actuaciones continentales y atmosféricas como para aquellas que afecten al litoral.

Artículo 88.

La planificación territorial y urbanística tendrá en cuenta las exigencias planteadas por la gestión integrada del suministro, saneamiento y depuración de aguas, favoreciendo a través de la distribución espacial de actividades, servicios o infraestructuras y, en su caso, de la determinación de unidades territoriales, la creación y el funcionamiento de instrumentos de coordinación interadministrativa, o gestión unitaria, que permitan maximizar la rentabilidad social y económica de las inversiones.

SECCIÓN VII. DE LOS EQUIPAMIENTOS SUPRAMUNICIPALES.

Artículo 89.

Los equipamientos supramunicipales se ubicarán en las zonas previstas en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y en las que a tal efecto se prevean planes de acción territorial.

Artículo 90.

A efectos de su implantación se tomarán en consideración las necesidades de cada municipio, comarcas, o las de un área territorial y el medio físico en que se desarrollan, para garantizar la rentabilidad socioeconómica de las inversiones.

Artículo 91.

Serán prioritarios los que tiendan a cubrir necesidades existentes, programándose las pautas de acción para atender a las previsibles.

SECCIÓN VIII. DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

Artículo 92.

Las infraestructuras supramunicipales se desarrollarán conforme a programas de inversión, de tal forma que se coordine la ejecución de las principales con las derivadas.

Artículo 93.

En su ejecución se tendrán en cuenta las previsiones contenidas en los planes urbanísticos para la adopción de criterios coordinados.

Artículo 94.

Los Ayuntamientos clasificarán el suelo tendiendo a obtener la máxima rentabilidad pública de las infraestructuras existentes o previstas.

CAPÍTULO V.
RÉGIMEN DISCIPLINARIO.

SECCIÓN I. DE LAS FALTAS.

Artículo 95.

Sin perjuicio de las responsabilidades que procedieren en aplicación de disposiciones legales que, por su contenido urbanístico o medioambiental, incidan en el uso y destino del territorio, será sancionable toda acción u omisión que contravenga o menoscabe los efectos de esta Ley.

Artículo 96.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo anterior, las contravenciones de lo dispuesto en el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana y los planes aprobados en desarrollo del mismo serán consideradas como faltas leves, graves o muy graves.

Artículo 97.

Son faltas leves las contravenciones efectuadas sin malicia del infractor que afecten de forma no sustancial al uso del suelo y que puedan ser subsanadas en los proyectos de ejecución.

Artículo 98.

Son faltas graves los actos u omisiones que provoquen deterioro de la naturaleza del suelo, o destrucción de elementos de cualquier naturaleza que el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana declare protegidos, o incidan sustancialmente en las determinaciones contenidas en el mismo o en planes y proyectos de ejecución aprobados en desarrollo del mismo.

Artículo 99.

Son faltas muy graves las que provoquen destrucción irreparable del medio físico o de los elementos de cualquier naturaleza que el plan de ordenación de la Comunidad Valenciana declare protegidos, e inviabilicen el cumplimiento de los fines de esta Ley, o de los instrumentos de planificación aprobados para su desarrollo.

Artículo 100.

Las faltas que sean calificadas como leves serán sancionadas con multas de 50.000 a 1.000.000 de pesetas.

Artículo 101.

Las faltas graves serán sancionadas con multas desde 1.000.000 a 50.000.000 de pesetas.

Artículo 102.

Las faltas muy graves serán sancionadas con multas desde 50.000.000 a 250.000.000 de pesetas.

Artículo 103.

La resolución sancionadora llevará aparejada, en todo caso, la imposición al infractor de la obligación de reparación del daño causado y restitución de la situación anterior a la comisión de la infracción o, en su defecto, la valoración económica de dichas obligaciones que serán, en todo caso, de cuenta del infractor.

Artículo 104.

Podrá considerarse como causa eximente de la responsabilidad, la acción llevada a cabo en circunstancias extraordinarias por razón de riesgo catastrófico, cuando el análisis de los hechos demuestre buena fe y proporcionalidad entre las medidas precautorias adoptadas y el riesgo previsible, sin perjuicio de la obligación de reponer la situación anterior.

Artículo 105.

Se consideran circunstancias atenuantes:

  1. El actuar en evitación de perjuicio o riesgos catastróficos, cuando no exista proporcionalidad entre las medidas adoptadas y el riesgo previsible.

  2. La falta de intencionalidad en la ocasión del daño.

  3. El haber procedido a reparar o disminuir el daño causado antes de la iniciación de la actuación sancionadora.

Artículo 106.

Se considerarán circunstancias agravantes:

  1. La reincidencia.

  2. El fraude documental que propiciare el otorgamiento de licencia u orden de ejecución.

  3. El abuso de confianza.

  4. La violencia o coacción sobre funcionarios o autoridades públicas, por cualquier medio, incluido el soborno.

  5. El desacato a las autoridades.

  6. Que el agente tenga la condición de cargo público, sea funcionario de la administración pública o preste servicios en la misma por cualquier vinculo de naturaleza contractual.

  7. La repercusión del acto u omisión en elementos o espacios territoriales que resultaren perjudicados por la acción u omisión.

  8. El conocimiento técnico de los pormenores de la actuación, de acuerdo con la profesión o actividad habitual del culpable.

Artículo 107.

Cuando no concurra en la comisión de la falta circunstancias agravantes ni atenuantes se impondrá la sanción en su grado mínimo.

Igualmente se procederá cuando concurra una sola circunstancia atenuante.

Artículo 108.

Cuando concurra una sola circunstancia agravante se impondrá la sanción en su grado medio.

Igualmente se procederá cuando el número de circunstancias agravantes y atenuantes sea idéntico, y si este no lo fuese, se analizará la naturaleza de los concurrentes, graduando la sanción al efecto social de los mismos.

Artículo 109.

Cuando concurrieran todas las circunstancias atenuantes se podrá rebajar la multa hasta un 25 por 1000 de la cuantía mínima.

Artículo 110.

Cuando concurran todas las circunstancias agravantes se impondrá la sanción correspondiente a la falta en su grado máximo.

SECCIÓN II. REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES.

Artículo 111.

Las multas y órdenes de ejecución que se impongan a los distintos sujetos por una misma infracción tendrán carácter independiente.

Artículo 112.

1. Cuando el expediente sancionador se instruyera por dos o más faltas tipificadas entre las que exista relación de causa-efecto, se impondrá una sola multa que será la correspondiente a la acción u omisión que suponga el resultado final perseguido, en su cuantía máxima.

2. Las órdenes de ejecución tendentes a reponer la situación a su estado inicial versarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, sobre las distintas acciones u omisiones sancionables.

Artículo 113.

1. Finalizado el plazo que fije la resolución del expediente para iniciar la reparación del daño causado, el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá acordar un nuevo plazo en razón de las circunstancias concurrentes y alegadas por los inculpados, o proceder a la ejecución subsidiaria de las mismas, resarciendo a la Administración pública del coste del gasto efectuado a costa de los infractores.

2. Cuando las obras no se hubieren concluido en el plazo otorgado al efecto, el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes procederá conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de este artículo.

SECCIÓN III. DE LOS RESPONSABLES.

Artículo 114.

Podrán ser sancionados como autores de faltas tipificadas en los artículos 97, 98 y 99 de la presente Ley las personas físicas y jurídicas que en su condición de propietario, promotor, empresario de la obra o técnicos encargados de dirigir su ejecución hubieran participado en calidad de tales en el acto u omisión punible.

Artículo 115.

Las personas jurídicas responderán de las infracciones cometidas por sus órganos y agentes, asumiendo el coste de las sanciones y el derivado de las medidas procedentes a la reposición del orden territorial.

Artículo 116.

Cuando la falta se cometiere al amparo de una licencia u orden de ejecución, serán responsables las personas que en su condición de técnicos o funcionarios hubieren informado favorablemente los expedientes. La responsabilidad de los cargos públicos se exigirá de acuerdo a la legislación específica.

Artículo 117.

Los Alcaldes que tuvieren conocimiento del otorgamiento de una licencia u orden de ejecución que contraviniese la legalidad en materia de ordenación del territorio, deberán instar la declaración de nulidad o declarar la lesividad de su propio acto, conforme a lo dispuesto en Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 118.

Cuando el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes tuviere conocimiento del otorgamiento de una licencia u orden de ejecución que infringiere la presente Ley o los planes y proyectos aprobados para su desarrollo, lo pondrá en conocimiento del alcalde para que en el plazo de un mes proceda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior; transcurrido este plazo sin que el requerimiento fuere atendido, procederá a través del órgano competente, conforme a lo dispuesto en el artículo 65 de la Ley de bases de Régimen Local.

Artículo 119.

La sanción administrativa se impondrá, en cualquier caso, sin perjuicio de las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios a terceros, dejando expedita en todo momento la vía civil y penal para la interposición de otras demandas que no quedaría condicionada, en ningún caso, a la resolución del expediente disciplinario.

SECCIÓN IV. DE LA COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA.

Artículo 120.

Será pública la acción para exigir ante los órganos competentes de la Administración pública la observancia de la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y del contenido de los planes que traigan causa en la misma.

Artículo 121.

La competencia en materia disciplinaria corresponde a los Alcaldes y al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, que actuarán de oficio o a instancia de parte.

Artículo 122.

1. Los Alcaldes que adviertan indicios de responsabilidad podrán decretar la suspensión cautelar de las obras o actividades, iniciando un período de información para esclarecimiento de los hechos y señalamiento de las personas responsables.

2. Terminado el período de información, el Alcalde remitirá, en el plazo de un mes, lo actuado al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes con informe del ayuntamiento referido a la procedencia de iniciar expediente disciplinario, si permaneciesen indicios objetivos de responsabilidad o, en su caso, archivar las actuaciones.

3. A la vista del expediente, y de cuantas pruebas o comprobaciones considere necesarias, el Consejero resolverá.

Artículo 123.

El Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes podrá ordenar la suspensión de obras o actividades, procediendo conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo anterior, acordando al término de la información, el archivo de las actuaciones o la incoación del expediente disciplinario, en el plazo de un mes.

Artículo 124.

La incoación de expediente disciplinario será ordenada por el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, mediante providencia en la que se designará instructor y secretario de actuaciones de cuyo nombramiento se dará traslado a los interesados.

Artículo 125.

1. El instructor estará en todo caso, en posesión del título universitario superior y tendrá la condición de funcionario o relación laboral permanente con la Administración autonómica.

2. Podrá ser designado secretario de actuaciones cualquier funcionario de la Generalidad.

Artículo 126.

El instructor impulsará de oficio el expediente, ordenando cuantas pruebas, practicas e informes periciales resulten procedentes para tipificación de la falta y determinación del grado de responsabilidad.

Artículo 127.

Los trámites del proceso de instrucción se ajustarán al procedimiento general establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, una vez informadas las alegaciones que se formulen a la propuesta de resolución, se llevará lo actuado al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes para su resolución.

Artículo 128.

Contra las resoluciones recaídas por la comisión de faltas muy graves podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo de la Generalidad.

Artículo 129.

Contra las resoluciones recaídas por la comisión de faltas leves y graves podrá interponerse recurso de reposición, con carácter previo al contencioso-administrativo.

Artículo 130.

Serán de aplicación subsidiaria, los preceptos contenidos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común a cuantos extremos no estén regulados específicamente en esta Ley y resulten de aplicación al régimen disciplinario.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. Los planes generales y demás documentos urbanísticos aprobados definitivamente serán modificados o revisados en cuantos extremos contradigan el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana en el plazo de dos años.

Segunda. Antes del transcurso de tres años, desde la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo presentará ante las Cortes Valencianas el plan de ordenación territorial de la Comunidad Valenciana.

Tercera. En tanto no este aprobado el plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, el Consejo de la Generalidad podrá impulsar y aprobar planes de acción territorial, de carácter sectorial o integrado siempre que los objetivos de dichos planes se adecuen a los objetivos de esta Ley.

Cuarta. Los planes y proyectos de las Administraciones públicas que se encuentren en tramitación, que puedan afectar a los objetivos de la presente Ley o del plan de ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, se adaptarán antes de su aprobación definitiva a las determinaciones que en aquellos se contengan.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

Primera. La intervención de las distintas Administraciones públicas en el plan de ordenación de la Comunidad Valenciana y el procedimiento de su actuación, se ajustará en todo lo previsto en esta Ley a sus propias normas de organización, funcionamiento y competencias.

El Consejo de la Generalidad regulará, mediante decreto, el procedimiento adecuado para la correcta interrelación funcional y administrativa de todas las áreas institucionales, en la formación y control de los instrumentos de ordenación del territorio que la presente Ley crea.

Segunda. Se faculta al Consejo de la Generalidad para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y aplicación de la presente Ley.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a esta Ley en el territorio de la Comunidad Valenciana.

DISPOSICIÓN FINAL.

La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana.

 

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, Tribunales, autoridades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan cumplir esta Ley.

Valencia, 7 de julio de 1989.

 

Joan Lerma i Blasco.
Presidente de la Generalidad.

Notas:
Artículos 12, 27, y 38;
Artículos derogados por la disposición final segunda de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Comunidad Valenciana.

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